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Excesiva movilidad y preferencia por la economía: así ven los expertos “el confinamiento a medias” decretado en Madrid

Una mujer pasea al lado del metro de Puente de Vallecas, en Madrid (España), a 16 de septiembre de 2020.

Raúl Rejón / Mónica Zas Marcos

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Tras convertirse de nuevo en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en España, la Comunidad de Madrid restringirá la movilidad a 856.000 ciudadanos a partir del próximo lunes. La dimensión de una transmisión que no ha podido controlar obliga a limitar la entrada y salida en las 37 zonas de Madrid, Fuenlabrada, Getafe, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Humanes, Moraleja de Enmedio y Parla con mayor incidencia del virus.

La nueva orden de restricción, sin embargo, contempla una amplia lista de excepciones que, a juicio de los epidemiólogos consultados, resta efectividad al confinamiento perimetral. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha resumido así sus prioridades: “Hay que evitar el estado de alarma y el confinamiento. Hay que evitar el desastre económico a toda costa”. Estos son, para los expertos en Salud Pública, los puntos flacos de la “estrategia serológica” anunciada hoy desde la Real Casa de Correos.

Movilidad

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que “los esfuerzos se centrarán en reducir la movilidad” debido al aumento de casos. Sin embargo, se podrá circular por las zonas señaladas y salir de ellas para acudir al puesto de trabajo, resolver asuntos oficiales o legales, ir al banco, al médico, a clase o alegando “causas de fuerza mayor”, entre otras. “Habría acabado antes si hubiese enumerado las no-excepciones”, critica Milagros García-Barbero, exdirectiva de la OMS.

“No se ha aplicado una reducción de la movilidad. La presidenta está muy empeñada en demostrar que a Madrid llegan casos importados por ser el centro neurálgico del comercio, el turismo y el transporte, pero lo que debería hacer es reducir la movilidad interna y preocuparse menos por la exterior”, declara.

El exdirector general de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, Ildefonso Hernández, también ve muchísimas salvaguardas en la limitación de movimientos de la población. Frenar la movilidad “puede contribuir a frenar la transmisión desde las zonas de más alto riesgo a las de menos. Lo que ocurre es que toda la comunidad está en alto riesgo”, abunda. Además, recuerda que “entre abril y mayo debería haberse elaborado un plan con objetivos, inversión y escenarios con una perspectiva de lo que podría pasar si se sobrepasan ciertos indicadores. Todo esto tendría que haberse tenido ya. Estamos padeciendo la falta de liderazgo”. 

La economía

Díaz Ayuso lo ha dejado claro en su exposición: “Hay que evitar el desastre económico a toda costa”. Una desgracia que ha asociado al “confinamiento y al estado de alarma”. Esta dicotomía entre economía y salud ha salpicado toda la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo madrileño. Tanto Ayuso como su vicepresidente, Ignacio Aguado, esgrimieron todo tipo de argumentos económicos para exigir que la comunidad pudiera avanzar por las fases de la desescalada cuando el Ministerio de Sanidad consideraba que no estaba preparada para controlar los rebrotes.

“El problema es que por salvar la economía se lleva uno la salud por delante”, afirma García-Barbero. En su opinión, la Comunidad de Madrid debería haber tomado medidas más drásticas con los establecimientos, aunque reconoce que son “controvertidas”. “Ha primado la economía sobre la sanidad, los parques no producen ni generan dinero, pero las casas de apuestas, sí”, diferencia la catedrática en Salud Pública.

Veto a los parques

Lo que ha dejado perplejos a los epidemiólogos es la insistencia en cerrar parques y jardines como si fueran un foco de contagios, una medida que también se ha tomado en otras comunidades autónomas. “Alguien tiene que explicar el motivo”, señala Hernández. Tanto ha llamado la atención este cierre, que se aplica a las zonas acotadas mientras los locales cerrados –incluidas las casas de apuestas– pueden mantener su actividad con aforo limitado, que la presidenta Ayuso ha tenido que contestar sobre ella: “En los parques no sabemos si las reuniones pueden ir a más. No sabemos si hay concentraciones vecinales”. Lo cierto es que el virus de la COVID-19 ha demostrado que se propaga especialmente a puerta cerrada, de ahí que se hayan redactado guías específicas para facilitar la ventilación de locales y reducir así la transmisión. 

Falta de control

El vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, ha lanzado un alegato por la libertad durante su intervención, en la que, sin embargo, ha faltado especificar las medidas de control que tomarán para garantizar que este confinamiento perimetral se respeta. Díaz Ayuso, por su parte, ha apelado al Gobierno para pedir recursos para hacerlo. En el escrito de la orden, en cambio, sí se contempla que “las sanciones por el incumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros”.

“Necesitarían casi desplegar al Ejército para controlar que 860.000 personas se muevan por causas de fuerza mayor y con un salvoconducto en la mano”, piensa Milagros García-Barbero. “La realidad es que gran parte de esa población podrá entrar y salir de sus barrios a su antojo, si es que no lo están haciendo ya”, replica la exdirectiva de la OMS.

Reducción de los grupos

La nueva orden incorpora algunas novedades como la reducción de los grupos a seis personas como máximo para todo el territorio y la rebaja de aforos en los negocios de hostelería y locales al 50% en las 37 áreas designadas. Ahí también se ha prohibido el servicio de barra en los bares y se ha establecido un horario máximo hasta las 22.00 horas. “Las medidas son las mismas siempre. El problema es cómo se aplican y con qué contundencia. Ya que Madrid cuenta con casi la mitad de todos los contagios, deberían haber sido un poco más drásticas”, defiende García-Barbero.

Muchas de estas normas ya habían sido adoptadas en Castilla y León, Navarra, Galicia o La Rioja. Para Ildefonso Hernández, “se hace porque ha funcionado en otros sitios, pero está por ver si funcionará en un área metropolitana como Madrid. Lo que no se ve es un plan para paliar la desigualdad social que facilite el cumplimento de las medidas, que no se pueden tomar sin atender a la equidad e igualdad social”.

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