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A juicio los exdelegados del PP en la Zona Franca de Cádiz: claves del caso

Hoy se celebra la primera sesión del juicio por el caso Rilco, que investiga las irregularidades cometidas en la Zona Franca de Cádiz durante los años de Gobierno de Aznar.

Los exdelegados del PP en el consorcio público Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna están acusados de varios delitos, entre ellos, malversación, fraude y falsedad documental, y se enfrentan a penas de prisión.

La acusación sostiene que Rilco, que debía ser una plataforma digital puntera para el comercio con América, fue una tapadera para derivar fondos públicos a las cuentas de Rodríguez de Castro.

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El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz declara como imputado por malversación

El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz declara como imputado por malversación

La tormenta judicial sobre la Zona Franca (ZF) de Cádiz alcanza desde hoy su máxima intensidad con el inicio del juicio del 'caso Rilco'. Han pasado más de diez años desde las primeras denuncias por irregularidades en la gestión del consorcio público. Dos exdelegados especiales del Gobierno del Partido Popular en ZF, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, se sientan en el banquillo para responder ante las acusaciones de delitos de fraude, falsedad documental, malversación de fondos, prevaricación (sólo Rodríguez de Castro) y encubrimiento (sólo Osuna). La Fiscalía pide penas de hasta 10 y 13 años de cárcel para cada uno de ellos, además de sanciones millonarias, al considerar que Rilco, una plataforma de comercio electrónico que debía convertirse en una autopista de negocios entre Europa y América, fue en realidad una tapadera para desviar dinero público a bolsillos de particulares.

El juicio por corrupción más importante del último decenio en Cádiz comienza avivado por el Tribunal de Cuentas, que la semana pasada ratificó la sentencia que condena a ambos exdelegados designados por el PP a la devolución de 4,3 millones de euros por las mismas irregularidades que ahora se enjuiciarán por la vía penal. PSOE e IU, como en los últimos diez años, reclaman responsabilidades políticas a Teófila Martínez (PP), alcaldesa de Cádiz y presidenta de ZF, en los escándalos del Consorcio, mientras que ella esquiva cualquier implicación en este asunto. El pasado viernes aseguró no tener "ni idea" de la última sentencia del Tribunal de Cuentas y subrayó que es presidenta del pleno del Consorcio porque es alcaldesa de la ciudad. "No tengo responsabilidad ejecutiva", insistió.

1. El caso

Rilco Red Iberoamericana de Logística y Comercio sería "una de las iniciativas más importantes de lo que el Gobierno de Aznar llamó Plan XXI de las Tecnologías de la Información" si atendiéramos a la defensa con la que su creador, el exdelegado de Zona Franca (1996-2001) Manuel Rodríguez de Castro, trufa su currículum oficial en la red. Las siglas, sin embargo, dan nombre a uno de los mayores escándalos en la gestión pública de la historia de la provincia, cuyas responsabilidades se dirimirán a partir de hoy en la Audiencia Provincial de Cádiz.

Rodríguez de Castro ideó la puesta en marcha de Rilco en 1998. Mientras se inflaba la primera gran burbuja de las puntocom, este portal de comercio electrónico aspiraba a facilitar la generación de negocio entre España y América eliminando burocracia y creando un entorno comercial seguro.

El proyecto, sin embargo, resultó ser un pufo. Funcionó de forma embrionaria, estuvo plagado de irregularidades y provocó un agujero en las cuentas de ZF, de las que se desviaban fondos a los negocios del propio Rodríguez de Castro en América, según sostiene la investigación judicial.

La investigación judicial mantiene que ZF, bajo firma de Rodríguez de Castro, adjudicó el contrato de 4,2 millones de euros para la creación de Rilco a una empresa, Miami Free Zone, sin las capacidades tecnológicas oportunas y creada de forma expresa para esta concurrencia por dos socios comerciales del propio exdelegado, los estadounidenses de origen colombiano Germán y Camila Leyva. Zona Franca, Rilco y Miami Free Zone se convirtieron entonces en vasos comunicantes para que el capital público acabara engrosando el patrimonio personal de Rodríguez de Castro, que supuestamente preparaba un colchón sobre el que reposar tras su salida del ente público prevista para 2000.

Rilco continuó su desarrollo ficticio incluso tras la dimisión de Rodríguez de Castro en 2001. Su sucesor al frente del Consorcio, Miguel Osuna, siguió liberando pagos millonarios de la operación. Él sostiene que nadie le advirtió de que no debía hacerlo, pero el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que su conducta fue "gravemente negligente", postura que comparte la Fiscalía.

2. Los protagonistas

Manuel Rodríguez de Castro, principal imputado, sería un emprendedor modélico, un empresario de extraordinarios logros y un hombre notable en las filas del PP durante años si atendiéramos al currículum de 1.800 palabras que su entorno difundió en la red en 2008. Su historia, sin embargo, está bajo la enorme sombra de los desmanes supuestamente cometidos en la ZF durante sus años de gestión (1996-2001) en el Consorcio, al que llegó aupado por la alcaldesa de Cádiz y por el exvicepresidente Rodrigo Rato pese a ser un desconocido en la provincia.

El 19 de febrero de 2001, Rodríguez de Castro anunció su dimisión de ZF, ahogado por la presión, tras hacerse públicos algunos aspectos escandalosos de su gestión y detalles de su ritmo de vida, en el que se autoconcedía tratamientos de algo cargo de Estado. Entre ellos: coches oficiales, limusinas en el extranjero, facturas de miles de euros en hoteles, viajes, comidas, regalos y gastos privados cargados en tarjetas a cuenta del Consorcio que no pudo justificar.

Miguel Osuna sucedió a Rodríguez de Castro al frente de Zona Franca. Este inspector de Hacienda dejaba atrás el cargo de subdelegado del Gobierno en Cádiz para hacer borrón y cuenta nueva en la gerencia del Consorcio. Contaba con la confianza de la presidenta de ZF, Teófila Martínez, que necesitaba crédito tras la apuesta fallida por Rodríguez de Castro.

Osuna acabó con el culto a la personalidad de su antecesor pero no puso fin a la gestión irregular de los fondos del Consorcio. Así lo sostienen la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. Este último ha desgranado la conducta "gravemente negligente" del exdelegado especial en su sentencia condenatoria, contra la que ya sólo cabe recurso ante el Supremo.

Osuna, al contrario del defenestrado Rodríguez de Castro, sigue contando con el apoyo férreo del Partido Popular, que defiende que "no se llevó ni un euro" de este consorcio público y que "ha demostrado a lo largo de su carrera que es un magnífico y solvente gestor público". "Tanto antes como ahora goza de toda la confianza del Ayuntamiento, de la alcaldesa y del PP".

La defensa de Osuna no es sólo verbal y moral, también económica: el PP paga su abogado. "Es un militante del PP y como militante del partido tiene ese respaldo", ha defendido esta semana Sanz, a pesar de que tanto el Tribunal de Cuentas, en su sentencia, como la Fiscalía, en su escrito de acusación, cargan de forma taxativa contra la labor de Osuna y argumentan que tenía cumplido conocimiento de lo que ocurrió en el Consorcio antes de su llegada.

3. El juicio

Rodríguez de Castro y Osuna capitalizan la petición de penas de los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, en representación de Zona Franca, y el PSOE, que ejerce la acusación particular. Las del ministerio fiscal son las más duras. Para el creador de Rilco, solicita 10 años de cárcel por un delito continuado de fraude en la obtención de ayudas públicas y por prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos. Para Osuna, la petición se incrementa hasta 13 años, al sumar carga por haber pagado supuestamente la mayor parte del contrato a Miami Free Zone y por haber encubierto los desmanes de su antecesor.

Los dos socios de Rodríguez de Castro en América, los creadores de Miami Free Zone, se enfrentan a penas de 8 años de prisión, mientras que para los dos directores de Rilco vinculados a Rodríguez de Castro, Rafael Ortiz y José David Sánchez, la Fiscalía pide 5 años.

Manuel Rodríguez de Castro mantiene actividades empresariales y ha vivido en los últimos años en Madrid. Antes, en algunos países centroamericanos. Osuna está retirado de la vida política. El lunes, el inspector de Hacienda acudió al juzgado para declarar sobre el caso Quality Food, otro escándalo en la gestión de Zona Franca en la que está imputado por malversación de caudales públicos. Estuvo tres horas ante la juez. "No me he dejado nada dentro", dijo a su salida. Tenía por delante sólo una semana para recuperarse antes del inicio del juicio de la década.

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