Gorras de los Bulls y selfies sospechosos: el sistema de la policía de Boston para identificar pandilleros

Para el Departamento de Policía de Boston, la gorra de los Chicago Bulls era una señal. Cuando a finales de 2016 la policía detuvo a un estudiante de instituto, Juan Pérez (nombre ficticio), la gorra del joven se convirtió en un insólito eslabón de una cadena de acontecimientos que hicieron que el chico fuera incluido en una base de datos policial de presuntos miembros de bandas delictivas. Ahora Pérez teme ser deportado.

Durante dos años, la policía de Boston ha utilizado un sistema, conocido como “base de datos de pandillas”, que puntúa a las personas que utilizan determinados complementos o ropa o que se hacen determinados selfies para determinar la “afiliación a las pandillas” de sospechosos sin necesidad de que hayan sido acusados de un delito.

Se desconocen los detalles del sistema que utiliza el Departamento de Policía de Boston para recabar y compartir información sobre jóvenes sospechosos de pertenecer a una banda delictiva. Ahora, una coalición de organizaciones que defienden los derechos civiles ha demandado a la ciudad de Boston y al Departamento de Policía de la ciudad con el objetivo de que esta base de datos sea más transparente.

“Las autoridades policiales permiten que algunos jóvenes se conviertan en víctimas de este sistema y sean deportados sin que hayan sido acusados de un delito”, indica Carol Rose, directora ejecutiva de la sección en Massachusetts de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (American Civil Liberties Union, ACLU). “Con el objetivo de que Boston sea una ciudad más segura para todos sus habitantes, tenemos que corregir las políticas discriminatorias y abordar el impacto de esta base de datos de pandillas sobre los jóvenes negros o hispanos de nuestra ciudad”.

La base de datos de pandilleros

Juan Pérez llegó a Estados Unidos hace unos años. Precisamente huyó de la violencia de las maras de su país, El Salvador, y se fue a vivir a las afueras de Boston con unos familiares.

Hace dos años, en un control de tráfico rutinario, la policía paró el vehículo en el que viajaba Pérez con otros adolescentes. Según el informe, la policía consideró que cuatro de los jóvenes eran miembros de la banda MS-13. Uno de los agentes indicó que Pérez “parecía simplemente un estudiante cualquiera, pero estaba junto con los otros chicos en el vehículo”.

Sin embargo, una vez el caso llegó a los tribunales, la Agencia de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE) aseguró que el Centro de Inteligencia Regional de Boston (Boston Regional Intelligence Center, BRIC), el servicio de inteligencia del Departamento de Policía que recibe fondos federales, confirmó que Pérez “era un miembro activo de la banda”.

Más tarde se supo que llegaron a esta conclusión a partir del sistema de puntos. Se consideraron pruebas de su pertenencia a una banda aquel alto policial, así como fotos en las redes sociales en las que Pérez hacía supuestamente gestos asociados a las pandillas. También basaron su decisión en fotografías en las que aparece otro adolescente que viajaba en el vehículo y que muestran a Pérez luciendo una gorra con el logo de los Chicago Bulls. Algunos consideran que el logo de los Chicago Bulls guarda relación con el hecho de que la banda MS-13 haya adoptado como propia la señal de cuernos del diablo, un gesto que han popularizado las estrellas del rock. Un juez consideró que estas pruebas no eran concluyentes y dejó a Pérez en libertad bajo fianza.

Sin embargo, el incidente, así como su puntuación de acuerdo con este polémico sistema continúan figurando en la “base de datos de posibles pandilleros” de la policía de Boston.

Sospechas de racismo y falta de garantías

Según las normas del Departamento de Policía de Boston divulgadas hace un año, una persona puede acumular puntos en un sistema de verificación de diez puntos. Ser visto en compañía de un miembro de una banda, incluso si es porque la persona es un familiar de este, supone dos puntos de penalización. Haber estado involucrado en una pelea violenta con una banda supone una penalización de ocho puntos. Si una persona ya ha acumulado seis puntos, se le considera cercana a la banda, mientras que si acumula diez, miembro de la misma.

Junto con otras catorce entidades, la sección de Massachusetts de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos cursó una solicitud para obtener más detalles sobre el funcionamiento y uso de esta base de datos. Ahora, alegan que las autoridades no han dado una respuesta adecuada y han demandado a la ciudad de Boston y al Departamento de Policía de la ciudad para obtener más información sobre la base de datos.

El abogado del Departamento de Policía de Boston que rechazó la solicitud de información de ACLU alegando exenciones a la ley de registros públicos no ha querido hacer declaraciones.

La demanda indica que los ciudadanos tienen el derecho a disponer de información básica sobre la base de datos, como por ejemplo si estos supuestos miembros de bandas delictivas son en su gran mayoría hispanos o hasta qué punto el Departamento de Policía de Boston comparte sus conjeturas con los agentes de Aduanas e Inmigración o con la policía responsable de la seguridad de las escuelas públicas de la ciudad. También quiere saber qué opciones tienen las personas incluidas en esta base de datos para cuestionar las conclusiones de los agentes.

De hecho, el Departamento de Policía de Boston recibió muchas críticas a principios de año cuando un agente de un instituto de East Boston informó sobre un altercado no violento entre estudiantes y lo compartió con el Centro de Inteligencia Regional de Boston. Un estudiante inmigrante, que no tenía antecedentes penales, terminó acumulando puntos y estuvo detenido en un centro federal durante 16 meses.

Tom Nolan, exteniente del Departamento de Policía de Boston con 27 años de experiencia, ha testificado como experto en casos judiciales relacionados con jóvenes a los que se les acusa de pertenecer a pandillas. En su opinión, la base de datos vulnera la legislación federal, ya que no se fundamenta en una sospecha razonable de actividad delictiva.

“En mis tiempos, si seguíamos a la gente de la Cosa Nostra, teníamos que haber verificado su pertenencia”, señala. “El hecho de que alguien sea visto con otra persona no significa nada. Tienes que impulsar una investigación más exhaustiva”, añade.

Consecuencias devastadoras

Este año, cuando faltaban seis meses para que Pérez obtuviera el estatus de residente permanente, fue detenido en conexión a una agresión. La fotografía del atacante no coincidía con el físico de Pérez y se retiraron los cargos en su contra. Sin embargo, poco después fue detenido por la Agencia de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos.

Hace cuatro meses, Pérez se tuvo que personar ante un juez de inmigración y los abogados de la Agencia de Aduanas e Inmigración argumentaron que la base de datos sobre miembros de bandas delictivas de la Policía de Boston demostraba que Pérez pertenecía a una pandilla. Le denegaron la fianza.

Kerry Doyle, socio del bufete de abogados Graves & Doyle, indica que la base de datos “puede tener consecuencias devastadoras para los que han sido incluidos en ella”. “He visto cómo a una persona le niegan la solicitud de asilo por el hecho de que estaba incluida en la base de datos”, indica. El adolescente no tenía antecedentes penales.

Matt Cameron, un abogado de East Boston experto en temas de inmigración, explica que ha representado a bastantes jóvenes a los que el sistema de puntos ha etiquetado como miembros de bandas delictivas. “Están poniendo una cruz a muchas personas inocentes”, lamenta. “Irónicamente, muchos de estos jóvenes, si son deportados a El Salvador, se verán forzados a unirse a una pandilla”.

Traducido por Emma Reverter