Andalucía cifra la deuda estatal con la autonomía en más de un cuarto de su presupuesto
En total, 8.204,9 millones de euros. Son los que reclama la Junta de Andalucía al Gobierno de España por considerar que es una deuda con los andaluces, que históricamente han salido “perjudicados” del reparto de los presupuestos. Y la cuenta sigue creciendo con los 426 que la Junta de Andalucía ha sumado de la liquidación del presupuesto de 2013, con la que tampoco está de acuerdo y que pretende recurrir una vez que sus servicios jurídicos argumenten la impugnación.
Se suma a esto que la Junta de Andalucía ha denunciado este jueves una reducción en más de un 55% de la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) en la presente legislatura. La aprobación este viernes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año agita más el debate, por entender el Gobierno de Andalucía que hay que incrementar su cuantía como “única manera de mantener los principios constitucionales de cohesión social y de igualdad de oportunidades en los territorios”.
El frente abierto contra el modelo de financiación, que en su día respaldó Andalucía cuando lo negoció el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha recrudecido por dos cuestiones: primero, porque la Consejería de Hacienda y Administración Pública cree que no se está aplicando correctamente, y segundo, porque tenía que haberse revisado este año para cambiarlo por uno más “justo y solidario”, decisión que ha pospuesto el Gobierno de Mariano Rajoy y que será objeto de otro recurso desde Andalucía.
En este contexto, el Gobierno de Andalucía entiende que esa deuda de más de 8.000 millones de euros es un bocado de unas dimensiones que no puede permitirse en la situación actual, donde elaborar los presupuestos autonómicos exige verdaderos malabarismos. Ya se demostró con el de 2014, cuando volvieron las cuentas a niveles de 2007 se bajó la barrera psicológica de los 30.000 millones de euros, y como se está viendo para los de 2015. Se suma a esto que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo entiende que si la región “hubiera recibido lo que le corresponde” se podrían haber generado 160.000 empleos más en la crisis (2007-2014), o sea, romper otra barrera psicológica que pesa como una losa: la de registrar menos de un millón de parados.
¿Cómo se desglosan las cantidades que reclama Andalucía? Por un lado están las reclamaciones modelo de financiación, que suman 5.906,8 millones de euros, entre lo que se pide por los resultados de las liquidaciones y lo que se exige por el reparto de los ingresos por impuestos. De este modo, esta partida incluye, por una parte, los 3.456 millones de euros que la Junta de Andalucía considera que recibe de menos por estar financiada por debajo de la media de las CCAA, en recursos de los fondos de convergencia -que suman los de cooperación y competitividad- y otros como el Fondo de Suficiencia Global. Se corresponden en concreto con disconformidad con todas las liquidaciones de presupuesto del presente modelo de financiación: 2009 (1.113 millones de euros), 2010 (820), 2011 (870) y 2012 (653). Y por otra parte, están los 2.450,8 millones de euros reclamados por subidas de tributos no compartidas con las CCAA (IVA e impuestos especiales), así como deducciones estatales y aportaciones extraordinarias del modelo de financiación.
2.298,1 millones de euros de la DAT
Por otro lado, está la reclamación por el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía, que marca que el nivel de inversiones del Estado en Andalucía debe ajustarse a su población. En total, son 2.298,1 millones de euros: 1.504 de 2008 y 2009; 42 de 2010; nueve de 2011; 409 de 2012; 280 de 2013; y 54,1 de 2014.
Los argumentos a los que se agarra la Junta de Andalucía para reclamar estas cantidades no tienen la contundencia incontestable del periodo de José María Aznar, cuando entre 1996 y 2004 había dejado de destinar a la comunidad autónoma 2.500 millones de euros porque simplemente no reconocía la existencia de 400.000 habitantes ya que se agarraba a cifras de 1991 para contabilizar su población. Un agravio que se reconoció con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, contra el discurso que mantiene actualmente el Gobierno de Andalucía pesan sendos inconvenientes.
Por un lado, el hecho de que reclame una deuda basándose en que no se aplica la DAT en lo que corresponde a inversión por habitante, porque ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Cataluña que determina que son las Cortes Generales las que tienen la última palabra a la hora de decidir las inversiones.
Y por otro, que cuestione las liquidaciones de los presupuestos en relación a los fondos de convergencia, que sirven para corregir posibles desequilibrios y reducir las diferencias entre las CCAA más ricas y las más pobres. Ocurre que su reparto se decide cuando la comunidad autónoma ya ha salido beneficiada con el llamado fondo de suficiencia, que se otorga antes y la coloca en una posición de ventaja que es donde podría estar la justificación del Gobierno de la Nación para luego darle menos que al resto. Pero cierto es también que como no se explican el reparto ni los criterios, que es lo que exige Andalucía, tampoco se sabe por qué las cuentas acaban así.
Pese a este panorama, el Gobierno de Andalucía seguirá dando la batalla con la financiación. La estrategia pasará por la presentación de los citados recursos pero también por presionar para la convocatoria de la comisión mixta en la que sentarse la consejera María Jesús Montero con el ministro Cristóbal Montoro y discutir por qué de nuevo le toca a la autonomía devolver 426 millones de euros de la última liquidación cerrada, mientras que recibe muchos menos fondos de convergencias que otra a las que les sale positivo el saldo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid...). De momento, la respuesta de Madrid es que no es necesaria esta reunión.
