El exinterventor de la Junta reitera que advirtió de las irregularidades detectadas en la adjudicación de ayudas de los ERE

El abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, acusado junto a otros 21 ex altos cargos por el denominado procedimiento específico de los ERE, ha insistido este viernes en que su patrocinado “no omitió actuación debida alguna” y realizó “numerosos” informes para “alertar” de las irregularidades administrativas detectadas en los procedimientos de adjudicación de subvenciones y ayudas por parte de la Consejería de Empleo.

En la tercera sesión del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el abogado del ex interventor general, José Rebollo, ha procedido a la lectura de algunos pasajes de su escrito de defensa, donde solicita la libre absolución de su patrocinado al entender que no ha cometido delito alguno.

En su escrito de defensa, el letrado apunta que su patrocinado “plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de adjudicación de ayudas, y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a dichas irregularidades”, de forma que “no omitió, en el cumplimiento de sus funciones como interventor, acción alguna impuesta por ley”.

A su juicio, del hecho de que conociera por razón de su labor de intervención que había irregularidades en el proceso de concesión de las ayudas “no puede desprenderse que conociera el destino final de los fondos adscritos a las mismas, y mucho menos que hubiera por su parte un ánimo de lucrar a terceros”, agregando que la irregularidad administrativa “puede ser causa de anulabilidad o de nulidad de pleno derecho, pero no necesariamente de la comisión de una infracción penal como prevaricación o malversación”.

Rechaza “connivencia”

Al hilo de ello, y en su escrito de defensa, el letrado tacha de “incongruente” afirmar, por un lado, que su patrocinado denunció en reiteradas ocasiones y a través de sus informes la irregularidad del sistema establecido y los riesgos que el mismo entrañaba y que, al mismo tiempo, “se le atribuya una suerte de connivencia con los autores materiales de la malversación para que estos consiguieran su ilícito y en ese caso común propósito”.

“Carece por completo de sentido que se considere que hubo connivencia con quienes supuestamente dispusieron de forma indebida de caudales públicos, precisamente de la persona que expuso en distintos informes remitidos a los órganos competentes la detección de irregularidades”, apostilla el abogado, que asevera que a Manuel Gómez no se le puede imputar “el resultado de la inacción de otros por dejación del ejercicio de competencias que no le eran propias”.

Por su parte, el abogado del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, aseguraba anteriormente a la prensa que “es absolutamente falso que se haya apuntado por parte de su defensa a una hipotética responsabilidad” de Manuel Gómez.

En declaraciones a los periodistas ha querido desmentir “rotundamente” este extremo “en nombre” de su patrocinado y ha subrayado que “es absolutamente falso que se haya apuntado por parte de su defensa a una hipotética responsabilidad” del ex interventor general. “Eso es falso, porque además se partiría de una base que consistiría en pensar que existe un procedimiento específico del que se deriven responsabilidades penales, y como nosotros pensamos que no se deriva de ese procedimiento específico responsabilidad penal, no sólo de Griñán o de Manuel Chaves, sino tampoco del interventor, es absurdo que se diga eso”, ha indicado José María Mohedano.

“No lo hemos dicho y lo queremos desmentir rotundamente, se parte de una base de la que nosotros no partimos, y es que alguien pueda tener responsabilidad penal por ese llamado procedimiento específico”, que, según ha afirmado, “es el mismo que utilizan todas las administraciones del Estado, no sólo las comunidades autónomas, sino la Administración General del Estado”. El abogado de Griñán ha añadido que así “se ha puesto de manifiesto” en el informe del Ministerio de Trabajo sobre los ERE de la Faja Pirítica de Huelva.

Próximas fechas

En la jornada de este viernes también se ha procedido a la lectura parcial de los escritos de defensa de los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá, de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, y de Economía José Salgueiro, así como de los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

También se ha leído el escrito de defensa elaborado por el abogado del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, mientras que el letrado del ex director general de Trabajo Juan Márquez ha renunciado a la lectura de su escrito. El abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, por su parte, ha recordado que optó por no presentar escrito de defensa como “estrategia procesal”.

Una vez concluya la lectura de los escritos de defensa, y según ha anunciado el magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, el juicio se retomará el día 9 de enero de 2018 con las cuestiones previas porque “no hay opción” de habilitar más sesiones la próxima semana a tal efecto, como había planteado al inicio de la jornada, al tener algunos de los letrados otros señalamientos en otras provincias. Una vez se resuelvan, comenzarán los interrogatorios de los acusados.