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La venta de suelos de Mercasevilla, a los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento

La Fiscalía de Sevilla pide dos años de cárcel para los diez acusados, entre ellos el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos

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La juez Núñez dice que no son "elegantes" las formas utilizadas por Alaya

EFE

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha enviado este miércoles al decanato la causa del "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla con el fin de que un Juzgado de lo Penal enjuicie a los diez acusados, entre los que se encuentran el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos, o el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet.

En una providencia fechada este mismo miércoles, consultada por Europa Press, la juez señala que, "visto el estado que mantienen las presentes actuaciones", la causa debe ser enviada al decanato para "ser turnada al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, competente para el enjuiciamiento y fallo de las mismas, conforme a las actuales normas de reparto". Alaya daba por cerrada la instrucción el pasado abril, abriendo juicio oral contra un total de diez personas, entre ellas Torrijos, Mellet, el exasesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, o el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.

Asimismo, abrió juicio oral contra la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.

La instructora atribuye a todos ellos un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación.

La magistrada considera que el delito de fraude y exacciones ilegales "se habría cometido al haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla un concierto previo" entre los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".

Sobre el delito de prevaricación, la juez indica que se habría producido porque, "a sabiendas", los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público".

"OFERTAS DE RELLENO"

Es decir, dicha preparación se llevaría a cabo "desde la elaboración del pliego con la ideación de las cláusulas más controvertidas y que éstas no aparecieran en la reunión de la Comisión Ejecutiva de 8 de noviembre de 2005 --donde el pliego se explica con detalle--, como en la valoración favorable a la entidad Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor de dicha entidad".

De igual modo, la juez abrió juicio oral contra Mellet, Torrijos, Crespo, José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano por un delito societario --los dos últimos como cooperadores necesarios en su condición de extraneus--, ya que "los anteriores cargos públicos integrantes de órgano de administración de Mercasevilla, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad".

La juez, que impuso a los acusados una fianza solidaria de 33.250.000 euros luego anulada por la Audiencia Provincial de Sevilla, archivó la causa contra los ex gerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, la subjefa de Licencias Urbanísticas Emilia Barrial Chamizo, la ex jefa de Licencias María Isabel Evans y el arquitecto Alberto Balbontín Abad.

Hay que recordar que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados.

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