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Las costas judiciales frenan los recursos en Tetuán

Los vecinos afectados por el incendio no recurrirán la sentencia de primera instancia condicionados por las costas judiciales y la imposibilidad jurídica de presentar nuevas pruebas.

El Ayuntamiento de Santander tendrá que abonar unos 3,3 millones de euros de indemnizaciones, aunque la aseguradora cubrirá la mayor parte.  

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Los equipos de emergencia trabajan en el edificio de Tetuán tras la explosión. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Los equipos de emergencia trabajan en el edificio de Tetuán tras la explosión. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

En el paladar de los vecinos afectados por el incendio de Tetuán quedará el "sabor amargo" de la sentencia del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander. El fallo, dictado el pasado 18 de marzo, les reconfortó moralmente al determinar que el incendio que acabó con su inmueble se debió a una negligente actuación por parte del servicio municipal de Bomberos de Santander, tal y como ellos sostenían, pero les apesadumbró al conocer las indemnizaciones reconocidas por el magistrado Juan Varea, muy por debajo de sus expectativas. 

Por ello, su primera intención fue recurrir el auto. Sin embargo, con el paso de los días h an templado ánimos, han analizado detenidamente el caso con sus abogados, han echado cuentas y, "con la cabeza fría", han concluido que presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) supone un riesgo económico demasiado elevado para las posibilidades que tendrían de que el mismo se resolviera a favor de sus intereses. Por ello, no ejercerán ese derecho, dando por cerrado de forma definitiva el litigio que desde el año 2011 mantenían con el Consistorio santanderino.

Tres han sido los factores determinantes a la hora de tomar esta decisión, según explican a eldiario.es Cantabria Verónica Fraile y José Antonio Bonill a , dos de los afectados. En primer lugar, las costas judiciales. En caso de que el TSJC confirmara la sentencia de primera instancia -hecho que sus abogados otorgan un 75% de probabilidad de que suceda-, los afectados tendrían que abonar entre 10.000 y 18.000 euros, una cantidad que oscila dependiendo de la indemnización que cada uno reclama.     

En segundo lugar, la autoría del informe pericial que cuantifica el valor de la pérdida patrimonial. Éste fue elaborado no por una de las partes, sino por una perito judicial independiente, funcionaria del Gobierno de Cantabria. "Las posibilidades de que un tribunal enmiende su informe son escasas", apuntan. Y más teniendo en cuenta que los afectados están imposibilitados jurídicamente para presentar pruebas adicionales, la tercera de las causas por las que no han decidido no recurrir. "Por nosotros hubiéramos seguido adelante pero hay más contras que pros", explican. 

Los afectados aseguran que el informe pericial que cifró en 2,6 millones de euros el valor de las indemnizaciones contiene "defectos de forma". Por un lado, creen que la tasación del suelo -78% de la indemnización- está sobrevalorada frente al del inmueble -28%-. Y por otro lado, resaltan que la perito ha valorado el edificio como si desde su construcción, en los años 1920, no se hubiera llevado a cabo ninguna reforma ni rehabilitación cuando, recientemente, habían renovado el tejado y habían cometido obras en los portales, algo que pueden justificar con facturas. 

No existe un plazo único para presentar dicho recurso, ya que las denuncias fueron presentadas por separado y, tras la sentencia, algunos abogados solicitaron aclaraciones al juez, lo que paraliza el tiempo para recurrir. No obstante, en la mayoría de los casos finaliza esta semana.

A demás de los  2,6 millones de euros, el Ayuntamiento tendrá que abonar "unos 700.000 euros más" por el realojo durante este tiempo de los vecinos que se quedaron sin vivienda y por el pago de todos los trabajos relativos a la seguridad y posterior derribo del inmueble. 

Los hechos

Los vecinos denunciaron que el incendio se originó como consecuencia de una "deficiente" actuación del servicio de bomberos en una deflagración de gas que tuvo lugar en una de las viviendas del edificio. Concretamente, a consecuencia de la intervención de un fontanero, que desmontó un calentador cortando la llave del gas pero sin taponar la tubería de suministro.

Esta "negligencia" propició una pequeña explosión, que no causó heridos, pero que afectó a las viviendas contiguas y que obligó a desalojar tres portales del edificio como medida de prevención. Horas después, durante la madrugada, esa deflagración inicial desembocó en un espectacular incendio que calcinó el inmueble.     

Tras analizar los informes periciales, el juez concluye que la causa del incendio fue "un fuego residual no detectado" por los bomberos, que "dejaron sin atender un fuego latente", y desestima el argumento esgrimido por el Ayuntamiento, que aludía a una "reacción química anómala imprevisible". "El saneamiento de falsos techos fue parcial y no se comprobó la cubierta de tablas del tejado", concluyó el juez.

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