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Los catalanes llenan las urnas

Vean el gráfico de abajo.  Quizás coincidan conmigo que recoge uno de los elementos más excepcionales de estas elecciones catalanas. Un 69% de participación es ya un dato extraordinario en si mismo. Se trata de las elecciones más concurridas de toda la historia electoral de esta comunidad autónoma, nueve puntos por encima de la media (60,2%). Pero este dato, si lo ponemos en contexto y lo comparamos con la participación en las elecciones generales, aún gana en espectacularidad. Veamos muy brevemente por qué.


La participación en las elecciones generales y autonómicas en Cataluña- 1980-2012

La participación en las elecciones generales y autonómicas en Cataluña- 1980-2012


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Los españoles se van más de Madrid, los extranjeros, de Cataluña

Hace unas semanas el INE publicó sus Estimaciones de Población Actual y todos los medios destacaron la pérdida neta de población para el conjunto de España que tales estimaciones apuntan. Las Proyecciones de Población recién publicadas inciden en el mismo sentido. Las cifras claramente indican que la pérdida de población en España es fruto, sobre todo, de la caída de entradas de extranjeros a nuestro país combinada con un notable aumento de sus salidas; y no tanto de la emigración de españoles que, en términos absolutos, sigue siendo muy inferior. En relación con esta cuestión, las estimaciones sugerían un tercer elemento muy interesante que, sin embargo, pasó bastante inadvertido: me refiero a la desigual distribución de las salidas al exterior, tanto de españoles como de extranjeros, entre Comunidades Autónomas.

Es bien sabido que la población extranjera se ha concentrado mayoritariamente en las dos grandes urbes (Madrid y Barcelona) y sus áreas metropolitanas, en el arco Mediterráneo y en las islas. Y ello explica que en estas zonas se observe un mayor número de salidas de extranjeros al exterior en términos absolutos. Pero si queremos comparar necesitamos previamente neutralizar las diferencias resultantes de su peso desigual en distintos lugares del país. Para ello hemos calculado el porcentaje que representa la población de nacionalidad extranjera en cada Comunidad Autónoma respecto de la población extranjera total en España, y la hemos comparado con el porcentaje que representan las emigraciones de extranjeros al exterior en esa Comunidad respecto del total de salidas al exterior de extranjeros estimadas para el conjunto de España. Y hemos hecho lo mismo con la población española y sus salidas al exterior en cada Comunidad.

Si no hubiese diferencias en la propensión a emigrar entre Comunidades Autónomas, ambos porcentajes serían iguales y la ratio entre ambos sería igual a 1. Los gráficos 1 y 2 representan tales ratio para cada Comunidad Autónoma desde 2009 a 2012. Una barra hacia la derecha del 1 indica que las salidas al exterior en esa Comunidad Autónoma son superiores a las que le corresponderían si la distribución fuese homogénea; y a la inversa, una barra a la izquierda del 1 indica que se producen menos emigraciones de las esperables si la emigración tuviese la misma intensidad en toda España.

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Desahucios y democracia

El Gobierno, bajo presión extrema de la opinión pública, aprobó la semana pasada un decreto ley que prevé retrasar una pequeña parte de los desahucios. Más allá del contenido exacto de las medidas, la manera en que se han negociado ejemplifica un grave problema de la democracia en España: la baja inclusividad del sistema político que a su vez obstaculiza el crecimiento económico.

Este año se ha publicado uno de esos libros que se convierte en un clásico instantáneo. En “Why Nations Fail” los economistas Daron Acemoglu y James Robinson se preguntan por qué algunos países prosperan pero otros no y, frente a explicaciones geográficas o culturales, ellos dan una explicación política. Para que se dé crecimiento económico sostenido es necesario que existan instituciones económicas inclusivas, es decir reglas del juego que ofrezcan seguridad jurídica e igualdad de oportunidades. Estas reglas sólo surgen y se consolidan bajo instituciones políticas inclusivas que reparten el poder político entre múltiples sectores de la sociedad. Las instituciones políticas no inclusivas, por el contrario, dan acceso privilegiado al poder político a las élites quienes ajustan las reglas del juego a conveniencia y limitan el acceso a las decisiones políticas a nuevos actores -no fuera caso que quisieran cambiar esos arreglos tan favorables. El precio de tener malas instituciones es el empobrecimiento de la sociedad porque cuando las reglas son sesgadas existen menos incentivos para invertir, trabajar e innovar.

Por supuesto, la democracia es un sistema más inclusivo que otros, pero existen grados de inclusividad. En algunas democracias, muchos actores y grupos sociales (sindicatos, asociaciones, ONGs, partidos pequeños, además de empresas y grandes partidos) participan en el proceso político que es transparente y abierto. En otros casos, los principales partidos políticos negocian entre ellos y con las élites económicas. Intereses poderosos, como el sector financiero, pueden cooptar a los principales partidos para obtener un trato privilegiado.

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La loca Historia del Estado español

Uno de los artículos más provocadores de los últimos meses ha sido Una Teoría de la Clase Política Española  de César Molinas, en el que el autor adaptaba al caso español la teoría de las élites extractivas del libro del momento en economía política: Por qué fracasan las naciones de Acemoglu y Robinson. Molinas escribe un artículo, como mínimo, poco riguroso, hilvanando en una narrativa llena de metáforas efectistas (Frankensteins, calamares vampiros, leones y otros animales) fenómenos muy diversos y demostrando un pobre dominio de la literatura sobre los efectos de los sistemas electorales y otras instituciones sobre la calidad de gobierno en un país. Sin embargo, me gustaría celebrar que Molinas ponga sobre la mesa el “conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España”.

Sí, es cierto que es una expresión que, en distintas versiones, hemos oído hasta la saciedad recientemente. Pero, si nos detenemos a pensar un poco, nos daremos cuenta que a lo largo de nuestra historia reciente, especialmente en momentos constitucionales o formativos de nuestras instituciones (ya sea a nivel central, autonómico o local), es un conflicto que ha quedado relegado en el debate público a un plano menor. Los conflictos a resolver eran entre los representantes políticos de distintos grupos: izquierdas versus derechas; centralizadores vs separatistas; empresarios vs trabajadores; anti- vs clericales. Sin embargo, el potencial conflicto entre los gobernantes en su conjunto –que gozan por definición de múltiples ocasiones para abusar del poder en beneficio propio o de sus allegados– y el resto de ciudadanos ha sido descuidado. En primer lugar, por unos pensadores políticos, líderes de opinión y padres fundadores (ya sean de nuestras constituciones, estatutos o similares) muy “políticos” y, en general, poco versados en la tradición de pensamiento liberal.

Y, sin embargo, es un problema político fundamental; si no “el problema” político fundamental. Como advirtió el premio Nobel de economía Douglas North ya en 1981, desde las dinastías del Antiguo Egipto la tensión política clave en toda sociedad humana ha sido aquella entre un sistema que maximice las rentas para los gobernantes y un sistema que maximice la eficiencia económica y social. A pesar de que, si miramos a la historia de la humanidad en su conjunto, probablemente el primer sistema ha tendido a dominar más, también es verdad que muchas democracias han conseguido poner trabas a la acumulación de rentas en manos de la élite gobernante. Pero también hay que subrayar que muchas transiciones a la democracia han desembocado en sistemas “cerrados” (usando la terminología de North, Weingast y Wallis) con “élites extractivas” (usando la expresión de Acemoglu y Robinson). Como clarividentemente subraya Paul Collier en su estudio de democracias inestables, nepotísticas y corruptas –las “democrazy”– con frecuencia tendemos a olvidar que la democracia consiste en dos cosas: elegir a nuestros gobernantes a través de elecciones y, la vez, someterlos a controles para evitar abusos. El último ejemplo de democracia que ha frustrado unas grandes (y realistas) expectativas de desarrollo socio-económico podría ser Sudáfrica, donde una élite parece haberse consolidado en los aledaños del poder al tiempo que el país ha ido cayendo en los rankings internacionales de funcionamiento del gobierno y de competitividad económica, sobre todo en relación a otros países de su entorno.

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Poder Económico 1 - 0 Poder Político

En España, los desahucios son la punta del iceberg de la crisis social en la que ha derivado la crisis económica. Bajo este drama se esconde: el paro masivo y cronificado; la precariedad laboral; los recortes; el empobrecimiento de las clases medias y bajas; el estallido de la burbuja inmobiliaria y crediticia; la percepción de injusticia social; y la asimetría entre un omnipotente (y rescatado) sector financiero y un desprotegido (e indefenso) ciudadano al que se le quiere hacer pagar todo el importe del concepto “haber vivido por encima de sus posibilidades”. Aspectos, todos ellos, que, en forma de suma y sigue, vienen reflejando las estadísticas y encuestas desde que comenzó la crisis.

A nivel político, la alarma social creada por las lamentables muertes de dos personas que vieron en el suicidio la única salida a la “condena” de verse privadas de sus hogares, también ha servido para poner en evidencia la (in)capacidad de los dos grandes partidos (el PSOE como partido que gobernó en la última legislatura, en la que comenzó a crecer el drama de los desahucios, y el PP como actual partido gobernante) para hacer frente a los problemas de los ciudadanos.

Al PP y al PSOE les ha sobrado tibieza y lentitud y, por el contrario, les han faltado reflejos. Su reacción (en forma de un intento -por ahora infructuoso- de llegar a un acuerdo para atajar este problema y, en el caso de los populares, de la aprobación de un decreto que se queda corto por su carácter únicamente paliativo y restringido a los casos de mayor vulnerabilidad) ha llegado después de que el poder judicial empezara a pedir cambios para evitar las ejecuciones hipotecarias; después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya tirado de las orejas a España por una legislación hipotecaria que considera abusiva con los consumidores; y después de que la presión mediática y social empezaran a ser insoportables. A lo que habría que añadir que, incluso, la patronal de los bancos ha sido más hábil al anunciar antes una moratoria para los casos más extremos; aunque, sólo, lo haya hecho con el objetivo de evitar que crezca la presión social para cambiar la ley hipotecaria.

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¿Se decide libremente hacer huelga? Lo que dicen los datos

33 Comentarios

Mañana 14 de Noviembre hay convocada una huelga general. Como siempre, se hablará de la coacción que sufren muchos trabajadores como consecuencia de la acción de los piquetes, y también de las presiones que sufrirán otros para acudir a su puesto de trabajo aunque simpaticen con la convocatoria de huelga. Muchos usarán como evidencia válida anécdotas personales: una cerradura bloqueada, una conversación con el jefe de personal, o historias “que le han contado” de uno y otro signo.

Para responder a preguntas como la que da título a este post, aquí en Piedras de Papel nos gusta usar datos un poco más fiables. Por fortuna estos datos existen, los ha recogido el CIS en su barómetro del pasado mes de Abril, en el que se preguntaba a una muestra representativa de españoles (entre otras cosas) sobre el seguimiento de la jornada de huelga del pasado 29 de Marzo, y son además de libre acceso.  

Según esta encuesta, un 27% de los trabajadores que tenían que trabajar ese día hizo huelga (esto es seguramente es una cifra inferior a la real, puesto que en la encuesta hay un 11% de trabajadores que afirman que ese día no tuvieron que trabajar, lo que incluye seguramente un número alto de personas que decidieron tomarse ese día libre y de alguna forma “hicieron huelga”). El CIS, sensible al debate sobre las posibles coacciones de uno y otros signo en las jornadas de huelga, incluye como posibles respuestas “Quise trabajar pero no pude”, y “Quise hacer huelga pero no pude”. Son pocos los encuestados que reconocen que hicieron lo contrario de lo que querían (un 7%), pero llama la atención que sean más del doble los que trabajaron aunque querían hacer huelga que los que hicieron huelga queriendo trabajar. Esto parece ya indicar que las presiones para no secundar la huelga son el doble de coactivas que los piquetes sindicales.

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¿Quién tiene la culpa de los recortes?

Cuando los gobiernos efectúan políticas impopulares, no siempre acaban siendo castigados por ello en las urnas. El castigo depende, en gran medida, de hasta qué punto se considere a los gobernantes responsables de tales políticas. Los votantes son más indulgentes si creen que las medidas vienen impuestas por alguna situación adversa fuera del control gubernamental y son más severos si intuyen que dichas medidas responden a una mala gestión o a criterios estrictamente ideológicos. Los actuales recortes presupuestarios son un buen ejemplo de ello: el coste en popularidad que le puede reportar al Gobierno dependerá de si los ciudadanos consideran que son imprescindibles o si, por el contrario, estiman que son resultado de una elección voluntaria del Gobierno.

Los políticos, conocedores de nuestras dudas, intentan evitar el enfado de los ciudadanos ideando estrategias de evasión de responsabilidades. Entre el menú de coartadas exculpatorias podemos encontrar argumentos clásicos como: la herencia recibida, las imposiciones de la economía global, las exigencias de Europa o la necesidad de sufrir hoy para garantizar un futuro mejor.

Todos los gobiernos que efectúan recortes presupuestarios acaban recurriendo a alguna de las recetas mencionadas anteriormente. Otra cuestión es que consigan convencer a los ciudadanos. Si algo deja claro el informe de ecmware sobre opinión pública y recortes presupuestarios es que el Gobierno de Mariano Rajoy se encuentra muy lejos de conseguirlo. La percepción más generalizada entre los españoles es que los recortes ni se justifican por factores ajenos al control del Gobierno, ni son medidas adecuadas para alcanzar un futuro mejor. Al contrario, la idea más extendida es que los recortes tienen un marcado carácter ideológico y responden a una voluntad (que no necesidad) de adelgazar el Estado de Bienestar.

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¿Se puede defender una banca pública después de la experiencia de las cajas?

Rodrigo Rato

La economía española sigue en crisis. Y a pesar de las “señales esperanzadoras” que dice ver la ministra de Empleo, los expertos no creen que esta situación vaya a cambiar en el corto plazo. Una de las razones fundamentales reside en la fuerte contracción del crédito en España. Después de un largo período de expansión (1996-2008) el crédito a empresas y a familias ha experimentado una acelerada reducción que no cesa. Esta situación es particularmente perniciosa para salir de la crisis, puesto que afecta en especial a la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para generar empleo y competir en los mercados internacionales. Según una encuesta realizada por el Banco Central Europeo a PyMEs, España es el segundo país de la zona Euro en donde estas empresas declaran que el acceso al crédito es uno de los problemas más acuciantes para su negocio.

Ante este panorama existen algunas voces que defienden la opción de una banca pública como instrumento para reactivar el flujo del crédito. IU siempre ha estado a favor de la intervención pública en el mercado bancario. Tomás Gómez fue el primero líder del PSOE en alzar la voz, aunque Rubalcaba terminó coqueteando con la idea una vez intervenida Bankia. Pero hasta Núñez Feijóo (PP) ha defendido la banca pública como la solución "menos mala" ante la situación actual. No obstante, tras la reciente experiencia de las cajas de ahorros, la mera asociación entre políticos y banca pone los pelos de punta a cualquier ciudadano mínimamente informado.

La pésima gestión de las cajas de ahorros durante el auge inmobiliario junto al largo historial de fracasos de la banca pública en varios países parece un argumento de peso para rechazar cualquier iniciativa que implique ligar la gestión de entidades financieras con gobiernos, sean del color que sean. Pero las experiencias pasadas no deberían ser motivo suficiente para descartar esta opción, pues con la misma lógica el modelo de mercado (banca privada) habría quedado también deslegitimado después de la actual crisis. El sólo hecho de nombrar a Lehman Brothers bastaría. Por tanto, antes de llevarnos las manos a la cabeza, sopesemos los argumentos en contra y a favor de la banca pública.

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Las encuestas electorales en 11 titulares

Resumimos en 11 apuntes los principales resultados del barómetro del CIS correspondiente a octubre y de las dos encuestas -realizadas respectivamente por el CIS  y el Centro de Estudios de Opinión (CEO)- sobre las próximas elecciones catalanas.  

Sobre el pulso electoral en Cataluña:

1. El eclipse PSC. Las encuestas del CIS muestran lo que se intuía en las encuestas de los medios de comunicación: el PSC se encuentra en su momento más bajo. Al margen de contar con una intención directa de voto bajo mínimos (de apenas un 10%), hay otros tres elementos que avalan la crítica situación del PSC: a) sólo el 52% de votantes socialistas están dispuestos a volver a hacerlo. Se trata de una de las tasas de lealtad más bajas de la historia, sólo superada en 2010; b) Pere Navarro, con una nota de 3,4, es el líder peor valorado de la historia del PSC, tanto entre su electorado como entre el resto de los  catalanes; y c) Pere Navarro es también uno de los líderes del PSC más desconocidos. A estas alturas, aún hay un 27% de los catalanes que por Pere Navarro no les viene nada. Este porcentaje de desconocimiento sólo es superado por el exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, quien fue nombrado candidato pocos meses antes de las elecciones de 1995.

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Sobre la abstención. Una respuesta a Carlos Elordi

La semana pasada Carlos Elordi escribía en este medio un interesante artículo en el que reflexionaba sobre la evolución y naturaleza de la abstención en Europa.  En estas líneas queremos entrar en el debate aportando dos matices.

La abstención, una vieja conocida

En su artículo, Carlos Elordi sugería que la abstención se había acentuado en los últimos tiempos en la mayor parte de democracias desarrolladas, probablemente como consecuencia de la crisis económica.  Sin embargo, un análisis sistemático de las elecciones en Europa no parece confirmar tal extremo. Un repaso a la evolución de la participación en Europa a lo largo de las últimas cinco décadas da cuenta la escasa excepcionalidad de los tiempos actuales. El gráfico 1 muestra cómo la participación en Europa se mantiene relativamente estable en torno al 85% a lo largo del período 1945-1980. Es a partir de entonces cuando se inicia un progresivo descenso en la participación que llega hasta la actualidad.  Dicho descenso, a pesar de ser muy moderado (de apenas 1,8 puntos por lustro), se mantiene relativamente constante en todo el período. Como consecuencia, la participación ha acabado cayendo en las últimas tres décadas alrededor de 11 puntos, situándose en torno al 75%. 

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