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Marín respeta la decisión del TC sobre las 35 horas pero cree que “no es el mejor momento” por la negociación del PGE

Marín respeta la decisión del TC sobre las 35 horas pero cree que "no es el mejor momento" por la negociación del PGE

Europa Press

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El presidente y portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha trasladado este viernes su “respeto absoluto” por la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y anula el decreto de la Junta sobre la jornada de 35 horas, si bien ha considerado que “no es el mejor momento para tener esta noticia por la negociación que se está dando a nivel nacional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018”.

Así se ha pronunciado Marín, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, después de que el Pleno del TC haya estimado el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley 5/2016 de la Junta por el que se regula la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Junta, reduciendo a 35 horas semanales dicha jornada, de forma que el TC ha anulado dicho decreto.

A juicio de Marín, esto es “una mala noticia en el momento que nos encontramos, cuando el Gobierno central negocia unos PGE que pretende incorporar este asunto”.

Tras reseñar el “respeto absoluto” de su partido a las decisiones judiciales, “más del TC”; el líder andaluz de Cs ha afirmado que “tendremos que acatar lo que dice la Justicia, pero también tendremos que analizarlo desde el punto de vista a nivel andaluz”.

Así, Marín ha considerado que “no es el mejor momento para tener esta noticia precisamente por esa negociación a nivel nacional a la hora de poner en marcha un presupuesto para el 2018 que solucionen este asunto”, ha zanjado.

El TC considera que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa comunidad autónoma, este decreto-ley “vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con el voto particular del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, que discrepa de la fundamentación de la sentencia y del fallo.

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