Una sentencia deja a dos discapacitadas sin poder salir de su casa
Margarita Escorihuela habla de dignidad para sus hijas, Miriam y Alba Escuín, dos jóvenes discapacitadas que ven la vida desde una silla de ruedas. Las dos se despedían ayer de los vecinos y familiares que habían acudido a apoyarlas, sin saber, decían, cuando volverán a la calle.
Lo hacían justo antes de subir por el elevador que se ha comenzado a desmontar hoy, y que hasta ahora las llevaba a la primera planta de la vivienda unifamiliar de Teruel que comparten con sus padres y otra hermana. Además de conectarlas con el resto de la ciudad.
Con el derribo se cumple finalmente la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel del 25 de febrero de 2013, en la que el magistrado daba la razón a un vecino que denunció la obra.
La sentencia recoge que, tal y como atestiguaron los peritos y testigos durante el juicio, el elevador “crea nuevas zonas de sombra” en el edificio colindante y “le limita las luces y vistas de las que disponía”.
Considera también que “altera un elemento común”, al estar construido por fuera de la vivienda y “limita el derecho de propiedad de uno de los vecinos”. A ello se suma, resalta la sentencia, que la obra se ha realizado “sin trámite alguno”.
La familia Escuín niega que no se pidieran permisos, de hecho ayer repartían a los periodistas copias de la licencia de obras, al tiempo que insistían de nuevo en que sometieron al dictamen de la comunidad de vecinos la realización del proyecto.
El problema es que el elevador se construyó por fuera de la casa y no por dentro. Ese es el argumento principal del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Teruel, que desestimó el pasado mes de marzo la demanda con la que la familia quemaba el último cartucho para evitar el derribo.
El magistrado consideraba que una plataforma elevadora “es necesaria para la habitabilidad de las demandantes discapacitadas físicas”, pero no “con las características” del actual. Según las pruebas periciales aportadas en el proceso judicial, “cabe la posibilidad técnica de construir el ascensor por el interior de la vivienda”.
Reconoce la sentencia, no obstante, que la medida “será más costosa” e incluso puede requerir tomar “especiales medidas de refuerzo”, aunque “no habría inconveniente técnico para ejecutar una plataforma elevadora desde el interior de la vivienda”.
La familia pagó 20.000 euros para construir el ascensor y 7.000 por el derribo
Y eso reprocha la familia, que se habla de cuestiones técnicas pero no de humanidad. Entre tanto, denuncian, han sufragado con 20.000 euros la construcción del ascensor y con casi 7.000 el derribo.
Además del coste del nuevo elevador al que tendrán que hacer frente, aunque aprovechara la mecánica del actual, la madre de las jóvenes pone en duda que la casa resista la construcción por dentro, por la estructura del edificio y también porque en caso de incendio o emergencia no serviría para sacar de allí a sus hijas. Y trasladarse a otra vivienda no es una opción que barajen ahora.
De momento, “Miriam y Alba están cerradas en casa, Dios quiera que no pase nada” dice Margarita muy afectada, porque denuncia que la única manera que tienen de salir es bajándolas con las sillas por unas escaleras estrechas o descolgándolas con una cuerda: “¿Es esa una manera digna de tratar a mis hijas?” Se pregunta.
También apelan a la dignidad Miriam y Alba en un comunicado en el que se quejan de que no han tenido un plazo para tener otra alternativa de acceso disponible, pese a que en unos días van a proponer un nuevo proyecto de elevador a la junta de vecinos: “Somos personas, no un bulto que se puede bajar por las escaleras y si se rompe se compra otro”.
