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Aragón se apoya en el Gobierno de Rajoy para sacar adelante polémicos macroproyectos hidráulicos

El respaldo de Isabel García Tejerina y Javier Lambán a las obras hidráulicas en Aragón obvian la oposición social y el proceso que sigue abierto en la Audiencia Nacional

Los trabajos aún no se han iniciado y ya se han contratado los servicios de control y vigilancia por 10 millones de euros y un plazo de cuatro años

El Ayuntamiento de Almudévar ha escrito una carta a la Confederación Hidrográfica del Ebro preguntando por los compromisos de los pagos acordados a los afectados

Almudévar: la mayor obra hidráulica del país desata una guerra entre regantes y ecologistas

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Javier Lambán en Yesa

Javier Lambán en Yesa Miguel Barluenga

El Gobierno de Mariano Rajoy y el Ejecutivo de Javier Lambán refrendan las tres grandes obras hidráulicas en marcha en Aragón: Yesa Biscarrués y Almudévar. Pese a encontrarse recurridas en los tribunales, han tomado un impulso decisivo con acciones efectivas, sobre todo, en el último caso. Las obras en Almudévar deberían estar listas en un plazo de unos cuatro años, mientras que en Yesa se concluirá en noviembre de 2021. La fórmula se eleva como sencilla por encima de las dificultades que aparecen en todos los sentidos: diálogo con quienes se oponen al mejor remedio contra la sequía.

Almudévar es una obra judicializada. Después de que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorizase su construcción, Ecologistas en Acción interpuso un recurso en la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que todavía no se ha resuelto. Y es la mayor obra hidráulica puesta en marcha en los últimos tiempos en España. Inundará más de 1.100 hectáreas de terrenos de esta localidad, pero también, y en menor medida, de otras próximas, para almacenar 169 hectómetros cúbicos y costará 102 millones de euros.

El Boletín Oficial del Estado ya publicó la contratación de los servicios de control y vigilancia de los trabajos por un importe de cerca de 10 millones de euros. Agricultura detalló que estos trabajos tienen un plazo de 46 meses, ya que no solo se pretende cubrir el control de las obras durante la construcción del embalse, sino también la ejecución de informes sobre equipos e instalaciones, de ensayos sobre materiales y la vigilancia medioambiental.

La actualización del Pacto del Agua

Lambán se refirió hace unos días a que el proyecto de regulación de las aguas del río Gállego, que implica asimismo a Biscarrués, “se solvente por la vía del diálogo”. Por ello, y a instancias del grupo socialista de las Cortes de Aragón, su presidenta, Violeta Barba, pidió a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que se convoque “rápidamente” la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua para que se conozcan “con precisión” los problemas que existen en la regulación de Biscarrués y Almudévar.

El objeto es que “una vez puesta al día la información y conocida por todos los actores de la gestión hidráulica de Aragón” se pueda convocar la Comisión del Agua para “actualizar los pactos y los acuerdos”. “Como Gobierno, entendemos que renunciar a obras de regulación es un lujo que no nos podemos permitir, primero porque siempre hemos creído en ellas y segundo porque frente a los riesgos del cambio climático y la sequía la regulación de los ríos ahora es quizá más importante”, aseguró el presidente aragonés.

Almudévar ha recibido una oposición directa de algunas formaciones políticas y de los organismos de defensa medioambiental. Ecologistas en Acción denunció hace unos meses que existen “diversas irregularidades graves” tanto de tipo administrativo como técnico en el proyecto del embalse y en su proceso de tramitación.

Tejerina ha remarcado en más de una ocasión, y también durante una reciente visita a la capital oscense invitada por la comunidad de regantes Riegos del Alto Aragón, que “hay que apostar por las políticas hidráulicas”. “El Gobierno ha retomado el Pacto del Agua de Aragón para poner en marcha infraestructuras muy necesarias para la Comunidad. No vamos a parar de trabajar. Almudévar, cuyo recurso sigue en marcha, avanza y está acordada con casi todos los propietarios que han de ser expropiados y pronto veremos las primeras máquinas trabajando”.

“Cierta preocupación” en Almudévar

¿Y en la localidad qué se dice? El alcalde de Almudévar, Antonio Labarta, se muestra optimista y expectante, si bien se está pendiente de recibir el pago de los terrenos. Se refiere al denominado plan de restitución, que plantea la creación de una zona de regadío de 1.400 hectáreas en el término del municipio, entre otras medidas a cambio de la cesión de las 1.100 hectáreas que se prevé que ocupe el embalse. Algunos propietarios han empezado ya a cobrar por las expropiaciones. El Gobierno de Aragón exige en este sentido una concentración parcelaria y existe “cierta preocupación” por la demanda de Ecologistas en Acción.

Labarta es conciliador: “Siempre digo que si en otras ocasiones se han alcanzado acuerdos, por qué no va a ocurrir aquí lo mismo. Hay que hacer las cosas con tino, bien hechas, que aquí no tenemos ninguna prisa”. Sin negar que existe cierta inquietud, el Ayuntamiento de Almudévar se ha  dirigido por carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Raimundo Lafuente, para preguntarle “en 17 puntos” qué sucede con el compromiso en los pagos y los acuerdos de restitución. Los afectados por la construcción del embalse de otras localidades como Tardienta ya han mantenido encuentros previos al levantamiento de las actas para la ocupación de sus respectivas fincas.

Mientras, Biscarrués también sigue pendiente de los juzgados. La Audiencia Nacional, que en julio de este año declaró nulo el anteproyecto, ha trasladado al Tribunal Supremo los autos del procedimiento y dio 30 días a las partes para comparecer en la sala de lo contencioso-administrativo. El plazo que concluye este jueves 21 de diciembre con el afán de que tomen forma los recursos de casación contra la sentencia.

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