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Abogados denuncian coacciones del Ayuntamiento de Sevilla en la ocupacion de viviendas de Nuevo Amate

Presentan un escrito ante la fiscal jefe, el Defensor del Pueblo y el juzgado de guardia, denunciando un posible delito de coacciones a las familias que presuntamente han ocupado el Edificio Nuevo Amate, propiedad de Emvisesa.

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El Grupo de Juristas 17 de Marzo ha denunciado que el Ayuntamiento de Sevilla pudiera estar incurriendo en un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal y han presentado un escrito con carácter urgente ante la fiscal jefe, el Defensor del Pueblo y el juzgado de guardia al objeto de que cesen la conducta de los policías locales y nacionales que establecieron un cordón de seguridad ante las VPO vacías que varias familias han ocupado en el barrio sevillano de Nuevo Amate que, a su juicio.

Según explican fuentes de estos letrados en una nota, familias sin recursos con hijos menores a cargo y con una extrema necesidad, todas peticionarias de vivienda pública y sin ingresos, ocuparon seis viviendas deshabitadas propiedad de Emvisesa del bloque 12 de esta promoción.

El mencionado cordón policial, entienden, "se está excediendo en el marco de sus competencias". En concreto la Policía municipal y la Policía Nacional está realizando diversos actos "vulneradores de los más mínimos derechos fundamentales", como que a las personas que presuntamente han ocupado se les permite salir pero no volver a entrar de sus domicilios, lo que provoca que las unidades familiares se separen y que incluso a los hijos menores no se les permita estar con alguno de sus progenitores. Los abogados consideran que tendría que ser una orden judicial la que establezca esta limitación y no una orden administrativa.

También denuncian que se le está limitando el derecho a las comunicaciones, ya que no se les permite introducir en sus domicilios móviles, ni cargadores, ni tecnología de ningún tipo. Tampoco se permite a los medios de comunicación entrevistarse con ellos en su domicilio, solamente en la calle, pero claro si salen no pueden volver a entrar.

Asimismo, señalan que se les está limitando el derecho a la salud y sanidad pública ya que, según denuncian los presuntos ocupantes, no se les permite de una manera plena la asistencia médica dentro de sus domicilios, ni subir libremente medicinas. Por último, se les estaría limitando, según los abogados, el derecho a la defensa.

Este jueves, los abogados de 17 de marzo, junto a la concejal del Ayuntamiento, Josefa Medrano, y el coordinador de IU, José Manuel García, al interesarse por los ocupantes que habían requerido asistencia jurídica, desde el mando de la Policía Local, se les transmitió que tenían orden del Ayuntamiento de no dejar a nadie pasar a visitar a estas personas en su domicilio, pero que no existía ninguna orden judicial sino administrativa.

También se les dijo a los abogados que no podían entrevistarse con ellos en su domicilio pero sí en la calle, lo cual no podían hacer ya que no podían volver a entrar en sus domicilios. A juicio de los denunciantes, esto limita claramente el derecho a la defensa, con más restricciones que incluso estuviera en un centro penitenciario. De manera excepcional, según cncluyen, les dejaron entrevistarse en el domicilio de estas personas, que les transmitieron lo que está sucediendo y que los abogados han comprobado 'in situ'.

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