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Puig denuncia la "persecución" del Gobierno tras la suspensión de la sanidad universal valenciana

El Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley valenciana que permite el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación irregular

El jefe del Consell ha asegurado que los ciudadanos que viven en la Comunitat Valenciana deben estar "absolutamente tranquilos" porque van a recibir asistencia sanitaria

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Hasta 30.000 personas vuelven a tener hoy acceso sanitario en la Comunidad Valenciana

El president Puig y la consellera Carmen Montón muestran una tarjeta sanitaria EFE

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley valenciana que permite el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, lo que supone la suspensión automática de la normativa recurrida.

Ante esta situación, el president de la Generalitat ha denunciado la "persecución" del Gobierno a la Comunitat, al tiempo que lanzaba un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos que viven en la Comunitat Valenciana porque "deben estar absolutamente tranquilos porque van a recibir assitencia sanitaria", ya que es una cuestión de "lealtad" a los ciudadanos que "tiene que ver con la dignidad y la propia esencia del Gobierno valenciano, que cree en la solidaridad y la igualdad".

Además, ha calificado de "absolutamente impresentable" el recurso del Gobierno, "forma parte de esa especie de persecución que se ha dirigido a esta comunidad de una manera absolutamente insólita. No es la mejor manera de recuperar un diálogo que es fundamental", sino "un paso atrás"

Puig ha aclarado que la decisión del Constitucional no va a afectar a las personas que viven en la Comunitat "porque vamos a continuar atendiéndolas", ya que el sistema sanitario español y valencianos es un sistema a "preservar, desarrollar e implementar".

Suspensión automática

Según la resolución del TC, la admisión a trámite conlleva la "suspensión automática" de la norma porque en el recurso el Gobierno invocó la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo "podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas" y la impugnación "producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

El pasado 23 de octubre el Consejo de Ministros acordó solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 3/2015 por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana, una de las medidas adoptadas por el Consell presidido por Ximo Puig, al considerar que la norma podía incurrir en una "extralimitación competencial".

El Gobierno argumentaba que la norma valenciana "vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado".

A principios del mes de octubre, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió una comunicación oficial a la Generalitat Valenciana en la que le informaba de que se habían planteado determinadas "discrepancias" con el decreto ley que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas inmigrantes en la Comunidad -que convalidaron las Cortes el pasado mes de septiembre- al considerar que vulneraba competencias estatales.

Restringido el derecho a la salud pública

Desde 2012, los inmigrantes en situación irregular tenían restringido el derecho al sistema de salud público en ciertos supuestos: urgencias, los menores de edad y las embarazadas. Más tarde, se incluyó la atención para los casos de salud pública.

Algunas comunidades autónomas, como Navarra y País Vasco, regularon en sus territorios para garantizar el acceso de estas personas a la sanidad pública y el Gobierno respondió con recursos de inconsticionalidad por invardir supuestamente las competencias del Estado. El Ejecutivo ha vuelto a recurrir a este argumento para pedir el Constitucional que invalide la ley valenciana.

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