El PRC presenta una proposición no de ley en contra del modelo de Registro Civil que propone el Ministerio de Justicia

El PRC registra una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria en contra del nuevo modelo de Registro Civil que propone implantar el Gobierno de España (PP) porque, según en su opinión, va a a suponer una “centralización absoluta” que “elimina la proximidad” y que, en Cantabria, obligará al ciudadano a hacer sus gestiones bien de forma telemática o trasladándose a Santander para trámites que hasta ahora podía realizar en sus municipios.

De ello, alertan los regionalistas en la proposición no de ley que han registrado para su debate en el Pleno de la Cámara regional y que consideran que “puede ser aceptada por todos” los demás grupos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) si se preocupan “de lo que es mejor para los ciudadanos de Cantabria”.

Para el PRC, el nuevo planteamiento operativo que propone el Ministerio de Justicia de mantener el carácter público y gratuito de este servicio pero en un “único registro centralizado e informatizado, gestionado por la Administración de Justicia y dirigido por letrados de dicha Administración, en vez de por jueces” es una medida que “atenta una vez más” contra los pequeños municipios, el mundo rural y quienes viven en él.

A su juicio, medidas como esta “lo único que hacen es limitar” los servicios en los pequeños ayuntamientos, concentrándolos en los grandes núcleos de población.

En la rueda de prensa para explicar su iniciativa, el portavoz del PRC en el Parlamento, Pedro Hernando, ha aclarado que los regionalistas entienden que “es necesario agilizar” los servicios del Registro Civil y la informatización y modernización tecnológica de la gestión pero ha señalado que tienen una “absoluta discrepancia” con la solución propuesta por el Ministerio.

El PRC entiende “básicos e irrenunciables”, según señala en su proposición no de ley, que “hasta que no se implante el nuevo sistema informático de gestión basado en el folio único personal, se mantenga el actual sistema de forma transitoria con la finalidad de que la prestación del servicio no se vea menoscabada”.

También considera “muy importante” que el modelo de Registro Civil que se establezca “mantenga la adecuada prestación del servicio público a los ciudadanos en condiciones de proximidad y accesoriedad”.

Por ello, ve “necesario” seguir garantizando esta asistencia a través de los ayuntamientos, juzgados de paz y juzgados mixtos con funciones de Registro Civil.

Los regionalistas también quieren que, antes de realizar el cambio de modelo, el Estado realice un “estudio exhaustivo” de los costes y gastos personales y materiales para su gestión y que “asuma dicho coste económico como titular en exclusiva de la competencia en esta materia”.

Por todo ello, en la propuesta de resolución de la iniciativa planteada por el PRC se insta al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) para que pida al Ministerio de Justicia, a que la reforma del Registro Civil mantenga su “carácter público y gratuito” gestionado en el entorno de la Administración de Justicia.

También se reclama que se establezca un sistema informático de gestión “acorde con el proceso de modernización de la Administración de Justicia” pero “sin perjuicio de mantener un modelo de Registro Civil” que permita la opción del interesado tanto al medio telemático como presencial para la realización de trámites.

Se pide que se respeten los principios de “proximidad y subsidiaridad en la prestación del servicio, en especial en los núcleos rurales” y la realización del estudio de los costes para mantener el servicio en el futuro.

Hernando considera que su propuesta es “bastante clara” y “bastante simple” en sus planteamientos como para que pueda ser aceptada por todos los grupos con representación en la Cámara.

Y es que, a su juicio, “nadie”, independientemente de la ideología que tenga, puede “decir a un vecino” que ahora tendrá que desplazarse a Santander, a una oficina centralizada del Registro, para hacer gestiones que hasta ahora desarrollaba habitualmente en su ayuntamiento o juzgado de paz.