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Tres años de cárcel por 'robar' un casco militar

La fiscalía y la Ertzaintza piden dos años y medio de prisión y tres, respectivamente, a un antimilitarista al que acusan de retorcer el dedo a un agente en una acción noviolenta del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC).

Los pacifistas robaron un casco del Regimiento Garellano para denunciar el gasto militar y lo devolvieron días después convertido en un 'kaskulore'.

El presupuesto para gastos militares en 2013 se estima en 79,17 millones de euros, denuncian los antimilitaristas vascos.

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El antimilitarista Ignacio Sanz, junto al Palacio de Justicia en donde será juzgado el próximo mes de enero. /EDN

El antimilitarista Ignacio Sanz, junto al Palacio de Justicia en donde será juzgado el próximo mes de enero. /EDN

Esta historia va de un casco militar del Regimiento Garellano, de una acción de desobediencia civil noviolenta y de una petición de prisión de hasta tres años de cárcel contra un miembro del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) de Bilbao, uno de los grupos antimilitaristas con más solera de Euskadi. Los pacifistas realizaron una acción noviolenta de manual, aprovechando la exposición que sobre el Regimiento Garellano tenía lugar en el centro municipal del distrito de Basurto, en la capital vizcaína, el pasado 6 de diciembre. Ahora, a uno de ellos le piden tres años de cárcel (la Ertzaintza) y dos años y medio de prisión (la Fiscalía) por participar en esta acción no violenta acusado de retorcer el dedo a un agente durante la protesta antimilitarista, algo que el acusado, trabajador social de la fundación EDE -promovida por la Iglesia Diocesana de Bizkaia- niega con rotundidad. El juicio se celebrará el próximo 21 de enero en el Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao.

La misión del 'comando' antimilitarista -que actuó repartido en varios grupos, uno de los cuales se encadenó en el interior de la exposición, con maniobra de distracción incluida- no era otra que hacerse con uno de los cascos militares del citado regimiento que estaba en el recinto municipal para devolverlo después en una presentación pública. Pocos días después, rodeado de catedráticos de la UPV como Pedro Ibarra, el músico de Oskorri Natxo de Felipe y representantes de colectivos sociales como Ekologistak Martxan, Gernika Gogoratuz o Ideasur, expusieron ante la opinión pública el botín, reconvertido en un casco antimilitarista del que siempre sale una flor, un 'kaskulore'.

El objetivo del MOC: denunciar este tipo de exposiciones y el Ejercito como institución, ya que para los antimilitaristas "ningún Ejército defiende la paz". De hecho, recordaron que el regimiento Garellano participó en la guerra de Cuba, en la que murieron cerca de 200.000 personas y en la de Marruecos, con otros 46.000 muertos a sus espaldas. Y que no es solo cosa del pasado: hoy en día tiene unidades desplegadas en Afganistán, "donde el numero de muertos se cuentan por miles, en su inmensa mayoría civiles", recordaban entonces los antimilitaristas. Y el presupuesto para gastos militares en 2013 se estima en 79,17 millones de euros, según sus datos.  


Maniobra de distracción

Las acciones del MOC son como los congresos de los socialistas: se sabe como empiezan, pero no se sabe cómo van a finalizar. En este caso, la acción noviolenta fue todo un éxito. Mientras se producía la maniobra de distración y se encadenaban algunos de los antimilitaristas, otro grupo que había acudido "vestido de domingo y con críos y crías se llevaron el casco y consiguieron sacarlo del centro municipal sin que nadie se percatara". Quien recuerda lo ocurrido es Ignacio Sanz, 'Pi', que lleva prácticamente 25 años siguiendo los pasos que dio Gandhi en el siglo pasado. Tiene 40 años y pesa más de 90 kilos. Esto último no es un dato inocuo.

Fue una de las personas que terminó detenida al negarse a levantarse a los requerimientos continuados de la Ertzaintza. Ignacio Sanz desplegó todos los trucos del manual antimilitarista para este tipo de protestas no violentas: hacerse el muerto, no facilitar las cosas a los ertzainas, pero "siempre desde la resistencia activa noviolenta", precisa el acusado.

El MOC y el propio Sanz esperaban algún tipo de sanción leve por desórdenes, tal vez una multa administrativa. "Cuando me llegó la citación del juzgado pensé: bueno será un tema de desórdenes por la acción del caso de Garellano", cuenta Sanz. La sorpresa fue mayúscula. Uno de los agentes había presentado una denuncia que casaba con un tipo penal muy concreto: un delito de atentado contra la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones.


Más de 90 kilos de peso

En su relato, el agente asegura que en un momento determinado el acusado abandonó su posición de relax para levantarse, coger el dedo del agente y retorcerlo para después volver a adoptar su posición inicial relajada. Ignacio Sanz, con sus más de 90 kilos, fue arrastrado, cogido por las axilas y sacado del recinto. El agente que inició la causa aporta a la causa un informe del médico forense en el que se detalla las lesiones que le forzaron a estar de baja 57 días y en tratamiento de rehabilitación hasta el 31 de enero de este año. Por todo ello, pide tres años de prisión para Sanz y una indemnización de 4.420 euros. A la vista de los datos aportados por el ertzaina, básicamente su declaración y el parte de lesiones, la Fiscalía ha creído a pies juntillas el relato del agente de la autoridad -que ha llamado a declarar como testigo en el juicio a otros cinco compañeros que participaron en la actuación policial- y solicita 2,5 años de cárcel y una indemnización de 4.220 euros. "No han pedido la pena mínima y creemos que lo que buscan, con un relato de los hechos que no se sostiene, es algo más", relata el abogado del antimilitarista acusado

Ignacio Sanz esta relativamente tranquilo. Cree, junto a su letrado, que es posible generar en el juicio una duda razonable sobre el origen de esas lesiones, esto es, que arrastrar un cuerpo inmóvil de más de 90 kilos bien puede acabar en una maniobra que haya generado la lesión, porque el relato de la denuncia "no se sostiene para un antimilitarista que lleva más de media vida en esto de la desobediencia civil noviolenta", argumenta su abogado. Su letrado, además. hace una lectura que va más allá del caso concreto y lo vincula con el objetivo de criminalizar la "disidencia. Lo hemos visto con otros casos parecidos en Euskadi, lo de los tartazos a Yolanda Barcina y, ahora, el proyecto de Ley de Seguridad del PP. Se busca apartar a la disidencia, neutralizarla", aunque utilice los mismos métodos no violentos que usó Gandhi en el siglo XX.

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