Durante casi dos meses y medio, las autoridades israelíes han practicado un asedio absoluto sobre la Franja. No ha sido hasta que Estados Unidos ha mostrado cierto desasosiego que han accedido a entreabrir uno de los cruces, el de Kerem Shalom, y dejar pasar un mínimo de ayuda. Su objetivo, sin embargo, dista mucho de lo humanitario.
La situación es catastrófica. Y lo seguirá siendo mientras Israel no levante las restricciones de acceso y movimiento de ayuda a lo largo de la Franja.
El pasado 12 de mayo, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés) advertía que el 100% de la población de Gaza –aproximadamente 2,1 millones de personas– estaba a un paso de la hambruna.
Esta clasificación, internacionalmente reconocida, se creó para proporcionar una evaluación estandarizada y neutral, basada en evidencias, sobre la seguridad alimentaria mundial.
Las previsiones son claras: si la hambruna llegase a afectar a toda la Franja, al menos cuatrocientas personas morirían diariamente como resultado de la inanición absoluta o de la interacción de la desnutrición y la enfermedad. Ochocientas si se tratase de niños y niñas menores de 5 años.
Teniendo en cuenta que antes de la ofensiva militar israelí entraban entre 500 y 600 camiones con suministros al día, un centenar no supondrá apenas alivio ante las grandísimas necesidades que sufre la población gazatí, agotada tras 19 meses de bombardeos y desplazamientos forzosos.
“Es una gota en el océano, una gota en el océano e insuficiente. Ese plan, así como la entrega de alimentos y otros artículos en toda Gaza, es sumamente inadecuado para satisfacer las necesidades inmediatas de más de dos millones de personas”, asegura el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el territorio Palestino ocupado, Rick Peeperkorn.
El castigo colectivo se sirve en platos vacíos
En contextos de conflicto, el colapso del sistema alimentario tiene muchas caras: la destrucción de las infraestructuras, la reducción de la producción, la interrupción de las actividades económicas, la pobreza o la inflación son algunas de ellas.
No obstante, la auténtica atrocidad ocurre cuando la consecuencia se transforma en objetivo, cuando el castigo colectivo pasa a ser una táctica deliberada para someter al otro bando.
En el caso concreto de Israel, la narrativa de la autodefensa se ha convertido, de facto, en una guerra abierta contra una población civil acorralada y exhausta después de 19 meses de ofensiva militar. Más de 53.600 personas asesinadas dan cuenta de ello.
Israel ha puesto en marcha todas las estrategias posibles para erosionar la seguridad alimentaria y provocar la desnutrición de la población de Gaza. Ha interrumpido el abastecimiento de agua y el flujo eléctrico, ha arrasado las infraestructuras y las tierras de cultivo, y está bloqueando el acceso de suministros comerciales y humanitarios. Hambre funcional, se llama, una flagrante violación del Derecho Internacional.
Y, aunque utilizar el hambre como arma no es algo nuevo, es la primera vez que se hace a la vista de todos y todas, con declaraciones públicas, con informes diarios, con imágenes escalofriantes que se viralizan y, sobre todo, con total impunidad.
Mientras tanto, más de 240.000 toneladas de suministros están preparadas para ser despachadas a escasas horas de Gaza, además de la gran cantidad de ayuda de emergencia que espera en los cruces para ingresar a la Franja en cuanto Israel lo permita.
La impunidad reescribe las reglas del nuevo orden internacional
De forma paralela, Israel está intentando echar el cierre del sistema de distribución de ayuda existente, gestionado por Naciones Unidas y organizaciones socias, para entregar los suministros en sus propios centros y bajo sus propias condiciones.
Este modelo de distribución no es la respuesta. Según el Secretario General Adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher: “Sienta un precedente inaceptable para la prestación de ayuda no sólo en el territorio Palestino ocupado, sino en todo el mundo. Restringe la ayuda a sólo una parte de Gaza, mientras deja sin satisfacer otras necesidades urgentes. Supedita la ayuda a objetivos políticos y militares. Convierte el hambre en moneda de cambio”.
Gaza no es un caso aislado, pero sí el más flagrante y, probablemente por eso, el más grave, ya que está redefiniendo una nueva lógica global. Además de la supervivencia de los y las gazatíes, está en juego la legitimidad del orden jurídico internacional.
La Resolución 2417 no es poesía jurídica. Es una norma vinculante que establece que el uso del hambre para castigar o someter a la población constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario. No hay ambigüedad. El ataque a infraestructuras de agua, la destrucción de cultivos o la negación del acceso humanitario están condenados de forma expresa.
Por eso, el aniversario de la Resolución 2417 no es motivo de celebración, sino de vergüenza. Una vergüenza compartida entre los que disparan y los que miran hacia otro lado. Entre los que bloquean la ayuda y los que no se atreven a exigir su entrada. Entre quienes deberían proteger la vida y quienes están permitiendo su destrucción sistemática.
Porque si el mundo acepta que el hambre se utilice como arma —con esta crudeza, con esta visibilidad, con esta impunidad— ¿cómo evitar que vuelva a repetirse?
