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Vox fuerza un debate en el Congreso para implantar el latido fetal como coacción a las mujeres que quieran abortar

La diputada de Vox Carla Toscano, una de las firmantes de la PNL sobre el aborto.

Aitor Riveiro

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La ultraderecha sigue su campaña contra los derechos reproductivos de las mujeres, con la intención además de hurgar en las públicas contradicciones que el PP ha mostrado históricamente en su relación con el derecho al aborto. Vox ha registrado este martes en el Congreso una proposición no de ley que plantea la derogación de la actual ley del aborto, de 2010 y que acaba de recibir el plácet del Tribunal Constitucional, así como extender a toda España su plan de que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan escuchar “el latido fetal” como parte de la “información” que reciben antes de tomar la decisión definitiva.

La PNL, que será debatida y votada por el Pleno en las próximas semanas, plantea que Vox quiere derogar completamente el derecho al aborto y reinstaurarlo en el Código Penal. Y añade: “Con el fin de asegurar una correcta información a las mujeres embarazadas y de garantizar que la acción de los poderes públicos se orienta a la protección de la maternidad y de la vida desde la concepción hasta la extinción natural y no al fomento del aborto (sic), promover que todas las regiones de España adopten medidas que, ampliando las impulsadas por la Junta de Castilla y León en materia de fomento a la natalidad y el apoyo a las familias, incluyan el ofrecimiento, para las mujeres gestantes que lo soliciten, de (...) la posibilidad de escuchar el latido del feto (...) en el primer trimestre”.

Un planteamiento, el del “latido fetal”, que no es una ocurrencia de Vox, sino que forma parte de una estrategia internacional de grupos ultras en su ofensiva contra los derechos reproductivos de las mujeres. El primer sitio en el que Vox quiso implantarla fue en Castilla y León. Fracasó, pero abrió un debate y, además, mostró las costuras de PP, que rehúye este debate y, cuando la sociedad demuestra en qué posición está, la asume como si siempre hubiera estado a la vanguardia del movimiento.

Esta fue efectivamente la medida que anunció el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo (Voc), que primer ratificó la Consejería de Sanidad (PP) y que finalmente fue descartada por el propio presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

García-Gallardo anunció el pasado mes de enero que se iba a modificar el protocolo sanitario para las embarazadas con atención psicosocial preferente y ecografías 4D para frenar las interrupciones voluntarias del embarazo. Además, planteó la obligación de ofrecer a todas las mujeres escuchar el latido del feto, algo que los psicólogos comparan con un “chantaje”.

En medio de esa tormenta política, el actual PP de Alberto Núñez Feijóo anunció, sin ningún tipo de debate previo, que el partido asume ahora de forma general la ley de 2010, pese a que la habían recurrido con Mariano Rajoy como primer firmante. Las palabras de Feijóo fueron ratificadas por su portavoz, Borja Sémper. Pero el reconocimiento de esa ley terminó pocos días después. Este mismo lunes, presionado por la Iglesia, Vox y el ala ultra del PP, Sémper dijo: “el aborto no es un derecho”.

La ultraderecha busca ahora llevar este debate al Pleno del Congreso, donde el PP deberá posicionarse.

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