Los colegios de Cantabria cierran sus puertas: una decisión judicial devuelve las vacaciones escolares que el Gobierno canceló por la pandemia
Los centros educativos de Cantabria cerrarán sus puertas de manera precipitada tras la decisión judicial que suspende cautelarmente la resolución de la Consejería de Educación en la que se modificaba el calendario escolar, suprimiendo de un día para otro el periodo no lectivo previsto entre el 2 y el 6 de noviembre justificándose en motivos sanitarios y en la rápida evolución de la pandemia de la COVID-19. Alumnos y docentes recuperan así de manera sorpresiva unas vacaciones que habían dado por perdidas. El lunes y el martes se han desarrollado las clases con normalidad. Este miércoles las aulas permanecerán vacías. ¿El jueves y el viernes? Nadie lo sabe, porque el desconcierto en el que se ha visto inmersa la comunidad educativa no tiene precedentes.
“La Administración debe explicar por qué, de qué modo y con cuánta intensidad incide el respeto al periodo no lectivo en la expansión de la enfermedad; por qué, cómo y en qué medida la eliminación de ese periodo no lectivo puede frenar esa expansión”. Así de contundente se expresa en una resolución consultada por elDiario.es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) presidida por el magistrado Rafael Losada, que en su escrito acepta las medidas cautelares solicitadas por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que reclamaba la suspensión de esa medida adoptada por el Gobierno de Miguel Ángel Revilla (PRC) y que había levantado en armas a profesores, alumnos y padres.
“Esto es un caos. No sabemos qué pasa a partir de ahora. Necesitamos un informe de los Servicios Jurídicos que nos indique cuál es el camino a seguir”, reconocen desde la Consejería de Educación, cuya titular, la regionalista Marina Lombó, está en el ojo del huracán y ha sido el objeto de todas las críticas en los últimos días. Las organizaciones sindicales no han dudado en pedir su dimisión inmediata, al hacerla responsable de una medida que no estaba avalada en los informes de la Dirección General de Salud Pública, que nunca reclamó la cancelación de las vacaciones escolares a pesar de reconocer que este parón podría suponer un aumento de la movilidad en plena segunda ola de la pandemia.
Informa Laro García.
