Tres días de juicio de los ERE: el afán del PP, la venganza de los abogados y la resurrección de Alaya
Y al tercer día, resucitó. El juicio de la pieza política del caso de los ERE que arrancó esta semana y que ya se retomará el 9 de enero deja la sensación, más allá de 'la foto' de los acusados llegando a la Audiencia de Sevilla (recordemos, dos expresidentes de la Junta, seis exconsejeros y otros 14 exaltos cargos), de pérdida de un tiempo precioso que se podía haber ocupado en lo que estaba previsto: el planteamiento y la resolución de las denominadas cuestiones previas antes de la práctica de la prueba. Sin novedades y todo envuelto en un lenguaje judicial, técnico y económico de difícil comprensión, la irrupción de la que fuera instructora de la causa durante cuatro años y medio sirvió para sacar del letargo a más de uno.
“El tribunal está ganando tiempo para que las magistradas estudien la causa en las navidades”. Lo dice sin tapujos uno de los abogados defensores, que cree que el hecho de que las juezas Pilar Llorente y Encarnación Gómez no fueran liberadas por el CGPJ para centrarse en los ERE hasta el mismo día antes del inicio del juicio les ha impedido conocer en profundidad el caso. Este letrado descarta que los acusados se hayan tomado su particular venganza con la lectura de extractos de los escritos de la defensa, algo no especialmente habitual en juicios de este tipo, después de que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, íntegra, y el Partido Popular, solo en parte, dieran rienda suelta a su tesis acusatoria con la lectura de sus escritos.
En ellos, durante la primera sesión del juicio, se sacaba a relucir el contenido de los supuestos delitos de los 22 acusados. Por ser acusación pública, era normal que se leyera la acusación de la Fiscalía, pero cuando le tocaba el turno al PP, los dos letrados que representan al partido optaron por que también se procediera a leer una gran parte de su escrito, argumentando que la calificación jurídica de los hechos era en parte distinta, principalmente al incluir un delito de asociación ilícita en los acusados, como causa explícita de lo que entienden como una 'trama' política para la comisión del fraude.
Quizá fue la lectura de esta segunda acusación (ya que Manos Limpias se adhirió al escrito de los fiscales) la que pudo provocar que los acusados, según ha confesado algún letrado, le dijeran a sus abogados que contrarrestaran con sus escritos de defensa. “Si me están llamando de todo durante toda una mañana, también hay derecho a decir públicamente mi defensa”, explica uno de los que siguió la petición de su cliente. Y así todo, ninguno se quiso quedar fuera salvo los que no presentaron escrito de defensa en el juzgado, como el exdirector de Trabajo Javier Guerrero. Pudo ser el afán del PP por que se diera lectura a parte de su escrito o las ganas de los acusados de ofrecer su versión, pero no eran esos los planes del tribunal.
El caso es que toda la expectación mediática que había levantado el juicio, no tanta entre los habituales espontáneos de los juzgados o ciudadanía en general con ganas de reproche al político, se vino un poco abajo durante ya aquella mañana y los dos días siguientes en las sesiones de unas cinco horas cada una. Se estuvieron relatando escritos ya conocidos por las partes y por los medios, que han trasladado los argumentos de las defensas de la manera más comprensible posible. Al letrado de la Administración de Justicia, cuya voz acaparó la primera jornada de juicio, le sustituyeron los abogados, pero el tono plano no varió. Las defensas, recesos mediantes, se tomaban cumplida venganza del primer día de acusaciones y la sala habilitada de prensa se fue vaciando día a día.
Todo ello a raíz de una mala organización por parte del tribunal, que había previsto tres días para las cuestiones previas, que ya se retomarán el 9 de enero antes de iniciar por fin, con unos días en medio para resolver las cuestiones previas, los interrogatorios de los acusados. Pero el gasto de tiempo y dinero en desarrollar una pura formalidad, por muchas garantías procesales que se aleguen, no ha tenido especial sentido para nadie. Los últimos intentos del presidente del tribunal, Juan Antonio Lacalle, para continuar por las tardes o durante la siguiente semana con el juicio, con lo difícil que ha sido poner de acuerdo a 21 reconocidos abogados, resultaron lógicamente imposibles.
Uno a uno, los abogados de los exaltos cargos andaluces fueron recordando los argumentos que llevan años alegando ante el juzgado instructor. Según fuera su cometido en la Junta de Andalucía (tramitación de las ayudas, participación en la modificación presupuestaria, pago de las subvenciones,…) y el departamento para el que trabajaban, han ido tratando de rebatir la tesis acusatoria, coincidiendo básicamente que no hubo un plan preconcebido, que no supieron que estaba haciendo la consejería de turno y que no hubo conocimiento generalizada de esa supuesta trama urdida para ocultar la concesión de las ayudas como afirman contundentes las acusaciones.
Está claro que el juicio tendrá de nuevo sus picos de audiencia con las declaraciones de los principales acusados pero de no ser por la reaparición de la jueza Alaya el tercer día el asunto hubiera pasado bastante desapercibido más allá de la novedad del primer día. Ya entonces la jueza, que trabaja desde el verano de 2015 en la Audiencia de Sevilla, quiso entrar apenas un minuto después de la hora en la que estaban citados los 22 acusados. No solo eso, al día siguiente tenía una conferencia en Valencia y no pudo dejar de hacer referencia a la causa. Y no de cualquier manera.
Primero, aunque dijo tener “la mejor” de las sensaciones ante el juicio, afirmaba sentir “una incertidumbre fea” sobre la sentencia en segunda instancia que pudiera dictar a posteriori la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia andaluz. Defendió su “exhaustiva” instrucción llevada a cabo desde 2011 y el hecho de que haya “muchísima prueba documental” con elementos “irrefutables” que la avalan, pero advirtiendo sobre la politización de la justicia en general y en este caso en particular.
Venía a insiuar de alguna forma que el TSJA podría absolver a los exaltos cargos andaluces tras la sentencia que se dicte de los ERE. Pero lo cierto es que la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal andaluz solo puede conocer los recursos de causas incoadas a partir del 6 de diciembre de 2015, según la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales.
Esa norma establece que la segunda instancia penal en los TSJ autonómicos será de aplicación solamente en procedimientos incoados con posterioridad a esa fecha y, cabe recordar, los ERE se empezaron a investigar en enero de 2011 y, en todo caso, la pieza específica del 'procedimiento específico' se abrió en noviembre de 2015, siempre antes de que entrara en vigor la reforma normativa.
