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Entrevista - Manuel Lezertua, Ararteko

“También algunos ciudadanos con ocho apellidos vascos defraudan en las ayudas sociales”

El 'ararteko' Manu Lezertua asegura que la institución no solo está "para dar caña". Aboga por el diálogo institucional por encima de la confrontación y advierte de que el Defensor del Pueblo Vasco siempre debe estar vigilante porque "los derechos humanos siempre están amenazados"

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Manuel Lezertua cuando fue investido como Ararteko.

Manuel Lezertua cuando fue investido como Ararteko.

Con una extensa y dilatada trayectoria como jurista a sus espaldas, Manu Lezertua Rodríguez aterriza en la institución del Ararteko dispuesto, sobre todo, a resolver los problemas mediante el diálogo. “El Ararteko no está solo para dar caña; yo creo profundamente en el diálogo institucional”. Ha trabajado como letrado del Gobierno vasco, del Consejo de Europa (desde 1985), del Tribunal Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su intención es adelantarse a los problemas para darles una solución porque está plenamente convencido de que “los derechos humanos siempre están amenazados”. Sobre el recurrente debate del fraude en las ayudas sociales, Lezertua cree que “es muy fácil culpar a los magrebíes de fraude en la RGI, pero ciudadanos con ocho apellidos vascos también lo cometen”.

¿Dónde reside la credibilidad de la institución del Ararteko?

Sobre todo, en su independencia. Los partidos saben que no tengo ningún tipo de presión ni recibo sugerencias de nadie. La competencia del equipo de la institución también ha consolidado el prestigio de la institución y así todos saben que cuando el Ararteko habla no habla por hablar. Todo está fundamentado en análisis e investigaciones. Yo siento los problemas de los ciudadanos como propios. Defiendo sus derechos por encima de todo y es lo que se conoce en una democracia avanzada como el juego de poder y contrapoder. Las administraciones abarcan todo y por eso el Ararteko debe estar en todo también, para evitar los riesgos de arbitrariedad en la toma de decisiones. El Ararteko pone el foco en los problemas de la sociedad vasca y aborda muchos temas. No actúa solo para resolver quejas individuales, sino para resolver problemas generales y darles una orientación para proteger la dignidad de los ciudadanos. Porque los derechos humanos siempre están amenazados y sin derechos humanos no hay democracia. Por eso, la institución tiene que actuar como una antena y tener el olfato de un perro trufero para descubrir el problema y, si es posible, adelantarse.

¿Llega al cargo dispuesto al cuerpo a cuerpo con la administración si es preciso?

Sí, es algo que van con el sueldo. Pero también tengo una percepción del puesto que no es solo de confrontación. El Ararteko no está solo para dar caña o actuar exclusivamente como un ‘pepito grillo’. Yo creo profundamente en el diálogo institucional. El Defensor del Pueblo Vasco es una institución pública elegida por el Parlamento, que a su vez es elegido por el pueblo. El diálogo es una forma muy eficaz de resolver problemas.

Para alcanzar ese nivel de diálogo es fundamental creer en la lealtad de la otra parte.

No siempre, pero es importante. El Ararteko debe convencer a las administraciones todopoderosas de que se pueden hacer las cosas mejor.

¿Cuál es la relación de la sociedad vasca hacia su administración? ¿De miedo, respeto reverencial o, por el contrario, de trato de tú a tú?

Los ciudadanos no tienen miedo a la administración, al contrario. La administración vasca es relativamente joven, nueva, con la que es más fácil relacionarse. La gente dice: pago impuestos, luego exijo que los servicios públicos funcionen.

¿Es partidario de subir los impuestos para garantizar el Estado de Bienestar?

Creo que algunas decisiones y apuestas que se han hecho en Euskadi son muy avanzadas y han permitido atenuar los efectos de la crisis económica, especialmente de los ciudadanos con menos recursos. En ese sentido, el dinero tiene que salir de algún sitio. Si queremos tener una sociedad cohesionada y no dislocada es preciso disponer de ciertos mecanismos y hay que pagarlos.

Las acusaciones de fraude en las prestaciones sociales amenazan con romper esa cohesión.

Detrás de esas acusaciones hay un elemento político. Se han dado pasos muy avanzados y la RGI ha servido para dar cobertura y solidaridad hacia los que más sufren. Es cierto que hay gente que no está dispuesta a que el dinero se gaste de esa manera. Lanbide es muy estricto, en algunas cosas incluso demasiado, pero es indispensable no ofrecer ese flanco de crítica. Si queremos tener un sistema de prestaciones sociales avanzado, al mismo tiempo hay que hacerlo creíble para los ciudadanos. Si la sociedad piensa que sus impuestos se malgastan porque hay algunos aprovechados que cobran sin tener derecho a ello, hay que tener una política de firmeza. Hay que ser duros con el fraude, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que a veces nos fijamos más en el origen nacional o étnico de algunos perceptores de las ayudas que en la realidad. ¿Es cierto o no que esa persona vive casi en la indigencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué queremos las ayudas? Pues para que esas personas no tengan que dormir debajo de un banco. Es posible que algunos se aprovechen del sistema, pero también hay fraude, por ejemplo, en la expedición de permisos de conducir y no se van a retirar los carnés. El fraude se debe combatir, pero el riesgo de demagogia es muy grande. Es muy fácil buscar un chivo expiatorio en los magrebíes, pero estoy seguro que también personas con ocho apellidos vascos cometen fraude.

¿Cree que España, en general, y Euskadi, en particular, han tenido éxito con su modelo de integrar socialmente a los inmigrantes?

Estamos teniendo más éxito que en Francia, pero también hay diferencias notables que no permiten la comparación, aunque sí aprender de los errores y Francia los ha cometido muy graves. La sociedad vasca, en general, es generosa. A pesar de que ha habido signos de nerviosismo o malos ejemplos, los inmigrantes están en su casa. En España tenemos la suerte de no tener partidos de corte fascista-xenófobo. No existe ese sector organizado de una manera política. España es un país de inmigración, como Euskadi. Un pueblo que ha sufrido el desarraigo y ha buscado cobijo en otros lugares es más difícil que luego sea mezquino con los que llegan ahora en busca de ayuda.

Resulta algo contradictorio que a los parlamentarios les guste y alaben el trabajo de la institución y después se muestren cicateros con los presupuestos

¿Cómo es posible que el fenómeno de los trabajadores pobres esté en alza y los políticos insistan en que se está saliendo de la crisis?

Parece que las grandes variables macroeconómicas apuntan hacia una cierta mejora y se vende desde el Gobierno central que la recuperación ha comenzado, pero se ha pagado un gran precio a nivel social. Lo cierto es que esa recuperación no se ha dejado sentir en la microeconomía, es decir, en la vida de las personas. Seguimos pagando el intento de recuperación.

¿Cuánto trecho le queda por recorrer a la izquierda abertzale para normalizar completamente la sociedad vasca?

Hay un factor positivo: estamos mejor por el mero hecho de que desde hace cuatro años ETA no mata y hay un claqué por detrás que aplaude la salvajada. Eso rebaja la tensión social y ayuda a que las personas se hablen. Lo ideal es que en estos cuatro años se hubiera avanzado más. Espero que un momento dado se dé por finiquitada la existencia de ETA, se autodisuelva. A cambio de eso querrán obtener algún tipo de concesión en materia penitenciaria.

Arnaldo Otegi sigue en la cárcel. ¿Cree que es una buena o una mala noticia?

Voy a responder como Manu Lezertua, que se ha pasado 30 años trabajando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una falta de conocimiento del procedimiento judicial europeo y se está diciendo de todo y cualquier cosa. Ante una demanda que han presentado unos ciudadanos contra un Estado por supuestas infracciones, el Tribunal declara que parte de esas quejas no son admisibles y queda una queja [la supuesta falta de imparcialidad de una sección de la Audiencia Nacional] sobre la que no se decide nada. Es lo normal. El Tribunal de Derechos Humanos abre un proceso contradictorio para que las partes aleguen lo que tengan que alegar y se le da traslado al Gobierno. Se le hacen unas preguntas, se le dan tres meses. Después se le da traslado a los recurrentes. Otegi tendrá oportunidad de formular sus contraalegaciones y de acuerdo a todo eso, el Tribunal decide si admite o no. Y si admite, debe decidir si existe una vulneración a un juicio imparcial. Es el pan de cada día en el Tribunal de Derechos Humanos, queda abierta una parte del recurso porque considera que debe dar la oportunidad al Gobierno para que presente sus razonamientos.

El Parlamento vasco ha solicitado la reforma de la estructura del Ararteko. ¿Qué piensa hacer?

Se han cuestionado cosas que han causado estupor y sorpresa en el equipo del Defensor del Pueblo Vasco. Me comprometí en su momento a hacer una reflexión sobre el dimensionamiento de la estructura a las necesidades de hoy. En el proyecto de presupuestos para 2016 es de contención de gastos. Resulta algo contradictorio que a los parlamentarios les guste y alaben el trabajo de la institución y después se muestren cicateros con los presupuestos. La crisis obliga a todos a apretarse el cinturón y en ese sentido el presupuesto del próximo año supondrá una caída del 11% desde 2009. Y eso en un escenario de aumento de quejas.

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