Vanessa López, Salud por Derecho: “La mayor parte de la investigación contra la COVID-19 es pública: la vacuna debería ser universal”
Todo el mundo está a la espera de tratamientos eficaces contra el coronavirus. Y, sobre todo, de la ansiada vacuna que permita recuperar la normalidad. Pero cuando se desarrolle y apruebe, entraremos en una situación en la que todos los países la querrán para sí y en la que no sabemos qué precio podríamos tener que pagar. Ahora, mientras el mundo espera, es el momento de crear las condiciones para que pueda administrarse de forma asequible y universal.
La organización Salud por Derecho lleva años trabajando por un acceso global a los medicamentos y a los servicios sanitarios. Hace poco han publicado un informe sobre la inversión pública que se está haciendo contra la COVID-19. Además, firmaron junto con otras organizaciones una carta en protesta contra la petición de una aprobación acelerada del remdesivir, un antiviral que parece modestamente eficaz contra el nuevo coronavirus y que podría comercializarse en régimen de exclusividad. La compañía retiró a los pocos días la solicitud.
Hablamos con su directora ejecutiva Vanessa López sobre quién está invirtiendo en la investigación contra la COVID-19, sobre los pasos que convendría dar para garantizar el acceso a la vacuna y a los tratamientos y sobre un modelo de patentes cada vez más cuestionado.
Muchos de los proyectos para conseguir vacunas o medicamentos contra el coronavirus están liderados por compañías privadas. ¿Qué puede suponer esto respecto al acceso universal cuando estén disponibles?
Lo primero que creo que debemos tener claro es que la gran mayoría de la inversión que se está haciendo en la investigación, tanto de medicamentos como de vacunas contra el nuevo coronavirus, es pública. Puede parecer que las empresas están trabajando solo con sus propios recursos, pero no es así. Dicho esto, si queremos que los resultados sean bienes para todo el mundo, necesitaremos no solo precios asequibles, sino que haya varios productores que puedan elaborarlos. Si se concede una licencia exclusiva para una compañía que sea la única que puede fabricar y comercializar una vacuna, eso será imposible.
