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El Gobierno vasco pedirá al nuevo ministro de Justicia que reconsidere la privatización del Registro Civil

El Ejecutivo autónomo apuesta por unos registros "públicos y gratuitos" y afirma que mantendrá los 252 puestos de trabajo adscritos "sea cual fuere la decisión final que adopte el Gobierno español".

El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, afirma que la implantación del nuevo modelo diseñado por Alberto Ruiz Gallardón, supone "vaciar de facultades a las comunidades autónomas" en esta materia.

 

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El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, pedirá al nuevo de ministro de Justicia, Rafael Catalá, que reconsidere la privatización de los Registros Civiles anunciada por su predecesor Alberto Ruiz Gallardón. Lo hará la semana que viene durante en la reunión de la Conferencia Sectorial.

Erkoreka ha comparecido en la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento vasco para dar cuenta de la situación de los Registros Civiles en Euskadi ante las intenciones expresadas por el Gobierno español de trasladar sus funciones a los Registros Mercantiles.

En este sentido ha reiterado que Gobierno vasco "quiere que los Registros Civiles continúen siendo públicos y gratuitos" y que "se mantengan en Euskadi el ámbito de la Administración de Justicia". Por ello, ha dicho que en el caso de que el nuevo ministro de Justicia "siga adelante con los planes de su predecesor", el Ejecutivo "garantizará la totalidad de los puestos de trabajo de su personal en Euskadi". Erkoreka ha aclarado que relizará "un plan de readscripción de de efectivos" que destinará a la Nueva Oficina Judicial (NOJ).

El Registro Civil cuenta en Euskadi con 252 trabajadores que se encargan de realizar trámites legales obligatorios para los ciudadanos como el registro de nacimientos y defunciones. Durante la comisión celebrada en el Parlamento los sindicatos los sindicatos CCOO, ELA, LAB, CGT y UGT en la Administración de Justicia en Euskadi han realizado una concentración para mostrar el rechazo del colectivo a dicha privatización y "recordar también al Gobierno vasco que debe seguir reclamando las competencias que le corresponden y cumpla con los compromisos adquiridos".

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