Educar a los banqueros

Durante las últimas semanas hemos asistido al insólito ejercicio de ver a directivos bancarios impartiendo clases de educación financiera en determinados colegios —convenientemente seleccionados— que no representan ni de lejos el 1% de la población estudiantil del país. Así, hemos visto a los máximos ejecutivos financieros exhibir sus dotes pedagógicas impartiendo clases y proporcionando consejos y recomendaciones sobre la mejor forma de ahorrar, invertir y proteger el patrimonio.

Todo parece indicar que se trata de una estrategia publicitaria para recuperar la reputación perdida tras las fechorías cometidas durante los últimos años. El mensaje subliminal que se quiere transmitir con esta ridícula acción es que los daños sufridos por millones de clientes bancarios han sido consecuencia de su ignorancia financiera, y no de los abusos cometidos por las entidades. Resulta un sarcasmo que los responsables de las malas conductas se vistan ahora de maestros y mentores.

No cabe duda de que los ciudadanos tienen mucho que aprender como usuarios de servicios financieros, sobre todo debido a la complejidad y la oscura ingeniería cada vez mayor de los propios productos financieros. Ingeniería que, por cierto, desconoce la inmensa mayoría de los miembros de los consejos de administración de las entidades. Pero este es un asunto muy serio del sistema educativo. La mejora de los conocimientos económicos y financieros se necesita cada día más, y debe abordarse con un mayor peso de las asignaturas de esta materia impartidas por profesores especializados en el marco de la enseñanza regulada.

No es sólo una cuestión de educación. Los atropellos cometidos en España por parte de las entidades financieras durante los últimos años no tienen parangón. Las desgracias para los ciudadanos han sido consecuencia sobre todo de los masivos fraudes, estafas y engaños perpetrados por las entidades financieras, que han afectado a millones de personas a través de múltiples fórmulas: participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, cláusulas suelo, clips y swaps hipotecarios y otras suertes de malas hierbas que tienen bloqueados los juzgados tras un alud de justas demandas.

Con independencia del trabajo meritorio que están realizando jueces y magistrados en los juzgados civiles y penales, sí que hay tarea también en este campo para la educación. Aquí lo urgente es educar a los banqueros. La asignatura pendiente del sector es la ética. Este país tiene muy buenos catedráticos de ética, cuyas lecciones podrían ser muy benefactoras para la banca. Los financieros no lograrán recuperar la reputación con gestos propagandísticos o envolviendo los periódicos con páginas de publicidad que no dejan de ser humillantes exhibiciones de poder para periodistas y lectores.

Si la banca quiere recuperar la confianza de los ciudadanos, tiene que empezar por cumplir la legislación que le concierne. La ley dispone que las entidades deben proporcionar a sus clientes información “imparcial, clara y no engañosa”, y en diversas disposiciones se establece que las entidades deben actuar en interés de los clientes, averiguando previamente sus conocimientos antes de recomendarles ciertos productos. Esto no es ni buenismo ni retórica. Esto es lo que establecen las directivas comunitarias y la legislación española. Estos preceptos deberían aparecer en letras grandes en todas las oficinas o en las webs bancarias.

Los bancos no pueden seguir instalados por encima de las instituciones. Es inaceptable que en 2013, las entidades sólo rectificaran el 24,8% de los informes que el Banco de España ha resuelto a favor del reclamante, amparándose en que son decisiones no vinculantes. En ese ejercicio, las reclamaciones crecieron un 142% hasta un total de 34.645. Más de la mitad corresponde a quejas por cláusulas suelo. Sobre el abuso de estas cláusulas escondidas en la letra pequeña, que han impedido a millones de hipotecados beneficiarse de la bajada de tipos de interés, el Tribunal Supremo dictó ya una sentencia en mayo de 2013, y otras dos recientemente por las que se ha declarado el carácter abusivo de estas cláusulas. En consecuencia, han sido anuladas en determinadas condiciones. Aunque la mayoría de entidades eliminaron estas estipulaciones, otras se resisten.

Las cifras de los abusos bancarios cometidos en los últimos años son abrumadoras: más de cuatro millones de hipotecas con cláusulas suelo, más de un millón de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, 128.000 afectados por Valores Santander y 54.000 afectados por cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Las pérdidas sólo en preferentes y obligaciones subordinadas ascienden a 14.750 millones de euros. La defensa de los intereses de los consumidores ha provocado un alud de decenas de miles de demandas que ha bloqueado prácticamente los juzgados. Organismos supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se sienten completamente impotentes ante una generalización tan masiva de las infracciones, por la insuficiencia de medios y una limitada capacidad de sanción. La multa máxima impuesta ha sido de 16,9 millones al Santander por la comercialización de Valor Santander, que no llega ni a la categoría de rasguño (0,3% de sus beneficios). Hace unos días, Howard Davies, exsubgobernador del Banco de Inglaterra y exdirector de la London School of Economics, señalaba que los bancos norteamericanos y europeos apenas se inmutan con las multas de los reguladores, que suman 230.000 millones de dólares desde 2009. Con independencia de un aumento de la capacidad sancionadora del regulador, para ejercer de banquero debería ser necesario aprobar en ética financiera.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]