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La TVG inspecciona el correo de su personal

Alfonso Sánchez Izquierdo, director general de la CRTVG

David Lombao

Son tiempos convulsos para los medios públicos. La crisis económica y las medidas de recorte han colocado bajo los focos las radios y televisiones autonómicas como presuntas responsables de parte de los males del erario público, llegando a casos extremos como el cierre de Canal 9. En este contexto, buena parte del personal de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), en pleno proceso de conversión en corporación, apuesta desde hace tiempo por combinar la defensa del modelo de comunicación pública con la denuncia de “manipulación” informativa a través de iniciativas como Eu non manipulo. Este es el telón de fondo tras el que llega la “normativa de usos de los sistemas de información” de la CRTVG, una especie de reglamento de régimen interno que incluye, entre sus medidas más llamativas, la posibilidad de que la compañía inspeccione el correo electrónico de su personal.

El pasado día 10 el director general del ente, Alfonso Sánchez Izquierdo, firmó una normativa inédita hasta el momento, según confirman fuentes del personal consultadas. El documento, al que ha tenido acceso este diario, se presenta como la vía para cumplir dos objetivos aparentemente tan inocuos como “proteger la información de la organización y el buen desarrollo de su actividad”, además de “respetar la legislación vigente” y afecta tanto al personal de la compañía como, “cuando así se acuerde”, a “cualquier tercero (o a sus empleados) que colabore, con independencia del tipo de contrato”. No obstante, entre los trabajadores y trabajadoras surgen voces que observan una voluntad “represiva, de meter miedo”.

Según esta normativa, la “única finalidad” del correo electrónico del personal de la casa es “la realización de actividades que estén directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo”. Para, teóricamente, “comprobar el cumplimiento de esta y de otras normativas”, la CRTVG “se reserva el derecho de revisar los mensajes de correo electrónico de los usuarios de la red corporativa”, esto es, del personal. Los correos serán leídos y, en caso de encontrar “mensajes en cadena o de tipo piramidal” o “correos a foros de discusión, listados de distribución y/o grupos de noticias que comprometan la reputación de la CRTVG”, se ejecutará una sanción.

Esta misma “monitorización” se podrá realizar con “cualquier sesión de acceso a Internet”, por lo que la dirección del ente podrá conocer qué sitios web visitan los trabajadores y trabajadoras. En este caso, el objetivo oficial es certificar que el uso de internet “se limita a los temas directamente relacionados” con los “cometidos del puesto de trabajo” y que no se introducen en la red “contenidos obscenos, inmorales u ofensivos y, en general, carentes de utilidad para los objetivos de la CRTVG”.

Veto a los equipos informáticos

Las nuevas restricciones de la dirección de la Televisión de Galicia y de la Radio Galega no solo afectan a los contenidos, sino también a los aparatos electrónicos a través de los que se consultan. Partiendo de la base de que la propia compañía le proporciona al personal los dispositivos que precisa para realizar su trabajo, la empresa veta “la entrada a las instalaciones de equipos informáticos externos, tales como ordenadores portátiles, discos duros, netbooks, tabletas o cualquier otro dispositivo ajeno a la propiedad o titularidad de la CRTVG que no hubiera sido previamente autorizado”.

Mientras que el documento firmado por el máximo responsable de los medios públicos justifica las nuevas normas por el contexto tecnológico, que “incrementa sensiblemente el riesgo de robo o fuga de información de la organización”, parte del personal considera que las reglas se imponen para “reprimir pasos que se han dado últimamente”, caso por ejemplo de la “denuncia de la manipulación informativa”. Con los sindicatos en plena negociación del convenio colectivo –período en el que no pueden convocar movilizaciones–, las fuentes consultadas señalan que los representantes del personal ya han solicitado una reunión urgente con la dirección, tanto para conocer “la motivación” de la nueva norma como para aclarar aspectos tan concretos como “si no podemos utilizar un iPad pero sí un smartphone” o si se vetan ambos, cuestión que “incluso entorpece el trabajo diario”.

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