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Los 664 euros de la Renta Garantizada de Ciudadanía se mantienen como el escollo para su aprobación

La cuantía de la prestación genera discrepancias entre los grupos del Parlament

JxSí fija la RGC en 426,84 euros mensuales, CSQP y la CUP la sitúan los 664 euros y PSC, PP y Ciutadans apuestan por cantidades intermedias

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Els representants dels grups polítics partidaris de la Renda Garantida de Ciutadania, davant el Parlament / Foto ENRIC CATALÀ

Representantes de los grups políticos impulsores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, ante el Parlament ENRIC CATALÀ / ARCHIVO

El dinero mensual de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que deberían recibir sus beneficiarios se mantiene como el único y casi insalvable obstáculo para que el Parlament culmine su aprobación. La proposición de ley está siendo estudiada en fase de ponencia en la Cámara catalana desde hace meses. El Parlament ha optado por aparcar hasta después de las vacaciones el debate sobre la cantidad concreta que conllevará el derecho a recibir la RGC. Casi un año después de las elecciones del 27-S todavía no hay consenso parlamentario para aprobar la RGC, pese a que estuvo a punto de cerrarse en la pasada legislatura.

Los ponentes de los grupos parlamentarios que participan en la ponencia se pusieron de acuerdo para debatir primero el modelo de Renta Garantizada antes de entrar en la discusión sobre las cantidades económicas a que da derecho, conscientes de que esto llevaría muy probablemente a un callejón sin salida.

En las discusiones de la ponencia están presentes representantes del grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular que llevó la RGC al Parlament. El 25 de octubre de 2013, este grupo presentó al Instituto de Estadística de Catalunya los pliegos con las 121.191 firmas que apoyaban la iniciativa. La propuesta se basa en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que establece que las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos ingresos para llevar una vida digna.

Estos mínimos serían, según los impulsores de la ILP, los equivalentes a repartir en 12 meses el nivel del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC). Este índice está fijado en 7.967,73 euros anuales, lo que equivale a los 664 euros mensuales que reclama la ILP para los beneficiarios de la RGC.

Diferencias sobre la cuantía

Junts pel Sí mantiene la posición más conservadora en cuanto a la cantidad correspondiente a la RGC. En sus enmiendas la fija en 426,84 euros. Catalunya Sí que es Pot y la CUP están de acuerdo con la cantidad propuesta en la ILP mientras que PSC, PP y Ciutadans apuestan por cantidades intermedias.

La ponencia ha aceptado la propuesta de JxSí de desglosar esta renta en dos tramos, una Renta Mínima Garantizada, no sujeta a contraprestaciones de ningún tipo, y una Renta de Inserción, vinculada al seguimiento de un Plan de inserción laboral. Esta Renta de Inserción, sin embargo, sólo se cobraría uno de cada cuatro años. Así, durante tres años el beneficiario recibiría 426,84 euros mensuales y en el cuarto, 576,84.

Los meses de trabajo de la ponencia que estudia esta proposición de ley se han centrado en perfilar el modelo de la Renta Garantizada de Ciudadanía y aspectos como su posible doble tramo, las condiciones que deben cumplir los beneficiarios o a partir de qué edad se tiene derecho y a qué edad es sustituida o no por la pensión de jubilación. Estos debates también han sido lentos.

Después de la última sesión de la ponencia antes de las vacaciones del mes de agosto sólo se han cerrado las discusiones relacionadas con los 8 primeros artículos de una proposición de ley –que tiene 22– además de las disposiciones adicionales.

Los diferentes portavoces de los grupos que intervienen en este debate reconocen su lentitud pero confían en que se pueda cerrar antes de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el año 2017. Sólo el portavoz socialista, Raúl Moreno, reconoce abiertamente que ve casi imposible que la Renta Garantizada de Ciudadanía pueda entrar en vigor antes del 1 de enero de 2018.

Noemí de la Calle, ponente de Ciutadans, manifiesta que estaría dispuesta a encerrarse todo un fin de semana para concluir el debate de todo el articulado de la Ley mientras que Chakir el Homrani, de JxSí; Marta Ribas, de CSQP; y Mireia Vehí, de la CUP, no descartan que se pueda aprobar a tiempo para entrar en los presupuestos de la Generalitat del próximo año. Para ello sería necesario un acuerdo sobre el coste de la Renta Garantizada que se prevé complicado.

Diosdado Toledano, del comité promotor de la ILP, calcula que podría costar unos 2.100 millones de euros al erario público. Este comité tiene la potestad de retirar la Proposición de Ley si ve que queda muy alejada de sus pretensiones. "¿Qué haremos si se llega a una propuesta de gasto de 1.500 millones de euros?", se pregunta el propio Toledano. La respuesta queda en el aire en función tanto de la cantidad mensual que se asigne finalmente a cada beneficiario como el proceso de aplicación gradual que se pueda aprobar hasta alcanzar la cantidad de los 664 euros a la que se aspira.

Debate para después de vacaciones

Las sesiones de trabajo de la ponencia a la vuelta de vacaciones serán determinantes para saber si la ilusión de las más de 120.000 personas que firmaron esta ILP hace tres años se convierte en una realidad palpable o termina aparcada definitivamente.

"Podemos hacer una buena ley consensuada pero veo el peligro de que Junts pel Sí se haga atrás cuando deba definir las cantidades", advierte Ribas. "Al final todo el mundo tendrá que moverse", replica El Homrani. Mientras, la CUP se sumará a lo que decidan los impulsores de la ILP aunque considera que la Renta Garantizada de Ciudadanía que se debate "se nos queda pequeña", según Vehí.

La CUP sería partidaria de una Renta Básica donde "la gente no tenga que acreditar permanentemente que es pobre para que le den 664 euros, que es poquísimo". Y es que los problemas para aprobar una Renta Garantizada de Ciudadanía de 664 euros al mes permiten entender que ningún colectivo quiera poner en marcha una iniciativa legislativa popular por una Renta Básica de carácter universal.

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