El Congreso debate el rechazo total a la “ley Celaá” de PP, Vox y Ciudadanos

La reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, con la que quiere derogar la Lomce o ley Wert, llega mañana al Congreso para enfrentarse a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos.

Estos tres grupos parlamentarios consideran que se trata de un proyecto de ley educativa ideológico, que ataca la libertad de las familias, que quita peso a la enseñanza concertada y a la clase de Religión, que no garantiza el castellano o que busca suprimir los centros de Educación Especial en unos años.

El proyecto de la ley orgánica de modificación de la LOE, Lomloe, fue aprobado por segunda vez en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero por el cambio de legislatura y entró en la Cámara Baja en marzo.

Este miércoles llega el momento de debatir las enmiendas a la totalidad del proyecto, a pesar de las recientes declaraciones de la ministra Isabel Celaá sobre que sería un “buen gesto” por parte de Ciudadanos que retirara la enmienda a la totalidad que ha presentado a la Lomloe.

“Estaré en excelente disposición a hablar con Cs y también con el PP”, ha añadido.

El PP cree que la norma se quiere “imponer”, está hecha “de espaldas” a la mitad de la representación parlamentaria y de la sociedad española y respalda la continuidad de la Lomce.

Una evaluación estatal en el Bachillerato que sea vinculante, el castellano como lengua vehicular, un MIR para el profesorado y la defensa de los centros de educación concertada, de educación especial y en el entorno rural son algunas de las propuestas del PP.

Vox cree que la Lomloe no garantiza la libertad ideológica, quita valor académico a la religión, desproteje a la familia, quebranta el principio de unidad de España o acentúa la ausencia del español en las comunidades con lengua cooficial y generará “absentismo, frustración y fracaso escolar”.

Ciudadanos piensa que España necesita un pacto de Estado por la educación, dialogado y consensuado entre todas las fuerzas políticas y profesionales de la sociedad civil y recuerda que, de aprobarse, la ley Celáa sería la octava ley educativa en 40 años.

Enmienda la totalidad del texto, entre otras razones, porque elimina el criterio de demanda social y relega la escuela concertada a un papel de subsidiaria, no garantiza que se pueda educar en español en toda España, quita las competencias de velar por que se cumpla la Constitución a la Alta Inspección Educativa y da esa potestad a los Gobiernos autonómicos, en algunos casos nacionalistas.

La Plataforma de Concertados y la de “Inclusiva sí, Especial también” son de los colectivos más críticos con la norma.