Juana Rivas necesita una decisión judicial extraordinaria para quedarse con sus hijos tras 15 días desaparecida

Tras dos semanas desaparecida, un magistrado ha dictado una orden de detención contra Juana Rivas. Así lo ha requerido el titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Granada después de que lo pidiera este miércoles el abogado de su expareja. Juana lleva ya quince días en paradero desconocido. Al negarse a entregar a sus dos hijos el 26 de julio, se saltó la orden judicial.

Se trata de una ficha más en el embrollo judicial en el que se ha convertido el caso de Juana Rivas. La mujer huyó con sus hijos a la espera de que alguna instancia paralizara la entrega. Intentó que el Tribunal Constitucional la amparara. Pero los magistrados rechazaron el recurso porque aún tiene vías ordinarias abiertas: la Audiencia de Granada debe resolver si su propia sentencia de devolución de menores ha vulnerado derechos fundamentales. Una bala casi a la desesperada, según han contado diversas abogadas a eldiario.es.

Mientras, el juez ha emitido una orden porque la mujer “está siendo investigada por indicios sobre un presunto delito de retención ilícita de menores” (modalidad del delito de sustracción de menores), según el auto judicial.

Tanto ella como los colectivos sociales que han apoyado su lucha se han amparado siempre en que el padre denunciante fue condenado en 2009 por un delito de lesiones para evitar así que Rivas tenga que entregar a los menores.

“Lo acordado civilmente obliga a que los menores sean inmediatamente y sin excusa entregados al padre”, apunta el magistrado en su decisión, aludiendo de esta forma a la sentencia emitida en diciembre del año pasado que solicitaba la “restitución inmediata” de los hijos al domicilio del padre en cumplimiento del Convenio de la Haya.

Después de que Rivas no cumpliese con esta decisión judicial, la defensa del progenitor la denunció por posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y por la posible sustracción de menores. El magistrado había citado este miércoles a las dos partes para declarar ante la apertura de diligencias previas por la vía penal para averiguar si esta mujer ha podido cometer un delito.

Una vez que la mujer no ha acudido a la cita, el magistrado ha tomado la decisión de dictar una orden de detención, aunque no ha aceptado otras medidas cautelares solicitadas por el padre de los niños, que incluían la entrada en prisión de la madre.

Orden emitida a puestos fronterizos

Fuentes judiciales consultadas por eldiario.es aseguran que la orden emitida este jueves se ha enviado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado y a los puestos fronterizos para evitar que Rivas pueda salir del país.

“Se expone a ser condenada a un delito de retención ilícita de menores, que lleva aparejada una pena máxima de cuatro años de cárcel. Además, podrían inhabilitarla durante diez años al ejercicio de la patria potestad”, reseña la letrada Anna Salort, abogada especialista en Derecho de Familia.

Paralelamente a este procedimiento penal, está pendiente la vía civil abierta por la defensa de Rivas. Sus abogados están a la espera de la resolución de un recurso de nulidad de actuaciones presentado en la Audiencia de Granada (diseñado ante posibles vulneraciones de alguno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución) que pide la anulación de la sentencia.

Este tribunal, que ha habilitado el mes de agosto para resolverlo, podría todavía revocar o suspender la decisión judicial que obliga a Rivas a la devolución de los pequeños a Italia. Esta vía legal se pensó para aliviar al Tribunal Constitucional de la gran cantidad de recursos de amparo que le llegaban. Sin embargo, debe resolverlo el mismo tribunal que ha dictado la sentencia contra la que se recurre, no un órgano revisor superior.

“Si se declara nulidad, no tendría que restituir los niños y se resolvería en Italia la custodia de los menores porque en ese país se estableció el último domicilio familiar de los niños”, reseña Salort. Por su parte, la letrada Consuelo Abril, aclara que “el proceso se retrotraería a antes de haber dado esa orden y los menores seguirían estando con su madre”

“No es fácil” que se estime el recurso de Rivas

Ni ellas ni otras letradas consultadas por esta redacción consideran que haya muchas posibilidades de que ese recurso sea aceptado. “No es fácil porque la actuación de ella [la huida], judicialmente, no está amparada. Tiene una resolución en la que debía devolver a los niños. La nulidad de actuaciones es muy difícil, se debe fundamentar muy bien”, incide esta abogada.

El Ministerio Público se ha pronunciado en contra de esa medida. En las alegaciones que ha presentado el fiscal ante la Audiencia, asegura que no ha habido infracción alguna en ningún momento del proceso que haya podido suponer la vulneración de los derechos de los menores. “En principio la finalidad de la Fiscalía es la defensa de los menores. Me llama la atención que no tome medidas de protección hacia la infancia y diga que se cumple la legalidad”, lamenta Abril, abogada especialista en violencia de género y miembro de la plataforma 7N.

Fiscalía contra el recurso

Abril se muestra sorprendida por la postura defendida por la Fiscalía y considera que se están amparado en la “legalidad más escrupulosa” saltándose así el “interés superior de los menores”.

“El Código Civil da la posibilidad de suspender el régimen de visitas a padres violentos, lo que pasa es que es una justicia patriarcal”, incide Abril, que también recuerda que el informe del pacto de Estado contra la violencia machista, aprobado hace unas semanas por la Comisión de Igualdad del Congreso, recoge la suspensión de visitas a los progenitores condenados por malos tratos.

“Es un formato de justicia patriarcal en la que la legalidad está por encima de todo. La legalidad y el Estado de derecho son frases muy bonitas, pero no hay que olvidar que por encima de cualquier otra cosa está la ley y la Constitución española, ambas hablan del interés superior de los menores”, argumenta esta letrada, en relación al caso que están viviendo los hijos de Rivas.

Frente a una situación como la actual, Abril enumera unas medidas que el fiscal podría haber tomado para “proteger a los menores”. Entre ellas, destaca la elaboración de un “un informe que recoja unas medidas de protección hacia los menores”, consultar al hijo mayor de 11 años con quién quiere vivir o preguntarle si ha presenciado “malos tratos del padre hacia la madre”.

Con estas dos causas abierta actualmente, si la Audiencia de Granada admitiese la nulidad de la sentencia que le obliga a devolver a sus hijos, la vía penal seguiría adelante. “Cada uno es un tipo de procedimiento, en uno le obliga a que los niños sean restituidos. Y en el otro [el penal], como ella ha quebrantado la orden judicial, el magistrado estudiará si hay indicio de delito y si abre el procedimiento penal. Son procedimientos diferentes”, aclara Paloma Zuloaga, abogada especialista en Derecho de Familia.

Por su parte, Consuelo Abril solicita a la justicia andaluza que exista coordinación entre magistrados si finalmente la Audiencia se pronunciase a favor de Rivas. “No puede ser que un juzgado diga una cosa y el siguiente plantee lo contrario”, apunta esta letrada, “es imprescindible que exista una coordinación de actuaciones, que un juez no tome una medida que sea contradictoria a la de otro”.

La defensa de esta mujer granadina ya ha avisado de que si el tribunal regional desestima este procedimiento volverán a recurrir al Tribunal Constitucional, que ya inadmitió la causa porque no habían agotado la vía judicial.