Europa nos ha puesto la cara colorada. Es una expresión hecha, por supuesto, porque aquí no se sonroja nadie por casi nada. Esta vez, la Unión Europea nos llama al orden por la falta de accesibilidad del teléfono 112. Un servicio que comúnmente sentimos próximo. Es un asidero en momentos críticos, tan cercano a la ciudadanía, pero que está lejos de las personas sordas, que, hoy por hoy, tienen grandes problemas para usarlo con autonomía
Le pongo en situación. Imagínese que usted es sordo y que se queda encerrado en un ascensor. No puede usar el botón de emergencia para alertar de su situación. Puede pulsarlo, pero no oirá la voz que comunica desde la central y que le preguntará cuál es el problema que tiene.
Plan B. Lleva un teléfono móvil, podría llamar al 112 para comunicar que se ha quedado encerrado en el ascensor. Pero para eso el 112 tendría que ser accesible. En todas las comunidades, veinticuatro horas siete días a la semana.
Por cierto, como ha tocado el timbre de alarma, hay vecinos que desde fuera le están preguntando qué le ocurre, pero como usted no le oye, permanece en silencio. Tal vez dando golpes en la puerta para que alguien le oiga. Fuera, el vecino se deja las cuerdas vocales insistiéndole: “Ya hemos avisado al ascensorista!” Pero usted no lo sabe, claro.
Veintidós años (¡veintidós!) después de la puesta en marcha del 112, el servicio sigue sin brindar una asistencia a las personas con discapacidad auditiva, equivalente al de la población sin discapacidad.
Alemania, Croacia, Chequia y Grecia, tampoco están ofreciendo esta asistencia a las personas sordas a través del 112. Parece que hay un problema estructural de accesibilidad. Cada región ha ido implementando distintas soluciones, parciales y dispares.
El 112 se implantó en nuestro país en 1997. Se rige por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, pero cada comunidad autónoma presta este servicio a su manera. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, no implantó la asistencia a las personas sordas hasta 2007. Y fue la primera en hacerlo de forma informatizada. La persona sorda tenía que registrarse previamente en el servicio para que pudieran atenderla via SMS (hasta entonces tenían que usar el fax para comunicar cualquier emergencia).
Desde entonces hasta ahora, los smartphones y la tecnología, en general, han dado un salto de gigante que no se ha traducido en una solución definitiva y total para que las personas sordas usen el 112 como una más. Resulta insólito que, a día de hoy, todo el servicio 112 no disponga a nivel global, en toda Europa, de una estructura plenamente accesible para todos los ciudadanos europeos que no pueden oír. Parece que ya se trabaja en un sistema que dará cobertura a toda España, pero, hasta que llegue y sea una realidad, lo que tenemos es ese expediente de infracción de Bruselas.
La diversidad de protocolos –ay, los protocolos– deja sin asistencia a los ciudadanos sordos cuando se desplazan de su lugar de residencia habitual a otra comunidad autónoma –o a otro país–. Y sin accesibilidad, les recuerdo, no hay inclusión. Hay discriminación.
Europa nos ha abierto un expediente de infracción. ¿Es necesario que nos multen para adaptar el servicio, por fin? ¿Cuándo se dejará de adaptar y se concebirán los servicios universalmente accesibles?
¿Qué tiene que ocurrir para que se cumplan las leyes? ¿Tendremos que esperar una desgracia personal y luego lamentar las consecuencias? ¿Por qué las personas con discapacidad sistemáticamente somos excluidas de las cuestiones más básicas, habiendo firmado, y ratificado, nuestro país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad allá por 2008? Lo público debería ser ejemplo, además de garantía de inclusión y accesibilidad.
