Cerrojazo en la Administración de Gipuzkoa a los condenados por delitos sexuales

El portavoz de la Diputación foral de Gipuzkoa, Imanol Lasa, ha anunciado que la institución foral exigirá a partir de septiembre, de manera “pionera en Euskadi y en el Estado”, en sus procesos de contratación pública de servicios o prestaciones que impliquen el contacto con menores, certificados de que todo el personal propio o subcontratado por la empresa adjudicataria no ha sido condenado por algún delito contra la libertad o indemnidad sexual.

Lasa ha indicado que la institución foral ha aprobado las instrucciones para aplicar las medidas de protección del menor previstas en la Ley 26/2015, con el objetivo de “garantizar que los puestos de trabajo que implican contacto habitual con menores, no son ocupados por personas que hayan sido condenadas por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual”.

Esto incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, así como trata de seres humanos.

El portavoz foral ha indicado que el Servicio de Función Pública de la Diputación, previa consulta a las secretarías técnicas de todos los departamentos forales, especificará los puestos de trabajo, así como las personas empleadas que los desempeñen y se les requerirá una declaración “responsable” mediante la que autorizarán al citado Servicio “para la verificación de no haber sido condenadas”.

“En caso de no suscribir esa declaración, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”, ha señalado.

Verificación anual

El plazo máximo para presentar la declaración o la certificación negativa será de 15 días desde el requerimiento. Además del personal funcionario de carrera o interino y personal laboral fijo o temporal, esta medida “será de obligado cumplimiento para el alumnado en prácticas y el personal becario” que desempeñe sus actividades con menores.

También se tendrá en cuenta en los concursos de traslados y ofertas de empleo público, incorporando en las bases este requisito para todos los aspirantes. La institución foral verificará al menos una vez al año el cumplimiento de la medida y, en caso de incumplimiento, “se apartará a la persona del contacto con menores”, según ha explicado.

Además, se han aprobado las cláusulas de protección de las personas menores que serán “de obligado cumplimiento” en los procedimientos de contratación pública de la Diputación de servicios o prestaciones que impliquen contacto habitual con menores.

De este modo, Lasa ha indicado que los departamentos que contraten con terceras personas físicas o jurídicas, servicios o prestaciones que impliquen trato habitual con menores, “exigirán a las mismas la aportación de la declaración responsable de que todo su personal, propio o subcontratado, al que corresponda la realización de esas tareas, cuenta con el certificado negativo”. “Deberán hacerlo dentro del plazo de diez días desde que reciban el requerimiento”, ha añadido.

Lasa ha indicado que la institución foral insertará, “de forma pionera” en el ámbito administrativo de Euskadi y del resto de España a partir de septiembre, estas cláusulas en los anuncios de licitación, en las carátulas y en los pliegos de cláusulas administrativas de todos los procesos de contratación que impliquen contacto habitual con menores y deberán cumplirse en la fase de adjudicación y ejecución de los contratos.

El portavoz foral ha advertido de que su incumplimiento conllevará “la resolución del contrato correspondiente”. Asimismo, se exigirá el mismo requisito en la tramitación de subvenciones o ayudas destinadas al desempeño de funciones que impliquen contacto con menores.