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PSOE y Podemos pactan una renta garantizada que se acerque al salario mínimo

Las Cortes regionales aprueban un texto conjunto de ambos partidos que también pide incluir el ingreso mínimo como derecho social básico en la futura reforma del Estatuto de Autonomía

La consejera de Bienestar Social defiende la necesidad de que el sistema de rentas mínimas se apruebe a nivel estatal para eliminar las desigualdades entre comunidades autónomas

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Cerca de un millar de personas piden la erradicación de la pobreza en LPGC.

Los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) siguen situando a Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor tasa de pobreza. Se trata de una situación que fue abordada en el pacto entre PSOE y Podemos para la investidura de Emiliano García-Page como presidente y cuyo acuerdo tácito se ha plasmado en las Cortes regionales. Aunque el texto se queda bajo el paraguas de un futuro pacto estatal para implantar este sistema de rentas mínimas de manera homogeneizada, incluye no obstante la petición de ambos de que el Gobierno regional apruebe también este ingreso en 2016, que tienda a alcanzar el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La resolución se ha aprobado con los votos en contra del PP y tras un debate general sobre esta cuestión solicitado por el Grupo Parlamentario de Podemos. En la misma se pide al Gobierno central impulsar un pacto de estado con las comunidades autónomas que permita garantizar por ley una renta dirigida a las familias que se encuentran por debajo el umbral de pobreza y que han agotado cualquier tipo de prestación o carecen de ingresos, con el fin de que puedan afrontar sus necesidades básicas.

De igual forma, PSOE y Podemos piden al Gobierno castellano-manchego que atendiendo al contexto de ese pacto estatal, desarrollar a lo largo de 2016 la renta garantizada que recoge la Ley regional de Servicios Sociales de 2010, y que el importe de la renta garantizada tenderá a alcanzar el nivel del SMI durante la actual legislatura. Por último, ambos grupos manifiestan que dentro del proceso de reforma de la Constitución y del Estatuto de Autonomía se contemple esta renta como un derecho social básico.

En su intervención previa, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha querido destacar que el país atraviesa una situación en la que el acceso al mercado de trabajo no implica el alivio de la pobreza, debido a la caída de los salarios. Ha detallado que en Castilla-La Mancha lo que se conoce como Ingreso Mínimo de Solidaridad es competencia de la región y actualmente está fijado en 372,7 euros por beneficiario, de los más bajos de España.

“Al variar las rentas mínimas de una comunidad autónoma a otra, se dificulta su aplicación en plena igualdad de derechos”, ha argumentado la consejera, pidiendo que este debate no se aísle del terreno nacional. Por ello ha pedido al Gobierno central que revise todo el sistema de rentas mínimas garantizadas que se incluyen por parte de las comunidades, articulando un sistema único, homogéneo y seguro. En ese camino ha expresado la voluntad “reformista” de la Junta, pero subrayando que sin la financiación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado no se podrá llevar a cabo ese trabajo de “justicia social”.

"Una sociedad que puede garantizar el derecho al trabajo"

Desde Podemos, el diputado José García Molina ha querido destacar que las situaciones de pobreza no se deben tan solo a la crisis, sino que se trata de un problema estructural de hace décadas. Ha recalcado que las rentas mínimas “no son una solución” pero sí "una parte de la solución”. Sus reflexiones han ido más allá al preguntarse si es posible desvincular las rentas mínimas del empleo: “¿se puede contar con dinero que no pase necesariamente por tener un empleo?”, se ha preguntado, convencido de que “una sociedad que no puede garantizar el derecho al trabajo no puede imponer el deber del empleo precario”.

El diputado de la formación morada ha vuelto a defender un cambio del modelo productivo para impedir el empleo precario pero también ha destacado que para ello “se necesita tiempo” y hay “gente que no puede esperar”. Por eso ha coincidido en este punto en señalar la necesidad de un marco estatal de rentas para todo el país al tiempo que se desarrolla la Ley regional de Servicios Sociales.

El PP no solo no se ha sumado al acuerdo para el impulso de esta medida sino que ha calificado de “estafa” la medida al no haber concreciones en la misma. “Resulta difícil de digerir el debate empalagoso y el pasteleo entre PSOE y Podemos”, ha añadido, considerando que ambos partidos están engañando a los ciudadanos que peor lo están pasando. Ha resaltado su “desazón” por tener un gobierno que “no nos trae propuestas de nada sino que viene a hablar de temas etéreos, con una resolución que no se compromete a nada".

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