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DESALAMBRE

Los avisos que el Gobierno ha ignorado sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado este martes que las expulsiones automáticas son ilegales y ha condenado a España por la devolución de dos personas en agosto de 2014

Numerosos organismos, ONG y expertos llevan mucho tiempo alertando de la ilegalidad de estas prácticas que se producen desde hace cerca de 15 años en Ceuta y Melilla

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Imagen de archivo: Varios agentes de la Guardia Civil en el momento de la ejecución de una devolución en caliente el 15 de octubre de 2014 en la valla de Melilla / Foto: Robert Bonet

Varios agentes de la Guardia Civil en el momento de la ejecución de una devolución en caliente el 15 de octubre de 2014 en la valla de Melilla / Foto: Robert Bonet

Muchos lo advirtieron, pero sus argumentos caían en saco roto. La lluvia de críticas no ha impedido que el Gobierno haya seguido defendiendo y ejecutando de forma sistemática las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Este martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado lo que tantas voces han repetido en los últimos años: estas prácticas son ilegales.

Esta actuación va en contra de los diferentes acuerdos internacionales de los que España forma parte, como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos o la Convención de Ginebra, que protege el derecho al asilo y prohíbe las expulsiones colectivas y el principio de no devolución. 

Las devoluciones inmediatas están prohibidas porque, durante estas devoluciones, las personas expulsadas no son identificadas por los agentes ni se les permite la asistencia letrada o de un intérprete y, por tanto, se les impide de facto la oportunidad de pedir asilo o expresar cualquier otra cuestión, como ser menor de edad o víctima de trata. Las personas expulsadas sin garantías tampoco pueden, tal y como ha ratificado el TEDH, recurrir la decisión de ser expulsados.

Organismos de todo tipo como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo y numerosas ONG han advertido en repetidas ocasiones de la ilegalidad intrínseca a estas expulsiones sumarias que se llevan produciendo en la frontera desde hace cerca de 15 años.

Todas estas advertencias han sido ignoradas por los diferentes gobiernos que han pasado por La Moncloa. En 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio un paso más y reformó la Ley de Extranjería a través de una disposición en la Ley de Seguridad Ciudadana: trataba de ampararlas bajo un nuevo nombre: "rechazo en frontera".

Pero, tras la nueva normativa, esas devoluciones practicadas por la Guardia Civil en la frontera sur seguían siendo las mismas. Según insistía toda esta retahíla de organismos, ONG y expertos, las expulsiones inmediatas de migrantes en Ceuta y Melilla continuaban siendo lo siempre fueron: ilegales.

Acnur: "El derecho de asilo no depende de cómo entren"

Acnur  ha solicitado varias veces al Gobierno el "cese inmediato y definitivo" de las devoluciones automáticas. El organismo ha expresado su "preocupación por lo que parece ser una práctica creciente" y recuerda al Ejecutivo que su reforma para legalizar estas expulsiones "no avala las devoluciones automáticas al hacer referencia expresa a las obligaciones internacionales que debe cumplir España".

Acnur ha reiterado además que esta normativa internacional no limita la posibilidad de pedir asilo a las personas que necesitan protección en función del modo o el lugar por el que entran en España. "Sea de forma regular o irregular se les debe garantizar esa posibilidad", recuerdan. 

Consejo de Europa: "Las devoluciones deben parar"

"Las devoluciones en caliente son 'ilegalizables", advirtió en 2015 Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ante los planes del Gobierno de legalizar estar prácticas."Me gustaría reiterarle que la práctica de las devoluciones sumarias debe parar", insistió Muiznieks al ministro del Interior un año después.

El comisario también  registró  una declaración en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que ratificaba que esta práctica "evita que los migrantes que intentan entrar por la valla accedan al derecho de asilo de forma efectiva". Esta exposición se incluyó en los dos casos por los que Estrasburgo ha condenado este martes a España.

El Defensor del Pueblo: "Es contrario a la legislación"

Los tirones de orejas al Ejecutivo también han venido por parte del Defensor del Pueblo, que desde 2005 reitera que "la legislación española y la internacional no permiten las devoluciones automáticas sin verificar de forma individualizada las circunstancias de cada persona". También ha constatado que "los ciudadanos subsaharianos no tienen acceso al procedimiento" para pedir asilo en la frontera.

Desde hace dos años, la institución ha recomendado en numerosas ocasiones que se desarrolle un procedimiento que incluya una resolución administrativa que cuente con asistencia letrada e intérprete e información a la persona rechazada sobre qué recursos puede interponer y sobre el derecho al asilo. Recomendaciones que, según recuerda el propio Defensor, "han sido rechazadas".  

Juristas: "Siguen siendo radicalmente ilegales"

La práctica sistemática de las expulsiones sumarias en frontera también ha sido puesta en entredicho por catedráticos y expertos en Derecho. Tras la reforma que pretendía dar cobertura legal a las devoluciones, una quincena de juristas advirtieron en un informe de que estas deportaciones no se sostienen según la propia reforma que trataba de ampararlas.

"Siguen siendo radicalmente ilegales a la luz de la nueva regulación", concluyeron los expertos, quienes advirtieron de que la ejecución de las mismas por parte de la Guardia Civil "puede dar lugar a responsabilidades penales y jurídicas".

ONG: "Es una flagrante vulneración de derechos"

Las organizaciones sociales han sido especialmente combativas en los últimos años. Han convocado concentraciones en señal de protesta y han presentado numerosos escritos  expresando su rechazo a estas prácticas ilegales y pidiendo comparecencias de los responsables para dar explicaciones tras cada expulsión. Las ONG Prodein y Caminando Fronteras han sido claves para documentar las devoluciones en caliente ocurridas en Ceuta y Melilla desde 2003, durante los gobiernos del Partido Popular y del PSOE.

Más de un centenar de entidades de toda España han exigido al Gobierno "el cese inmediato" de las devoluciones sumarias en las fronteras españolas y han reclamado en varias ocasiones que se derogue la reforma que las legalizó. "Es una flagrante vulneración de los derechos humanos", han asegurado una y otra vez. 

Partidos políticos contra la reforma del PP

El rechazo a las devoluciones en calientes también ha irrumpido estos años en la agenda de las principales fuerzas políticas españolas.  Todos los grupos de la oposición coincidieron en 2014 en rechazar sin paliativos a la reforma del Gobierno por considerarla contraria a "todo el ordenamiento jurídico", aunque el PSOE también llevó a cabo este tipo de expulsiones en Ceuta y Melilla durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Partidos como Izquierda Unida y Podemos han solicitado en diversas ocasiones retirar la normativa que trata de ampararlas, al igual que el PSOE, que mientras gobernó también recurrió a estas expulsiones en Ceuta y Melilla.

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