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Una sentencia pionera en Catalunya reconoce el derecho a la educación inclusiva

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya obliga a escolarizar en un instituto a un alumno al que la Generalitat quería enviar a un centro de educación especial

Este es un artículo publicado en El Diari de l'Educació

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Gerard irá finalmente al instituto de su municipio

Gerard irá finalmente al instituto de su municipio

Gerard F. M. es un alumno con necesidades educativas especiales que hace Segundo de ESO en el instituto Eugeni Xammar de la Ametlla del Vallès, en la provincia de Barcelona. Tiene 14 años, y de momento los estudios le van bien, de acuerdo con su Plan Individualizado (PI). También fue satisfactorio su aprendizaje a lo largo de Primaria, que cursó en la escuela de esta localidad barcelonesa. Pero cuando tras acabar Sexto de Primaria, Gerard y sus padres chocaron con la misma señal de salida con la que se encuentran muchas familias con hijos con discapacidades antes de dar el salto al instituto: un dictamen del Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP) donde se decía que Gerard no podía continuar escolarizado en un centro ordinario, sino que, por su bien, debía ser derivado a un Centro de Educación Especial (CEE). Aquí empezó una lucha de más de dos años de la familia de Gerard que se acaba de saldar con una sentencia pionera del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la que se reconoce el derecho del joven a recibir una educación inclusiva.

La sentencia 794 de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, de 9 de noviembre de 2015, lo que hace es desestimar el recurso presentado por la Generalitat ante una sentencia anterior, dictada por el juzgado de lo contencioso número 17 de Barcelona el 25 de septiembre de 2014, en la que ya se fallaba a favor de la escolarización de Gerard en el instituto ordinario. Esta primera sentencia llegó con el curso 2014-15 iniciado, y Gerard lo había tenido que empezar en su casa porque sus padres habían decidido no llevarlo al centro de educación especial de Granollers al que le quería enviar la Administración. Una medida extrema pero no inédita. En España hay más de un niño que lleva años estudiando en casa porque su familia no acata la determinación administrativa de conducirlo inexorablemente a la red escolar segregada.

En el caso de Gerard, sin embargo, sólo fueron unas semanas. El juez fue rápido, y consideró que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación española y catalana –en la sentencia se refería sobre todo a artículos de la LOE y de la Ley de los Derechos y Oportunidades de la Infancia y la adolescencia de Catalunya– pesaban más que un informe del equipo psicopedagógico que ni siquiera veía suficientemente motivado. En otras palabras, el juez entendía que si toda la legislación reciente establece el principio de inclusión como norma general y la escolarización en un centro especial sólo como excepción, en el caso de Gerard la Administración no había acreditado que seguir la norma fuera inviable. Y falló que siguiera escolarizado en un centro ordinario con los mismos apoyos que había recibido hasta entonces –todas las horas lectivas con apoyo de una cuidadora–.

Pero la Generalitat recurrió, haciendo hincapié en un nuevo argumento, extraído de una sentencia del Tribunal Constitucional que para un caso similar en Castilla-La Mancha había fallado a favor de la Administración educativa. Según este argumento del TC, que la Generalitat hacía suyo, el derecho de inclusión decae cuando conlleva una "carga desproporcionada" en cuanto a los medios que debe invertir la Administración. Pero nuevamente aquí el TSJC consideró que en el caso de Gerard no se ha demostrado que los ajustes que se deben hacer sean desproporcionados, por lo que desestima el recurso de la Generalitat. Curiosamente, el tribunal falla en contra del criterio de la fiscalía, que se había posicionado a favor de la apelación, si bien en el primer procedimiento la fiscalía de menores había apoyado la posición de la familia.

La Fundación Gerard

Años atrás, en 2010, la familia de Gerard había constituido una fundación que lleva su nombre, Fundación Gerard, y que entre otras cosas se dedica a defender los derechos de los menores a recibir una educación inclusiva, no sólo en Catalunya sino en todo el Estado. Su tía, Carme Fernández, es la directora de la Fundación Gerard, y dada su profesión de psicóloga ha estado desde siempre muy implicada en la educación de su sobrino. "Con un buen plan de intervención todos los niños pueden estar en un entorno ordinario si este entorno es favorable", afirma.

En el caso de su sobrino, Carme Fernández tiene atravesados especialmente dos momentos. El primero fue una reunión muy tensa que tuvo lugar en los servicios territoriales del departamento de Educación de su zona (Barcelona-Barcelona) en febrero de 2014, cuando el EAP ya había decidido que el destino de Gerard debía ser un centro especial. Allí la familia tuvo que escuchar todo el corolario de argumentos sobre por qué un niño como Gerard no puede estar en una Secundaria ordinaria. Son argumentos que se verbalizan, pero no se ponen por escrito. Cosas como que el profesorado de secundaria va a la suya, que los adolescentes son muy crueles o que la distancia entre Gerard y el resto es muy grande y que por lo tanto no se podrá relacionar con nadie. La familia, sin embargo, no claudicó. Uno de los motivos por los que tenían claro que querían llevarlo al instituto del pueblo era precisamente para que siguiera con los mismos compañeros con los que había crecido y convivido durante nueve años.

El segundo momento se produjo durante el procedimiento judicial. Asegura Fernández que la Generalitat llamó a declarar a la última tutora de primaria del niño, que acudió con un papel donde tenía escritas las respuestas que tenía que leer. "Primero dijo que su nivel curricular estaba a años luz de sus compañeros, lo cual es irrelevante porque por algo tiene un Plan Individualizado -afirma la psicóloga-, pero lo que más nos dolió es que mintió: dijo que Gerard no se comunicaba ni interaccionaba con el resto, pero nosotros aportamos otros testigos que acreditaron lo contrario, que a su manera sí interactúa y se comunica". La Fundación Gerard ha desarrollado un método para ayudar a que las personas no verbales, con Trastorno del Espectro Autista (TEA) como Gerard, no sólo puedan pedir cosas a través de pictogramas sino construir frases más complejas. Lo llaman FACIL-SAAC y se puede encontrar en su web.

En estos momentos Gerard sigue todas las clases no sólo en el instituto, sino en el aula ordinaria. En el Eugeni Xammar de la Ametlla del Vallés no hay USEE –unidades de apoyo a jóvenes con discapacidad dentro de los centros ordinarios– y, según explica Fernández, "si lo hubiera habido no habríamos aceptado que estuviera la mayor parte del tiempo en un aula especial y no en la ordinaria, la que le toca". Ahora, gracias a una comunicación fluida con los diversos profesores a través de la cuidadora, Gerard asiste a todas las clases y sigue el programa, con las adaptaciones que prepara la Fundación y que también se pueden encontrar en la web, sean de la materia que sean. "Si en clase están trabajando el Lazarillo de Tormes él también, con material adaptado y otros objetivos, y si hacen Física y Química exactamente igual, con el centro hay buena sintonía y la verdad es que lo vemos más feliz que nunca", explica Fernández. "No queremos que trabaje aspectos únicamente funcionales, que obviamente son importantes, pero cuando me dicen que hace cosas que no le servirán de nada respondo que también el niño que se sienta a su lado trabaja cosas que a lo largo de su vida no le servirán de nada , añade.

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