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Residuos tóxicos, gobernantes y ciudadanía

Urkullu no contaba con este accidente, con este destrozo de personas y para el medio ambiente y con la crisis política de consecuencias aún impredecibles

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Imagen de las labores de extinción en el vertedero.

Estaba el PNV casi sesteando, relamiéndose ante el previsible éxito en la próximas elecciones del 5 de abril, cuando la realidad ha venido a visitar al Gobierno vasco en forma de alud de productos tóxicos en una zona densamente poblada y transitada.

De momento, la quiebra del vertedero ha provocado la desaparición de dos personas, Alberto Soraluze y Joaquín Beltrán, ha sembrado el pánico y la angustia en, como mínimo, los habitantes de la zona y ha supuesto una quiebra en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Urkullu, al alimón con Nuñez Feijóo, había convocado las elecciones de manera anticipada con la voluntad de evitar así el contagio, no deseado por ambos, con el proceso de los comicios catalanes, anunciados, pero sin fecha. Desde luego que Urkullu no contaba con este accidente, con este destrozo de personas y para el medio ambiente y con la crisis política de consecuencias aún impredecibles que se ha desatado. Hay en Euskadi una densa trama institucional que une a los ayuntamientos y al gobierno autonómico de otras comunidades, las potentes diputaciones, que recaudan los impuestos de los ciudadanos y se supone que ejercen un control de cada una de las tres provincias.

Se diría que no hay un metro cuadrado del territorio que no esté controlado por un poder político que presume de arraigo en la tierra.

Pues bien, a esa amazacotada trama institucional se le ha escapado detectar a tiempo las primeras fallas del depósito, controlar las consecuencias de haber volcado en 13 años los vertidos previstos para 35 o haber realizado una mínima prospectiva sobre los riesgos del desastre.

En un día, la brecha del vertedero se ensanchó en 20 centímetros a pesar de lo cual se siguieron depositando residuos. Ha dicho Urkullu, consciente de los riesgos que implica una crisis de esta magnitud, que pide disculpas por los errores, algo necesario pero tardío.

Los ciudadanos de la zona no saben si pueden abrir o no las ventanas, restringen las salidas a la calle y hasta se ha suspendido en Eibar un partido de fútbol entre el Eibar y la Real, síntoma máximo de la preocupación que suscita el alud de medio millón de metros cúbicos de residuos y tierra.

La propia ubicación del vertedero, pegado a una zona de tráfico infernal, plantea también interrogantes, como también plantea incertidumbre el hecho de no saber qué hacer a partir de ahora con otros vertidos tóxicos.

La población de la zona tiene síntomas evidentes de miedo, a salir a la calle, a beber el agua del grifo, que desde luego no se palían con explicaciones que hacen referencia al material empleado para intentar asesinar a espías soviéticos.

Si hacer política es tratar de resolver los problemas de la gente realmente existente, no parece que aquí se haya sido precisamente diligente a la hora de evitar el derrumbe, de regular los depósitos de residuos o dar explicaciones ajustadas a la población, que de eso se trata.

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