El consejero Ángel Toña reconoce su error y lamenta el daño causado
El consejero de Empleo Ángel Toña, sobre el que pesa una pena de inhabilitación por su actuación concursal, ha reconocido en los pasillos del Parlamento, fuera del alcance de micrófonos y cámaras de los reporteros, que cometió un error al no comunicar al lehendakari la pena de inhabilitación por su actividad como administrador concursal. Ha confesado que no era consciente de las consecuencias de sus actos y lamenta el daño causado tanto a Iñigo Urkullu como al Gobierno vasco.
Toña ha realizado una pequeña valoración en la sala de prensa de la Cámara vasca sobre los últimos acontecimientos y críticas provocadas estos días al conocerse su situación. Visiblemente preocupado, pero sereno ha declarado que ha hecho lo que debía hacer, al poner su caso en manos de la Comisión del Código Ético del Gobierno. “Espero que se pronuncien cuanto antes. Es lo que debía hacer y lo que es bueno para el país”.
Toña ha transmitido su satisfacción por el respaldo que le han mostrado todos los sindicatos y la Patronal. Después ha rogado a los periodistas allí presentes que no hicieran más preguntas. “Entiendan que son días complicados para mi. Ya tendremos ocasión de hablar más adelante”
La polémica sobre su nombramiento saltó al conocerse que la Sección 4 de la Audiencia de Bizkaia ha condenado a Toña por su actuación como miembro de la Administración Concursal de las empresas Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004. La sentencia le obliga a reordenar los pagos realizados y a “una inhabilitación de 18 meses para ser nombrado administrador de concurso” en el juzgado concreto en el que se llevaba el caso. La información la ha adelantado este miércoles el diario Gara.
Ángel Toña no avisó a Urkullu de la sentencia,que había ganado en primera instancia y que le fue comunicada apenas 48 horas antes de jurar su cargo, según fuentes solventes. Fuentes conocedoras del caso aseguran que la actuación de Toña como administrador concursal buscó en todo momento “la continuidad de la actividad empresa y el pago a los trabajadores”. Y así lo recoge la propia resolución judicial.
