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De Andrés reclama más Guardia Civil en Euskadi frente a las reclamaciones de repliegue

Guardia Civil en el aeropuerto de Hondarribia

Iker Rioja Andueza

Hasta ahora, el Gobierno de España del PP había respondido con el silencio a las reclamaciones de ajuste del despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil llegadas desde el País Vasco, que entiende que tras el final del terrorismo de ETA la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado no se ajusta a sus limitadas competencias. Este lunes, sin embargo, el nuevo delegado en Euskadi, Javier de Andrés, ha ido más allá y ha pedido más presencia de estos cuerpos. “Sería más fácil para la Guardia Civil hacer su trabajo si tuviera completada la plantilla, si aumentara o si recuperase parte de lo que ha perdido. Es el lugar donde menos completa está en toda España”, ha reclamado De Andrés, que hace también extensiva esta reflexión a la Policía Nacional.

El delegado se ha referido, durante una rueda de prensa para presentar el balance operativo de la Guardia Civil en Euskadi durante 2016 (el de la Policía Nacional llegará en las próximas semanas), a los datos sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado publicados la pasada semana por eldiarionorte.es. Según una estadística oficial del Ministerio del Interior facilitada al Congreso de los Diputados, Euskadi es la comunidad autónoma en la que más se ha reducido la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado desde 2011, año en que Mariano Rajoy accedió a La Moncloa y en el que ETA decretó el “cese definitivo” de su actividad. Con una caída de un 19% de uniformados, lidera con creces la lista. Es cierto que la reducción es generalizada por la imposibilidad de cubrir con nuevas OPE todas las bajas, pero la media española es del 8%, once puntos inferior. Si en 2011 4.611 policías y guardias trabajaban en Euskadi, a finales de 2016 eran 3.751.

La caída es generalizada en los tres territorios vascos. Gipuzkoa, con un 23% menos de personal (386 agentes), es la provincia de España con más recorte en la plantilla de las Fuerzas de Seguridad del Estado aunque sea una zona fronteriza. Álava ha perdido 165 efectivos (-18%) y Bizkaia 265 (-15%). Trabajan en Euskadi 2.370 guardias y 1.381 policías y ejercen competencias exclusivas (blindadas en el Estatuto) como vigilancia de fronteras exteriores, costas, puertos y aeropuertos, expedición de DNI y pasaportes, extranjería, control de armas y explosivos, lucha contra el terrorismo e investigaciones de carácter “supracomunitario”, es decir, que excedan al ámbito territorial vasco.

 Según De Andrés, “la dimensión y estructura de la Guardia Civil [y de la Policía Nacional] aportan seguridad a la sociedad vasca”. “El número de efectivos lo que no requiere es una disminución”, ha dicho el dirigente del PP preguntado por los periodistas ante las reclamaciones de ajuste de despliegue llegadas desde el Gobierno vasco. El delegado opina que la “antipatía” que algunos sectores políticos profesan a las Fuerzas de Seguridad del Estado es fruto del “desconocimiento” de su labor en Euskadi. En el caso de la Guardia Civil, ha indicado como ejemplo de su utilidad que ha retirado del mercado negro en los últimos doce meses más de una tonelada de droga valorada en 29 millones de euros.

Euskadi, con un modelo policial gemelo al de Cataluña, tiene el doble de agentes por cada 1.000 habitantes. Son 1,73 policías y guardias frente a 0,83. La media española es de alrededor de 3, pero no son datos comparables porque incluyen los datos de comunidades autónomas sin Policía propia.

Se da la circunstancia de que mientras el delegado del Gobierno reclama la necesidad de que se cubran las bajas ocurridas en la plantilla de las Fuerzas de Seguridad del Estado el Ejecutivo mantiene activos dos recursos judiciales contra las OPE de la Ertzaintza, que precisa de la incorporación de nuevos funcionarios con urgencia si quiere mantener un despliegue de 8.000 (la cifra histórica pactada entre Euskadi y el Ministerio del Interior). El Gobierno central ha argumentado que el País Vasco ha excedido la tasa máxima de reposición fijada para todas las Administraciones en los presupuestos generales del Estado.

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