La directora de Trabajo de Aznar defiende la legalidad de las ayudas estatales cuya fórmula es similar a los ERE

La directora general de Trabajo del Gobierno español entre 1991 y 2004 Soledad Córdova ha defendido la legalidad de las ayudas que el Ejecutivo concedió entre 2003 y 2005 durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva y que el juzgado de los ERE está investigando. Córdova ha declarado como investigada en esta pieza separada de la causa por espacio de 50 minutos ante la jueza María Núñez Bolaños y ha señalado que el Gobierno central siguió el procedimiento establecido en la orden ministerial de 1995 para conceder las ayudas de forma directa, cumpliendo con los requisitos formales, con una fiscalización previa y de forma legal.

Córdova, que en 1994 y 1995 participó en la gestación de la normativa para la concesión de ayudas a trabajadores, no ha querido entrar en detalles acerca del proceder de la Junta de Andalucía en las ayudas que ambas administraciones cofinanciaban, como es el caso, y se ha limitado a defender el proceder del Estado en cuanto a que los trabajadores que se acogieron a las ayudas cumplían con los requisitos necesarios, según diversas fuentes consultadas. “El problema está en la forma de otorgarse”, ha apuntado una de las acusaciones.

En su declaración, a puerta cerrada como la del resto de los investigados, también ha incidido en que estas ayudas eran excepcionales, se concedían de forma directa, sin concurso ni publicidad, como ha reconocido el Gobierno en el reciente informe remitido al juzgado. Esta circunstancia le ha valido a algunas defensas para apuntar que de sus manifestaciones “se puede trasladar dicha pulcritud a los expedientes tramitados por la Junta de Andalucía”, según ha comentado un abogado durante uno de los recesos entre declaración y declaración, añadiendo que “la orden del 95 era perfectamente aplicable por la Junta de Andalucía”.

Algunas defensas, que vienen insistiendo en la similitud en los procedimientos de concesión de ayudas por parte del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, entiende que Córdova ha venido a decir que el Gobierno andaluz también era competente y estaba facultado para conceder de igual manera las ayudas. Ni Córdova ni su abogada han querido aclarar a los medios si la investigada ha entrado en el detalle de las formas usadas por la Junta, reconociendo eso sí que ambas administraciones podían hacerlo de manera discrecional, sin concurso ni publicidad, pero sin entrar en valorar si lo hizo con aplicación de la citada orden ministerial o de alguna otra forma. “Todo lo que tenía que aclarar lo he aclarado ante la jueza”, se ha limitado a comentar Córdova.

La cuestión estriba en que para las acusaciones el marco legal del que se sirvió el Gobierno central (la orden ministerial de 1995) no amparaba a la Junta de Andalucía para la concesión de las ayudas puesto que no se servía de la misma para su tramitación y aprobación, actuando de forma unilateral. Es decir, el Gobierno andaluz tenía competencias para otorgar ayudas de forma directa pero ni hizo mención a lla citada orden y, además, pudo incurrir en determinadas irregularidades como la inclusión de 'intrusos' con base a un procedimiento propio, sin apoyarse en la orden del Ministerio habilitada para la concesión de estas ayudas.

“El marco legal es el mismo”

Carmen de Miguel, la otra exalto cargo del Gobierno de José María Aznar citada esta lunes para declarar como investigada (eran seis personas las que estaban citadas este martes), ha corroborado lo dicho por Córdova, que las ayudas del Estado fueron otorgadas conforme a la orden del 95 como así lo recogieron los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado y el atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En ese punto, una de las defensas considera que la UCO erró al entender que las ayudas concedidas a personas por debajo de 55 años eran ilegales pero, según apunta, ambas administraciones estaban legitimadas para ello ya que el convenio establecido disponía que las ayudas fueran para personas de más de 50 años. “El marco legal es el mismo”, insisten estas defensas, que defienden que tanto la Junta como el Gobierno estaban legitimados para su concesión. “Si no no se hubieran sentado en la misma mesa a confianciar las mismas ayudas”, sentencian.

Las versiones sobre lo ocurrido en la sala difieren en cuanto al contenido de la declaración de Córdova. En lo que sí coinciden las fuentes es en apuntar que la jueza Bolaños ha participado con alguna pregunta concreta y que el fiscal no ha planteado en este caso ninguna cuestión al estar pendiente de un recurso contra el auto de apertura de la pieza. Un abogado ha apuntado que la Fiscalía “sabe que detrás de estos expedientes estuvo la Subdelegación del Gobierno en Huelva” y no ha querido entrar porque “aquí no hay ilegalalidades”.

Carbonero, “tremendamente indignado”

Antes que Córdova y De Miguel ha declarado como investigado el exsecretario general de CCOO-A Francisco Carbonero, quien ha mostrado su confianza en que la jueza archive su imputación en esta pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, sentenciando rotundo que “nunca” participó “en nada”, “nunca firmé papeles, nunca firmé ningún cheque”.

Tras declarar como investigado por espacio de diez minutos, Carbonero ha comentado a la prensa que ha contestado a las preguntas de la instructora y de su propio abogado, asegurando que, “más que preocupado, estoy tremendamente indignado por verme en esta situación”. “Eso lo gestionaban las administraciones”, ha dicho a varios periodistas, “no tengo nada que ver en estos procesos”.

“Lo que le he dicho a la juez es ni más ni menos lo que ha sucedido, nunca participé de nada, nunca firmé papeles, nunca firmé ningún cheque, nunca supe ni tan siquiera las ayudas ni las personas ni estuve en ninguna reunión de ERE de nada”, ha puesto de manifiesto Carbonero, que ha resaltado que la Fiscalía Anticorrupción no le ha formulado pregunta alguna.

La jueza ha escuchado también a Begoña Abdelkader, trabajadora sindical en UGT, a Manuel Chaves Castilla en su condición de secretario de Organización de FIA-UGT Andalucía en 2004, y a un 'intruso'. De igual modo, la instructora ha citado a declarar este próximo jueves como investigado al exsecretario general de UGT-A Manuel Pastrana, que ha solicitado la suspensión de la comparecencia dada la “grave” enfermedad que padece y que le imposibilita desplazarse al Juzgado. La pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica se dirige en total contra 25 personas.