El Supremo avala que un consulado no registre bebés por vientre de alquiler y lamenta que “en la práctica” no haya obstáculos en España

El Tribunal Supremo ha rechazado la maniobra con la que varias familias españolas intentaron inscribir en Ucrania hasta a siete bebés nacidos en ese país por vientres de alquiler. Los jueces de la Sala de lo Civil, que llevan más de una década plasmando en sus sentencias que la gestación subrogada es una práctica ilegal en España, avalan la decisión del consulado de Kiev de no aceptar el registro que las familias hicieron igualmente unos meses después en Madrid.

El Supremo recuerda que la gestación subrogada supone “una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”, lamenta que “en la práctica” no hay obstáculos legales para registrar a estos bebés y sospecha que estas familias pudieron recurrir para conseguir una sentencia favorable a los intereses de las empresas que promueven los vientres de alquiler.

El caso que ha estudiado el Supremo arrancó en la primera mitad de 2019 en Ucrania, con el nacimiento de siete bebés, concebidos mediante vientres de alquiler. En aquella época, decenas de familias españolas se encontraron bloqueadas en Kiev con los bebés nacidos por este método a través de un contrato ilegal en España, pero legal en Ucrania, uno de los principales destinos europeos para quienes recurren a estas técnicas. Estas siete familias que han terminado en el Tribunal Supremo se encontraron con que el registro del consulado español de Kiev se negó a registrar estos bebés como hijos de las parejas: ni de las mujeres, que no guardaban relación biológica con ellos, ni de los hombres que habían presentado pruebas de ADN para demostrar que eran sus padres.

Las leyes españolas prohíben de forma expresa desde 2006 la denominada “gestación por sustitución” y el Tribunal Supremo lo ha reforzado en una docena de sentencias dictadas desde 2013 hasta la actualidad. “Las madres y los niños son tratados como simples mercancías”, dijeron, por ejemplo, los jueces en 2022 cuando estudiaron un contrato que permitía al pagador mantener con vida a la mujer gestante si esta estaba en muerte cerebral. Pero, al mismo tiempo, las sentencias han reconocido que los resquicios legales permiten registrar a estos niños en España, sobre todo a través de las adopciones.

En este caso, el consulado de Kiev ya explicó a estas familias en 2019 que, según las órdenes vigentes en ese momento, no podía inscribir a los siete bebés por una “ausencia de medios de prueba”. Fue entonces cuando las familias, que consiguieron inscribir a los bebés pocos meses después por otros cauces leales, decidieron acudir a los tribunales. Un juzgado mantuvo la suspensión del registro, pero la Audiencia Provincial de Madrid pasó por encima de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y decidió darles la razón. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, representada por la Abogacía del Estado, decidió entonces acudir a la Sala de lo Civil para hacer valer una década de jurisprudencia sobre la ilegalidad de estos contratos.

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido mantener la anulación de ese intento de registro a los siete bebés en Kiev, aunque reconociendo que nada ha impedido a estas familias completar el trámite una vez en España y perpetuar una práctica tan ilegal como factible. Estos contratos, recuerda la sentencia, “vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado, y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden público”. “El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Estos contratos de gestación subrogada entrañan una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”.

“Existen serias dudas” sobre sus intenciones

Los jueces avalan que el encargado del registro civil consular de Kiev “no haya permitido” esta inscripción “en un Estado como Ucrania, en el que la gestación por sustitución comercial está generalizada”. Recuerda la sentencia que en ese país “no puede garantizarse la comprobación de que el consentimiento de la madre gestante ha sido prestado libremente y con las debidas garantías”, como también rechaza que la filiación paterna de los bebés sea determinada “por unas pruebas genéticas carentes de suficientes garantías”.

Las familias denunciaban en sus alegaciones a lo largo del proceso que habían presentado sus propias pruebas de ADN y todo tipo de documentos para probar la filiación de los niños. El Supremo recuerda que el consulado español en Kiev “no tiene medios para verificar si se han protegido adecuadamente los derechos del niño y de la madre gestante, en concreto la forma en que se obtuvo el consentimiento de la madre gestante y la fiabilidad de las pruebas de ADN”. Tampoco acepta el Supremo que la inscripción en el registro civil de Ucrania “permitiera obtener la inscripción en el registro civil español”.

Los jueces reconocen que el resultado de este pleito, como sucede en otros similares, tiene poca incidencia práctica por las alternativas legales que tienen estas familias para contratar un vientre de alquiler en el extranjero y después legalizar la situación del bebé en España. En este caso, más todavía ya que, según reconocieron las propias familias, registraron a los niños “varios meses” después de no conseguirlo en el consulado de Kiev. Lo que lleva al Supremo a dudar sobre el motivo para mantener abierto este caso judicial durante años: “Existen serias dudas”, dicen los jueces, sobre si el objetivo de los recursos era el interés de los bebés o “favorecer el interés de la empresa intermediaria en los contratos de gestación subrogada”.

Una sentencia como la de la Audiencia Provincial de Madrid que ahora queda revocada, facilitaría “enormemente” el trabajo de estas agencias “si se permitiera un reconocimiento inmediato de la filiación de los niños nacidos de una gestación subrogada en países como Ucrania”.