El Ayuntamiento de Madrid niega trato de favor a Diviertt SL, con la que había firmado contratos preferentes
- “No soy responsable de lo que haga un conocido mío”, afirma el vicealcalde Villanueva sobre Miguel Ángel Flores, a quien el Consistorio garantizó que no tendría competidores para sus conciertos
El Ayuntamiento niega toda responsabilidad en la tragedia del Madrid Arena, que terminó con la muerte de cinco jóvenes. Aunque por el camino ya hayan sido destituidos tres altos cargos. El vicealcalde de la capital, Miguel Ángel Villanueva, ha afirmado en la comisión de investigación por el Madrid Arena que no puede ser responsable de lo que haga un “conocido suyo”.
“Si no he adjudicado nada a las empresas de este señor no soy responsable de lo que haga o deje de hacer un conocido mío y, si ha cometido presuntamente una ilegalidad, que caiga sobre él todo el peso de la ley”, ha declarado después de añadir que su “nivel de conocimiento personal no implica en ningún caso trato de favor”.
Un nivel personal que se refleja en los contratos que garantizaban a Diviertt que no tendría competidores para sus conciertos, sino en que el propio Villanueva reconoció haber casado a un hermano de Flores (en total ha oficiado 16 bodas desde 2004) y que ha celebrado algún cumpleaños en locales del propio Flores: “Puedo ser transparente en mi conducta. Nunca este empresario ha estado en mi casa ni yo en la suya. Eso define que no existe ese trato de favor especial que apuntan. Mi relación de conocimiento no tiene nada que ver con los trágicos sucesos”.
Para abundar en su defensa, Villanueva ha entregado a la presidencia de la comisión su declaración de la renta, de bienes y de actividades desde el año 2004 a 2011. Lo hace porque tiene “la conciencia tranquila” y por “transparencia”, la palabra más repetida por el portavoz del Gobierno durante su comparecencia.
Despliegue del Samur
El dispositivo preventivo del Samur para la noche de Halloween en el Madrid Arena consistió en montar un dispositivo a las 2.29 horas con dos unidades. Así lo ha explicado la concejal delegada de Seguridad y Emergencias, Fátima Núñez, en la comisión de investigación.
Núñez ha insistido en que la fiesta era un acontecimiento privado que contaba con su propia asistencia médica. Para que el Samur hubiera podido actuar desde un principio en el interior, la empresa organizadora, Diviertt, debería haber contratado sus servicios, previo pago de las tasas.
La concejal ha detallado que la primera llamada de alerta la recibió de los servicios de emergencias a las 5 horas. Entonces se puso en contacto con el inspector jefe y le pidió que se personara en el pabellón para para garantizar la seguridad y organizar el desalojo si fuera procedente. Y también con el director general de Emergencias y el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, a quien fue a recoger a su domicilio para trasladarse juntos. De Guindos fue quien comunicó la tragedia a la alcaldesa, Ana Botella, por teléfono.
Cuando llegaron, recuerda, les informaron de que había dos jóvenes muertas en el interior del pabellón y otras tres han sido trasladadas a centros hospitalarios mientras que la Policía aconseja seguir con la fiesta para garantizar la seguridad. “La escena en la enfermería fue terrible, muy dura”, confiesa. “Es una situación que nunca olvidaré, una sensación de impotencia que seguirá conmigo mucho tiempo”.
Fátima Núñez, asimismo, ha concretado que la primera comunicación que recibe la Policía por parte de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) es del 26 de octubre, donde se dice que la asistencia aproximada sería de 7.000 personas. Eso hace que el nivel de riesgo fuera medio, en función del número de asistentes comunicados, el impacto sobre la movilidad y la seguridad y el perfil del público.
Exteriores
Núñez, al igual que hizo el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, ha insistido en que las funciones de la Policía local se centraron en el exterior del recinto, en un perímetro de 50 metros, para evitar la obstaculización de entradas y salidas, la venta ambulante, el consumo de alcohol en la vía pública, la regulación del tráfico en el interior de la Casa de Campo y en sus accesos.
“Se buscaba garantizar la seguridad de accesos al recinto, no al pabellón. Se evitó el consumo de alcohol y la reventa de entradas por la presencia disuasoria de los agentes. La preparación y organización del dispositivo de Policía Municipal fue la adecuada y los encargados del dispositivo cumplieron con sus misiones”, ha defendido.
“¿Quién es el responsable de seguridad? La Policía Municipal, no”, ha subrayado tras recordar que era una macrofiesta privada “con seguridad privada tanto para el interior del recinto y del pabellón”. Además, ha indicado que la Ley de Seguridad Privada no atribuye a la policía competencias sobre el control de la seguridad privada.
La concejal delegada ha destacado que “esa noche nadie comunicó a la Policía la existencia de incidentes en Madrid Arena, ni la organización ni los asistentes, nadie informó de nada hasta después de los hechos”.
Licencias
La coordinadora general de la Oficina de Planificación Urbana, Beatriz Lobón, por su parte, insistió en que el Madrid Arena cuenta con todas las licencias necesarias (obras, actividad y funcionamiento) y que no es aplicable el Código Técnico de Edificación de 2006 al no haberse llevado a cabo obras de remodelación.
Lobón ha recordado que el Madrid Arena se construyó entre 2002 y 2005 sobre el antiguo rocódromo para crear un espacio polivalente en la capital. Fue proyectado, construido y supervisado por técnicos municipales y en él se aplica la Ley de Contratos de la Administración Pública (que establece que la aprobación del acta de comprobación de obras por el órgano de la Administración lleva implícita la autorización para su apertura al uso público) y la Ley del Suelo (que dice que cuando los edificios son promovidos por ayuntamientos en su término el acuerdo municipal que lo sustenta produce los mismos efectos que la licencia urbanística).
Todo esto a pesar de los informes que denunciaban los problemas de seguridad, de acuerdo a la legislación vigente, y que han tenido como consecuencia el cierre del Pabellón de Cristal y el Palacio Municipal de Congresos, una semana después de la tragedia.
Lobón ha terminado su comparecencia apuntando que al “triplicar el aforo” se dio un “mal uso” al edificio y hace que un inmueble “seguro pueda ser inseguro”. “Y nos puede llevar a donde nos ha llevado”, ha concluido.