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Andalucía libera más de 200 millones de euros para pagar atrasos en la Ley de la Dependencia

Más de 97 millones de euros corresponden a transferencias a entes locales para que hagan frente a estas deudas gracias al mecanismo extraordinario de pago a proveedores.

Otros 143 millones de euros son para liquidar 20.655 facturas pendientes, sobre todo de prestaciones económicas para dependientes que tenían comprometido su abono.

La Junta de Andalucía tiene previsto liquidar en los próximos días los más de 2.200 millones de euros que debía a proveedores hasta el 31 de mayo de 2013.

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La Junta de Andalucía confía en ponerse al día con sus proveedores en 2014.

Los pagos pendientes de la Junta de Andalucía para hacer frente a las prestaciones que implica la Ley de la Dependencia comenzarán a llegar en los próximos días. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes créditos por 143 millones de euros para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, con los que se podrá abonar 20.655 facturas pendientes, en su mayoría por prestaciones económicas que deben recibir 19.095 dependientes ya baremados. El resto son facturas que reclaman residencias, servicios de ayuda a domicilio, centros de día y demás.

Hay que sumar otra cantidad importante, también aprobada este martes, dentro del endeudamiento que puede asumir la Junta de Andalucía en función del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, un sistema por el que el Gobierno de la Nación presta -con intereses- un dinero al que las comunidades autónomas no pueden acceder por las restricciones en el crédito. De momento, llegan 632,32 millones de euros del primero de los dos tramos en los que se articula la tercera fase de este plan. De esa cantidad, 102,8 millones de euros van destinados a entes locales que se han sumado al plan, y en concreto, 97,02 millones de euros para pagos relacionados con la dependencia, y el resto, para educación.

De hecho, en este primer tramo se liquidarán 70.174 facturas emitidas por 22.267 proveedores. De ellas, el 59,9%  están relacionadas con la salud; el el 6,6%, con la a educación; el 6,3% con los servicios sociales; y el 27,2% restante, con diversas materias. Se incluyen, por ejemplo, cerca de 90 millones de euros para las universidades. En el segundo tramo, todavía con datos provisionales, Andalucía dispondrá de 1.647,8 millones de euros para hacer frente a sus obligaciones con los proveedores. Cuando hayan concluido las tres fases, Andalucía habrá recibido 4.975,8 millones de euros por este mecanismo, lo que la coloca como la tercera comunidad audónoma, por dentrás de detrás de Valencia (7.596,6) y Cataluña (6.452,9), pese a tener más población.

De todas maneras, 17 diputaciones y ayuntamientos no han aceptado en plazo los requerimientos para beneficiarse de estas partidas. Sí lo ha hecho el Ayuntamiento de Jaén, que había decidido suspender la atención a los dependientes si la Junta de Andalucía no le pagaba lo adeudado. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, le ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad", porque "ya no le quedan excursas" para no cumplir con sus obligaciones y "jugar con el sufrimiento de las personas en situación de vulnerabilidad".

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado que Andalucía es una de las 14 comunidades autónomas que se acogió a este mecanismo extraordinario de pago a proveedores para ponerse al día con estos, lo que gracias a los 632,32 millones de euros de este martes y los 1.647,8 que se liberarán próximamente habrá conseguido, "a 31 de mayo de 2013", porque no puede todavía ofrecer datos sobre cuánto se debe desde entonces, es decir, lo acumulado en los últimos seis meses y que en algunos casos supone la asfixia de empresas que no saben cómo tirar para adelante con lo que le adeudan las administraciones.

La consejera ha insistido en que los pagos que más atrasos sufren "son de grandes empresas, que tienen mayor músculo financiero" para afrontar los retrasos. Ha recalcado igualmente que para la Junta de Andalucía este plan establecido "no es ningún regalo". De hecho, la comunidad autónoma paga un interés por "30 puntos básicos" por encima del que lo hace el Gobierno de España cuando emite sus Bonos del Tesoro. Es decir, si al Gobierno de España le cuesta 4,5% de intereses el préstamo, a la Junta de Andalucía le sale por 30 puntos básicos más (serían 100 si fuera al mercado libre), lo que le ha supuesto 78  millones de euros en intereses en 2012, otros 149 en 2013 y serán 228,6 en 2014.

Reclamación del IVA

En la misma línea, ha aprovechado para anunciar que se ha remitido una carta a Madrid reclamando los 385 millones de euros que se han dejado de ingresar por el IVA, dado que las previsioens del Gobierno de la Nación "habían sido demasiado optimistas" especialmente confiando en la recaudación por el impuesto del tabaco. Dado que esta cantidad había sido descontada a la comunidad autónoma del llamado Fondo de Suficiencia, María Jesús Montero espera que ahora sea repuesta, porque se ha recaudado menos de lo previsto por el IVA. "Si no contestan a nuestra carta de manera satisfactoria, se interpondrá el correspondiente recursos contencioso administrativo", ha avisado.

También hablando de financiación, ha confiado en que "en febrero de 2014" se cierre una "importante operación de venta de activos" de la Junta de Andalucía, es decir, una serie de inmuebles de los que se quiere desprender para obtener más recursos para un presupuesto autonómico cada vez más difícil de cuadrar. Inicialmente se quería haber cerrado esta venta este mismo año para que el dinero estrara en las cuentas del próximo ejercicio, pero se ha considerado "más ventajoso" intentar una única operación con un comprador interesado en el paquete completo, "por unos 300 millones de euros".

El pago de la luz y el agua

Más allá de financiación, en el Consejo de Gobierno se ha hablado de la propuesta de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de pagar la luz y el agua a las familias que no tengan capacidad para asumir estos servicios básicos, en principio los más de 50.000 perceptores del salario social. De momento, aunque el consejero del ramo, Diego Valderas, habría querido ver incluido este decreto en el orden del día, sólo ha conseguido que se haya elevado un informe, avalado por expertos de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, para respaldar la medida. El portavoz, que no querido dar detalles del informe, ha dicho que el compromiso ha sido estudiar este informe para tomar la medida adecuada llegado el momento.

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