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El juez del caso del Palau de la Música cierra la instrucción de la financiación de CDC sin investigar a Puig ni a Gordó

El magistrado Josep Maria Pijuan deja fuera del caso a los dos consejeros que tienen información sobre las finanzas del partido: el titular de Empresa y Empleo, Felip Puig, y el de Justicia, Germà Gordó

Puig era titular de Obras Públicas cuando Ferrovial recibió las concesiones que originaron las comisiones, y Gordó era gerente del partido con atribuciones superiores a las de los tesoreros

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CDC dice que nunca ha encargado espiar a nadie y anuncia acciones legales

Los consejeros de Justícia, Germà Gordó, y de Empresa, Felip Puig. / Efe

El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, parece haber dado prioridad a la velocidad a la hora de cerrar la investigación del expolio del Palau de la Música Catalana a manos del expresidente de la institución, Félix Millet, y de su mano derecha y exdirector general Jordi Montull. Millet y Montull, además, desviaron, según el auto emitido por Pijuan el pasado día 12, más de cinco millones de euros para la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en diversas operaciones, sin que el juez Pijuan haya sentado a alto responsable alguno del partido.

De hecho no consta que hayan sido investigadas dos de las personalidades a las que se señalaba como responsables últimos de la financiación de CDC: el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, que hasta 2003 era al mismo tiempo secretario de organización de Convergència y consejero de Obras Públicas; y el actual consejero de Justicia, Germà Gordó, en aquel entonces gerente del partido con unas atribuciones muy superiores a las del tesorero.

El magistrado responsabiliza de la financiación de CDC por Ferrovial a través del Palau de la Música al tesorero del partido, Daniel Osàcar, a su predecesor, Carles Torrens, fallecido en 2005, y el influyente diputado Jaume Camps, durante años hombre de Javier de la Rosa en Convergència, pero afirma que la operación fue posible porque contó "con la intervención de otros altos cargos del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat y otros organismos públicos locales vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública. La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción". 

El origen del dinero que fue a parar a CDC no fue el Palau; Millet y Montull pusieron el Palau al servicio del partido del presidente de la Generalitat, Artur Mas. El Palau fue en ese caso un mero intermediario: recibió donaciones de cerca de más de ocho millones de euros de Ferrovial a cambio de que la constructora recibiera adjudicaciones del Gobierno de la Generalitat por valor de más de 1.150 millones de euros. Esencialmente de las obras de construcción de la línea 9 del metro de Barcelona y, paradójicamente, de la Ciudad de la Justicia. 

Comisiones del 4%

El juez Pijuan afirma que las adjudicaciones generaban comisiones del 4%, un 1% más de lo que denunció Pasqual Maragall cuando era presidente de la Generalitat en un debate parlamentario y que provocó la presentación de una querella por Artur Mas. También se abrieron sendas investigaciones, una parlamentaria y una judicial. En ambos casos resultó salpicado Felip Puig, el último consejero de Obras Públicas de Jordi Pujol y, a la sazón, secretario de organización de Convergència. Su comparecencia parlamentaria tuvo más sombras que luces, y, en el ámbito judicial, se investigó a su primo Josep Maria Penin como uno de los encargados de recoger maletines para CDC.

Puig fue el responsable de las adjudicaciones a Ferrovial que generaron las comisiones del 4% para CDC que se pagaron a través del Palaude la Música. De ese 4%, Convergència recibía un 2,5%, el resto se lo quedaban Millet y Montull tras pagar los servicios de mediación de Jaume Camps.

Puig es un representante del sector soberanista de CDC y una persona muy próxima a Jordi Pujol Ferrusola, el mayor de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de quien fue compañero de pupitre.

Próximo a Jordi Pujol Ferrusola es también el actualconsejero de Justicia, Germà Gordó, gerente de Convergència por sugerencia del padrino del primogénito del expresidente de la Generalitat, Lluís Prenafeta, tal como acreditan las escuchas telefónicas ordenadas por el entonces juez Baltasar Garzón como consecuencia del caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña.

En el sumario de Pretoria aparecen conversaciones intervenidas entre Prenafeta y Gordó en las que se evidencia la íntima relación entre el partido y grandes empresas como la multinacional del juego CIRSA.

Gordó es hijo del fallecido encargado de finanzas de Convergència, Francesc Gordo, principal responsable del caso Casinos, el primer escándalo de financiación ilegal de partidos de la democracia, que acabó archivado porque en aquel momento no estaba tipificado el delito de financiación ilegal.

Pero Prenafeta y Pujol Ferrusola no son los únicos padrinos de Gordó. El conseller también cuenta con predicamento en el ámbito judicial, en este caso gracias a su matrimonio con la actual directora de la Escuela Judicial, Roser Bach.

El juez del caso Palau cita como imputado al exdiputado de CiU Jaume Camps

El ex diputado de CiU Jaume Camps en el Parlament. / Efe

El hombre de Javier de la Rosa en CDC

No es la primera vez que Jaume Camps se ve inmerso judicialmente en un caso de corrupción. Durante los años 90 del siglo pasado, este abogado y diputado –igualó en longevidad en el Parlament al mismísimo Jordi Pujol–, engrosó la lista de imputados del caso KIO, el expolio del portaaviones en España de la Kuwait Investment Office por el que fuera su representante en España, el siniestro financiero Javier de la Rosa.

Camps fue imputado cuando las autoridades suizas le identificaron como el titular de dos cuentas, una en la UBS y otra en la Banca della Switzera Italiana, a las que De la Rosa desvió más de 180 millones de pesetas de la época (unos 650.000 euros de la época) de las cuentas del KIO. Las cuentas tenían una clave que se había convertido en legendaria: Espina. La leyenda había atribuido la cuenta al propio Jordi Pujol y a Miquel Roca.

De aquella imputación Camps logró librarse cuando devolvió en dinero. En Convergència nadie le pidió cuentas. De hecho, cuando abandonó su acta de diputado, CDC le propuso como miembro del Consell Consultiu, el equivalente autonómico del Consejo de Estado.

Parece que, en esta ocasión, su participación activa en el expolio del Palau de la Música va a hacer mucho más difícil que logre evitar sentarse en el banquillo.

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