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La ley del embudo y la mala educación

El explosivo conflicto de Baleares refleja el hartazgo ante la degradación de la enseñanza primaria y secundaria en España, que conjuga una baja inversión con graves problemas estructurales.

El resultado es una tasa de fracaso escolar desoladora y una falta de competencia lingüística y matemática que se extiende de niños a adultos, y que sitúa a estos últimos a la cola de la OCDE.

Nuestra crisis educativa está en la base de nuestra crisis económica, ética y cultural, pero nadie parece querer reconocerla.

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Andratx (Mallorca), 1935.  Un grupo de amigos hace una carroza para el desfile de carnaval con un embudo gigante, que simboliza el doble rasero que el poder aplica a los ricos y poderosos (que pasan cómodamente por su lado más ancho) y los trabajadores y necesitados (obligados a pasar por su lado más estrecho).  La carroza es muy aplaudida y comentada, tanto que acaba costando la vida a sus creadores: tras el golpe de Estado franquista, Joan Horrach es atado a la verja del cementerio de Palma y fusilado, Jaume Porcel fallece apaleado y Sebastià Cañellas, que elude la condena de muerte al ser menor, es fusilado nada más alcanzar la mayoría de edad.

Mallorca, 2012. Se constituye la  Plataforma Crida para denunciar la acelerada degradación de la enseñanza pública, causada (en su opinión) por los recortes y políticas del nuevo gobierno regional. Su nombre y logo ( el embudo) se inspiran en la historia de la carroza del carnaval de Andratx.  Crida defiende  el embudo como herramienta de un pueblo que sale a la calle a recuperar las riendas de su propio destino: “Nos quieren hacer pasar por ahí, pero si lo giras sirve para gritar”.

El resto ha acaparado los medios regionales, nacionales e internacionales durante las últimas semanas. El Gobierno balear de Bauzá respondió a las críticas por sumar recortes a la enseñanza pública y subvenciones crecientes a la enseñanza privada (en particular, a los colegios religiosos que segregan por sexos) con una cortina de humo destinada a atizar el conflicto lingüístico.

Ante el fracaso de la iniciativa de dejar elegir a los padres la lengua de escolarización de sus hijos ( solo el 19% de los alumnos de los centros públicos, y el 30% del total de centros, eligieron el castellano), ideó un mecanismo para  reducir la presencia del catalán por debajo del 50% (el límite que marca la jurisprudencia a la dominancia del castellano en las comunidades en que este es cooficial): imponer la enseñanza trilingüe mediante el eufemístico  Tratamiento Integrado de Lenguas o TIL (nombre tomado, curiosamente, de un  programa del Departamento de Educación del Gobierno Vasco con objetivos, medios y trayectoria muy distintos).

Y como los tiempos electorales mandan, la ley tenía que aplicarse en unos meses, antes del curso que acaba de iniciarse, sin importar que los planes de estudios tuvieran que improvisarse sobre la marcha; que la preparación de los profesores (inviable sin los programas, dotaciones y tiempo adecuado) fuera absolutamente insuficiente; o que esta ley se llevara por delante programas bilingües que estaban funcionando –como los  centros con secciones europeas o el  Bilingual Schools Project del British Council, eliminados para abrir paso al TIL a pesar de haber sido presentados en prensa como  precursores de éste–.

La reacción en contra de docentes y padres, sin precedentes en las islas, se ha combatido con unas dosis de autoritarismo también sin precedentes en la España democrática. Limitándonos a los hechos más graves. Se destituyó y  suspendió de empleo y sueldo a tres directores de Menorca por comunicar que el Consejo Escolar de sus centros había votado en contra del cambio de proyecto lingüístico en el centro. Se ha creado una grave quiebra institucional al  improvisar un decreto ley para 'puentear' una sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Se aprobó una  ley de símbolos que prohíbe utilizar símbolos de otras comunidades autónomas (en particular, el lazo con la “cuatribarrada” catalana, que simbolizaba la defensa de la lengua vernácula) en el interior y exterior los colegios, bajo multa de 10.000 euros (el doble de la multa impuesta, con 13 años de retraso, al presidente federativo que organizó un equipo fraudulento para ganar el oro en los Juegos Paralímpicos de Sidney).

El ministro Wert calificó la huelga de inconstitucional y el diputado regional Antoni Camps anunció la creación de listas negras de los profesores que la secundaran. La defensora del menor amenazó con sancionar a los padres cuyos hijos hicieran huelga; la diputada balear Ana María Aguiñó, con retirarles la custodia de sus hijos; y el jefe de Inspección Educativa dimitió tras recibir orden de presentar listas de alumnos huelguistas a la Consejería de Educación.

Gasolina sobre el incendio. El curso empezó con una huelga indefinida de docentes, que ha recabado un apoyo popular inusitado tanto dentro como fuera de las islas, concretado en acciones de apoyo, contribuciones económicas ( casi 400.000 euros en donaciones a la “caja de resistencia”, a pesar de la grave crisis que padecemos) y  en la manifestación más numerosa que se conoce en la historia de las islas (más de 100.000 personas, casi el 10% de la población de las islas). El PP balear afronta una fuerte fractura interna, pero el presidente Bauzá ha recibido el apoyo incondicional del Gobierno central, preocupado por el “efecto llamada” que cualquier claudicación pueda tener ante la inminente implantación de la ley Wert. A día de hoy, con la huelga congelada temporalmente pero la insumisión anunciada de los equipos docentes a la implantación del TIL,  las espadas siguen en alto.

Todo esto no es sino un paso más en la degradación de la enseñanza primaria y secundaria en España, que no puede sino resultar en la  falta de vocaciones científicas y el pésimo nivel de nuestra enseñanza superior, y verse reforzada por los defectos de esta última. La enseñanza en España conjuga una  baja inversión ( ya por debajo de la media europea antes de que se iniciaran los recortes) con graves problemas estructurales. Es fácil nombrar algunos.  El  calendario escolar más corto y cargado de horas de nuestro entorno europeo. 

El descabellado horario, diseñado para comodidad de unos docentes que nunca aceptarían pasar en las aulas el mismo número de horas que pasan sus alumnos.  La falta de transparencia en los resultados de los estudios y evaluaciones periódicos, como las de  PISA e  INEE, que no se hacen públicas más que de forma agregada y previamente “corregida” (entre otras cosas, porque los sindicatos se oponen ferozmente a ello). 

La falta de responsabilidad (en el sentido inglés de “accountability”), en forma de incentivos y penalizaciones ligadas al desempeño de los individuos, departamentos y centros. 

La  falta de autoridad de directores y jefes de estudios, tanto para actuar cuando un profesor no realiza su trabajo de forma adecuada como para hacerlo cuando el comportamiento de un alumno impide el desarrollo de las clases o es sencillamente inaceptable –o el reverso de la moneda: su utilización como “comisarios políticos” nombrados a dedo en las comunidades autónomas en las que estos cargos se han “profesionalizado”–.

El énfasis en la memorización de contenidos y su posterior regurgitación en los exámenes, capaz de convertir el objetivo europeo de evaluación continua en un rosario de exámenes que impide que los alumnos aprendan a crear, pensar y expresarse –el énfasis real de esa educación escandinava que idolatramos de boquilla pero no queremos molestarnos en implementar–. 

El recurso, en plena era digital, a los libros de texto (un método rígido y obsoleto que sobrevive tan solo por los pingües beneficios que proporciona a las editoriales: entre 100.000 y 160.000 euros de gasto anual para un solo instituto de tres líneas) y a las dos o tres horas de deberes diarios como principal recurso educativo. 

El menguante grado de implicación de los docentes (que hacen que la figura del profesor vocacional sea cada vez menos frecuente, para ser sustituida por el licenciado que no ha encontrado otra salida)  y de las familias, cada vez más excluidas de la vida de los centros y menos interesadas en reclamar su participación (salvo para aparcar a los niños en alguna actividad extraescolar).

Es importante enfatizar que  esta situación se extiende de forma similar en la enseñanza pública, concertada o privada, que obtienen desempeños muy parecidos en las evaluaciones internacionales (como el informe PISA) o en otros indicadores indirectos (como las notas de selectividad), particularmente  tras corregir para las diferencias regionales, socioeconómicas y  de desempeño del alumnado. Y que cuenta con notables excepciones, tanto más valiosas por lo raras cómo por lo difícil que les resulta serlo, a nivel de centros y de profesores individuales –esos profesores que todos recordamos por inspirar y motivar a sus alumnos contra viento y marea, a pesar del sistema en lugar de gracias a éste–.

El resultado es una tasa de  fracaso escolar desoladora, una falta de excelencia que solo supera Grecia en la OCDE, y una falta de competencia lingüística y matemática que se extiende de niños a adultos, y que sitúa a estos últimos a la cola de la OCDE. En España, alrededor de uno de cada cuatro niños (el 26.5%) abandona la educación al acabar el periodo obligatorio (el doble del promedio europeo: uno de cada ocho).

Todo ello, a pesar de que el objetivo de quienes diseñan nuestros planes de estudio se ha centrado de forma creciente en  maquillar las estadísticas globales, bajando continuamente el nivel de los programas de estudio e introduciendo  todo tipo de repescas y repeticiones que, al ser un sustituto barato de los programas de apoyo temprano y diversificación curricular, tan sólo  desincentivan la cultura del esfuerzo, el gusto por aprender y la satisfacción de superar retos.

Es muy doloroso ver cómo cualquier estudiante de ESO medianamente aplicado se desespera porque el temario de asignaturas clave, como matemáticas, no hace más que repetirse de un año a otro, sin introducir ningún contenido nuevo nuevo. O cómo, año tras año, repiten hasta la saciedad las técnicas de análisis de lenguas (morfológicos, sintácticos, de textos…), pero nunca trabajan su uso como instrumento de comunicación, creación y trabajo. Un compañero que escolarizó hace poco a sus hijos en un colegio público de EE.UU., país que según la mitología urbana española tiene un nivel escolar inferior al nuestro, nos contaba el sonrojo que sintió cuando llevó los libros de texto de matemáticas y el profesor le hizo notar que el nivel era muy inferior al de allí, o las peleas que tiene con su hijo tras retornar a un centro español (concertado, por cierto) porque “aquí no hacen sino perder el tiempo”.

La dimensión actual del problema es tal que deberían estar claras las líneas principales de actuación y cómo, comparadas con ellas, las polémicas sobre la asignatura de religión, la de educación para la ciudadanía o la introducción de asignaturas en inglés (estrategia que no necesitan países con mucha mejor competencia en lenguas extranjeras, como Holanda, Dinamarca o Suecia) son meras distracciones de políticos desinteresados en ponerse de acuerdo y movilizar los recursos económicos, intelectuales y organizativos necesarios para resolverlo. También sobran los ejemplos, a cualquier nivel ( países, comunidades autónomas, centros, departamentos e individuos), para que no haya que reinventar la rueda a cada legislatura. Nuestra única esperanza es que docentes y familias se lo exijamos, y prolonguemos esa exigencia en nuestro trabajo y participación diaria. 

Nos preocupa nuestra crisis económica, pero nuestra crisis educativa es mucho más seriaComo ha sucedido poco a poco y todos hemos sido cómplices por omisión,  nadie parece querer reconocerla y abordar la raíz del problema no aparece en ninguna agenda.

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