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El Supremo reafirma la condena a ocho meses de cárcel de Francisco Martínez

El exvicepresidente de la Diputación de Castellón y número dos de Carlos Fabra cometió el delito de negociaciones prohibidas a funcionario público

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Francisco Martínez, en una imagen de archivo.

El Tribunal Supremo reafirma en su totalidad la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, que condenó a ocho meses de cárcel,  12.600 euros de multa y dos años de inhabilitación a Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón y exnúmero dos de Carlos Fabra.

El alto tribunal le considera culpable de un delito de negociación prohibida a funcionario público. Considera probado que Martínez conocía que su familia era propietaria de una finca en Borriol que quedó incluida en los terrenos en los que la Diputación iba a construir una depuradora.

También considera probado que ocultó con un "entramado" esta titularidad. Y que finalmente, no se abstuvo en la votación ni en Comisión ni en el Pleno de las decisiones que afectaban a este asunto, de forma que "facilitó" que la inclusión de su parcela en los terrenos de la infraestructura fuera aprobada.

Absuelto del resto de delitos

El Supremo, igual que hizo anteriormente la Audiencia, absuelve a Martínez del resto de delitos de los que se le acusaba:  prevaricación, tráfico de influencias y fraude. También mantiene la absolución del resto de acusados: sus dos hijos, un empresario, un empleado de éste, y el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría. 

El tribunal rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía que se considerara Martínez culpable del resto de presuntos delitos. El Ministerio Público consideraba que la sentencia de la Audiencia Provincial había cometido el "error" de valorar aisladamente los indicios "sin el contexto de los restantes elementos probatorios". El alto tribunal tampoco atiende al recurso de Francisco Martínez, cuya defensa había denunciado, entre otras cosas, la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. 

Actualmente, Francisco Martínez está siendo investigado en otra instrucción judicial por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraudes, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, según fuentes conocedoras del caso. 

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