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Villaquilambre, León: las últimas horas de un alcalde 'enredado'

Detienen y registran el domicilio de un socio del empresario José Luis Ulibarri por la operación 'Enredadera'

Laura Cornejo

A tan sólo 24 horas de una moción de censura que previsiblemente lo descabalgará de la Alcaldía, el regidor de Villaquilabre (León), Manuel García, ofrecía una rueda de prensa para insistir en su inocencia y rechazar cualquier implicación la trama de amaños de contratos públicos que reventó con la Operación Enredadera el pasado 3 de julio.

En medio de la operación, García, que además de alcalde es diputado autonómico, fue detenido y trasladado a comisaría. Las conversaciones de los principales investigados en la trama le aludían directamente como uno de los políticos dispuestos a arreglar concursos de adjudicación en su Ayuntamiento e incluso mediar en los de otro municipio.

Manolín, como le llaman los cabecillas de Enredadera, insiste en que su detención fue “irregular” y en que no está investigado. Lo irónico es que hizo estas afirmaciones en presencia de quien se presentó como su abogado, Fernando Santocildes, decano del Colegio de Abogados de León, y letrado defensor de otra alcaldesa imputada en la trama: la socialista María Eugenia Gancedo, regidora de San Andrés de Rabanedo.

García no ofreció ni un sólo detetalle de las circunstancias de su detención, de apenas tres horas el pasado 3 de julio, tan sólo quiso dar alguna “pincelada” de “lo que pasó”. “Acudió la UDEF y nos pilló por sorpresa por la magnitud de la operación”, recordó. Sobre él, subraya que el auto judicial de entrada y registro sólo mencionaba su localización, que fue más allá y acabó en comisaría. “Ya me explicarán por qué si su señoría dice una cosa ellos hacen la contraria. Alguien tendrá que dar explicaciones en ese sentido”, advirtió.

El regidor se atrevió a vaticinar el final de la causa judicial: “A mí me parece que esto quedará en agua de borrajas, porque vuelvo a insistir en la desproporcionalidad del asunto, que no hay ninguna base en ese sentido”.

La detención de García es discutible: por su condición de aforado debería haber una orden judicial y esta emanaría directamente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y no del juez instructor de Badalona, en el sumario no aparecen ni una ni otra. Distinto es que se hubiese producido una detención estrictamente policial durante el tiempo que dura un registro.

Tanto García como su abogado remarcaron que no existe imputación. Se basan en que no han recibido una sola notificación del juzgado. Sin embargo, en el auto del juez instructor, fechado el 2 de julio, un día antes de los registros, dice textualmente sobre el registro de sedes municipales de Villaquilambre: “Además, previa localización de los investigados D.Manuel García Martínez, D. Mónica Varón Valle y D. Jesús De Celis De Celis, se autoriza entrar y registrar en los despachos que habitualmente utilicen en dependencias municipales; extendiéndose la autorización al acceso y registro de los dispositivos electrónicos de telecomunicaciones, así como a los archivos informáticos que se contengan en los ordenadores, discos duros, dispositivos de almacenamiento extemo, etc., habitualmente utilizados por D. Manuel García Martínez, D.” Mónica Varón Valle y D. Jesús De Celis De Celis, incluidos aquellos susceptibles de contener comunicaciones postales, electrónicas, telefónicas, etc“. En esa comunicación, el juez se refiere a García como ”investigado“.

Tampoco el fiscal de la causa parece tener dudas de lo que la trama hizo en Villaquilambre ni de quien le sirvió de ayuda. Un escrito del ministerio público fechado el 28 de junio apunta: “En relación al municipio de Villaquilambre no cabe sino afirmar que los indicios hasta la fecha obtenidos acerca del grosero proceder de los investigados resultan sencillamente aplastantes. Así las cosas, los responsables de Gespol, con la ayuda de Ángel Luis García y José Luis Ulibarri, así como también con la de Sadat Maraña y Juan Carlos Fernández -asesor y diputado de Ciudadanos en la Diputación de León, respectivamente- habrían logrado que varias autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Villaquilambre, singularmente el alcalde, Manuel

García Martínez, la concejal Mónica Varón Valle y el informático municipal, Jesús De Celis De Celis, les revelaran sistemáticamente información privilegiada en relación a diversos contratos administrativos, concertándose con ellos al objeto de lograr la irregular adjudicación de varios de esos contratos, todo ello en claro perjuicio del erario público asimismo, visto el modo de proceder de aquellos al impedir la pública concurrencia“.

García aseguró este jueves que se reúne con muchos empresarios porque es “totalmente permeable” pero señaló que “jamás” ha facilitado información. Sobre los registros de ordenadores y discos duros y posibles correos electrónicos intercambiados con la trama, el todavía alcalde se excusó en que “nunca” abre su correo, y que son otras personas quienes lo gestionan.

Si bien judicialmente García no ha recibido ninguna notificación, políticamente ha quedado muy tocado. La moción de censura se desarrollará este viernes a las 12.00. Los resultados son previsibles ya que en los municipios para presentar una moción es necesaria una mayoría del Pleno. La ensalada de grupos de Villaquilambre -según García su Ayuntamiento “parece Naciones Unidas”-  no ha frenado la iniciativa. A favor de ella están el PSOE, con tres concejales; Unión del Pueblo Leonés, con dos; Ahora Villaquilambre-Podemos, con otros dos e Izquierda Unida y UPyD con uno cada uno.

Previsiblemente, votarán en contra los cinco concejales del PP, se abstendrán dos concejalas no adscritas que antes eran de Ciudadanos y no se conoce la intención de un tercer concejal no adscrito que también perteneció a la formación naranja.

Para García la moción está “orquestada por la dirección regional del PSOE” porque “Tudanca [el secretario general] está obsesionado con acabar con el PP de León”. Según él, “hará todo lo posible” y se refirió a Pedro Sánchez: “Pactar con quien haya que pactar, a cualquier precio, incluso con los asesinos, y Villaquilambre no va a ser una excepción”.

García apeló a la responsabilidad, porque según él un cambio de alcalde va a paralizar proyectos, por lo que pidió a los grupos que reconsiderasen su postura. También leyó un whatsapp de apoyo de un supuesto “histórico del Psoe” cuya identidad no desveló, y en el que critica que su partido intente “llegar al poder de malas maneras y con tanto odio”.

Desde el PP de Castilla y León también hubo advertencia cuando se conoció la presentación de la moción de censura, el portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, anunció que si había moción en Villaquilambre, se haría lo propio en el ayuntamiento socialista de San Andrés de Rabanedo.

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