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Los riesgos de la reforma sanitaria madrileña

El gobierno regional de Madrid ha puesto en marcha un plan para privatizar la gestión de la asistencia sanitaria en seis hospitales de la comunidad. El plan consiste en ceder la gestión de la atención sanitaria de los hospitales a empresas privadas concesionarias a cambio de una aportación pública anual, la llamada cápita. En definitiva, la reforma establece que la atención sanitaria se preste mediante financiación pública pero con gestión privada. Se trata de un proyecto que ha generado una muy importante movilización entre los profesionales del sector. Aquí me voy a detener en los problemas que esta reforma plantea, tanto desde un punto de vista del proceso como del tipo de modelo al que se aspira.

El objetivo de esta entrada no es criticar la existencia de una agenda de reforma per se. De hecho, como apuntaba en este mismo blog Víctor Lapuente, es necesaria una cierta apertura de miras en la gestión de la sanidad. El actual modelo es mejorable.  Son posibles y necesarias mejoras en la gestión de personal y en la de las infraestructuras. Sin embargo la reforma que ha propuesto la Comunidad de Madrid adolece de dos problemas básicos. En primer lugar, se ha planteado en un contexto de máxima opacidad, y sin participación de las partes concernidas en el debate. En segundo, el modelo que se quiere implantar conlleva unas debilidades estructurales que cuestionan su idoneidad.

En efecto, el argumento dado por la Comunidad de Madrid para justificar la reforma ha sido la existencia de un ahorro en el gasto público derivado de la privatización de la gestión. Sin embargo, esta afirmación no ha sido apoyada por un estudio serio de los costes que soportan los hospitales actualmente, previamente a la privatización. Sin un estudio de costes, ¿cómo es posible calcular el ahorro esperado? Por un lado, la consejería argumentó que el coste de la gestión pública de la atención sanitaria en los seis hospitales era de 600 euros por habitante y año frente a 441 en los de gestión privada. Sin embargo, un estudio de la asociación de facultativos de Madrid (AFEM) calcula que el gasto real es de sólo €380. Así pues, el ahorro por la privatización no sería tal. En cualquier caso, una divergencia tan importante entre estas dos estimaciones sólo es posible en un contexto de ausencia grave de datos sobre el coste real de la gestión de los hospitales. Esta opacidad, asimismo, genera sospechas respecto a la posible existencia de colusión entre los políticos que están tomando las decisiones y las empresas candidatas a hacerse con las concesiones.

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Las dos caras de la desafección política

La indignación que los casos de corrupción provocan en la ciudadanía podría representarse como una escena en tres actos. El primero lo protagoniza la indignación más inmediata, aquella que aparece a medida que se descubren los detalles de cada caso. El segundo surge al poco tiempo como reacción a las decepcionantes respuestas que dan los partidos políticos que están involucrados. El tercero y último es un acto inacabado: son los posos de desconfianza general que unas y otras actuaciones van dejando en la sociedad.

El resultado de todo ello es la desafección política. Se trata de un término poco preciso con el que se intenta describir la creciente desconfianza y el distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes. El dato que mejor ilustra este fenómeno y que más ha captado la atención de los medios es la caracterización de la clase política por parte de la opinión pública como uno de los principales problemas del país. Según el último barómetro del CIS (diciembre de 2012), casi uno de cada tres españoles identifica a los políticos y a los partidos entre los tres problemas más importantes de España. Un año atrás esa misma valoración se daba en uno de cada cinco ciudadanos.

La desafección política es un problema grave. Lo será más si deja de estar vinculada a los acontecimientos coyunturales (los casos de corrupción o las consecuencias de la crisis económica) y se convierte en un aspecto estructural del sistema político. Algunos quizás confíen en que la mejora de la situación económica o el olvido lo cure todo, como ya ocurrió en el pasado. Las series de barómetros del CIS muestran que en el año 1995 aumentó de manera significativa la desconfianza hacia la clase política en un contexto donde también se combinaban corrupción y crisis económica.

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En las aguas heladas del cálculo egoísta

Es bastante común, en el muestrario del desdén, suponer que la cuestión catalana es una cuestión de intereses; como si eso fuera poco. Es cierto que, en general, en todo el planeta, el autogobierno lo demandan las entidades no estatales más ricas dentro de los estados; y es cierto que, en Cataluña, en general, la demanda de autogobierno siempre ha estado respaldada con especial fuerza por los más acomodados. Tampoco es raro desdeñar las reivindicaciones catalanas como problemas de identidad que los dizque ilustrados no podemos soportar sin sonrisa. Es trivial encontrar ejemplos. Como una y otra cosa encajan mal, a menudo se supone que el cálculo y la protección de intereses animan a la emoción identitaria. Quiero argumentar contra ese desdén, que es tan fácil compartir, advirtiendo, antes que nada, sobre los datos. Creo que estos indican que el resto de los españoles deberían ocuparse mejor de acomodar los intereses y sentimientos de los catalanes. De momento, el extrañamiento subjetivo con respecto a España parece mayor que la preferencia por la separación; es fácil prever que esto mude de modo difícil de resolver.

Los datos que siguen indican que existe una mayoría firme y estable en Cataluña para un régimen con mayor autogobierno y que sería preferido a la independencia. Pero la independencia puede ser preferida al statu quo si el cambio en la opinión pública catalana sigue por el mismo curso que en los últimos años. Los grupos sociales menos propensos a adoptar como propias la identidad y el proyecto nacionalista, frente al que normalmente se muestran pasivos, han cambiado, pero no en la dirección de trocar su pasividad por una oposición algo más clara, sino al contrario. La reivindicación de intereses está acompañada de lo que parece un cambio emocional en el que el equilibrio de la identidad se está alterando. Esto demanda un reconocimiento.

Reflexionar sobre la opinión pública puede ayudar, así sea un poco, a quienes creen que hay espacio para una solución inteligente, justa y amigable. Lo hay, creo que es visible. No voy a sugerir nada sobre su contenido concreto; hay muchas formas de reformar el poder territorial en España, y su financiación, que supondrían un bien para todos, no solo para los catalanes. Esperemos que los políticos hagan en esto su trabajo.

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David y Goliat: consumidores vs. grandes empresas.

¿Cuántas veces les ha pasado (o conoce el caso de alguien) que una empresa –banco, telefonía, aerolíneas…- decide no cumplir con el contrato que tiene con usted? En principio, el ciudadano-consumidor-votante puede reclamar a la proveedora del servicio y, en última instancia, activar los mecanismos que la ley le ofrece. En muchas ocasiones, sin embargo, no actuamos porque el coste - en dinero o en tiempo- es tan alto que reclamar no compensa. Parece que el proceso está diseñado, precisamente, para disuadirnos de actuar. Como esto lo saben las compañías, su incentivo para cambiar el statu quo es nulo. En estas ocasiones nos cuestionamos la utilidad del Estado. ¿Por qué se apoya al grande, los menos? ¿Qué podemos hacer los pequeños, los más?

En un contexto de complejidad comercial creciente –cuando en muchas ocasiones no es fácil distinguir al vendedor del proveedor del servicio, o donde el servicio lo ejecutan varias empresas a la vez-, el papel del Estado es imprescindible. Algunos argumentan que la relación comercial que se establece entre dos partes es voluntaria. Pero también es cierto que hay una parte más poderosa que la otra. Si el consumidor –usted- no cumple con la parte requerida por la empresa, se le cancela el servicio y esta puede tomar acciones legales. En teoría nosotros podemos hacer lo mismo, aunque es bastante ingenuo pensar que nos enfrentemos a una gran compañía en igualdad de condiciones. También es discutible que la relación sea voluntaria: por ejemplo, muchas familias deben tener internet en casa porque lo exige la escuela para hacer trabajos o entregar los deberes. En pocas palabras, las compañías pueden abusar de nosotros con facilidad y eso no es justo. No es justo pagar por un servicio y que éste sea defectuoso o, peor, que no se ofrezca. Sin muchos problemas de argumentación, se puede decir que una parte estaría robando a la otra. Segundo, hace pensar que el Estado no protege al ciudadano ante los abusos cuando es una de sus funciones principales.

¿Cuál es la situación en España? El Instituto Nacional del Consumo publicó en marzo de 2011  el “ Balance de Consultas y Reclamaciones Presentadas en las Organizaciones de Consumidores de Ámbito Nacional: Año 2010”. Es el último que he encontrado pero muestra unos datos relevantes: se ha pasado de casi 496.000 consultas y reclamaciones en 1995 a más de 1.632.000 en 2010 (más de 305.000 reclamaciones y más de 1,3 millones de consultas). Más del 14% de las quejas o información se dan en el sector telefónico (seguro que a Rodrigo Rato le han fichado por su preocupación por los consumidores); un 10,25% en transportes y casi un 10% en los servicios financieros (recuerden el “háganse bankeros”). 

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A vueltas con la corrupción

Alejado, al menos de momento, el fantasma de un posible rescate económico, y con la crisis social como telón de fondo, el arranque del nuevo año se ha caracterizado en España por la actualidad que han (re)cobrado los casos de corrupción.

En la última semana -que, en términos políticos, podemos calificar de negra- han coincidido, mediáticamente:

a) el caso Pallerols: financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya, con vodevil incluido al retractarse Duran i Lleida de su otrora intención de dimitir si se demostraban los hechos delictivos.

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España, del europeísmo al ¿euroescepticismo?

España ha sido tradicionalmente un país europeísta. Tras décadas de dictadura y aislacionismo, Europa significaba modernidad y progreso. Esto ha hecho que los niveles de apoyo a la Unión Europea en sus distintas fases siempre hayan sido muy altos. Y que, por ejemplo, en 2005 España fuera de los primeros países en refrendar, con amplia mayoría, el proyecto de Constitución Europea que finalmente fue abortado.

Este europeísmo ha sido una de nuestras señas de identidad hasta la implosión de la crisis económica. Sin embargo, en los últimos años hemos pasado de ser de los países más fervorosamente europeístas a tener una opinión más tibia, cuando no negativa, de la Unión Europea. Por ejemplo, a la pregunta de qué imagen les genera la Unión Europea, España era en mayo de 2012 el tercer país donde menos ciudadanos declaran tener una imagen positiva, después de Reino Unido y Finlandia (Eurobarómetro Mayo 2012). En concreto solo un 22% de los ciudadanos respondían positivamente, mientras que en 2004 la cifra ascendía al 63% y España era el cuarto país donde la Unión Europea tenía mejor imagen (Eurobarómetro Octubre 2004). Como muestra el gráfico 1, España es el país de los 27 donde más ha caído el porcentaje de ciudadanos con una imagen positiva de la Unión Europea.

Gráfico 1: Caída en imagen positiva de la Unión Europea (2004-2012)

Gráfico 1: Caída en imagen positiva de la Unión Europea (2004-2012)

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Los niños el día después de Reyes

En el día después del día de Reyes, nos gustaría presentar en Piedras de Papel algunos datos sobre cómo viven los niños en nuestro país. ¿Viven mejor o peor que los adultos? ¿Y en comparación con los niños de otros países europeos? ¿Cómo ha afectado la crisis de los últimos años a su nivel de bienestar? Por supuesto, existen muchas fuentes de datos a los que recurrir para responder a estas preguntas, cada una con sus correspondientes virtudes y defectos. Aquí hoy usaré una, quizá de las menos controvertidas: los datos sobre distribución de la pobreza por segmentos de edad calculados a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el INE.

Antes de mirar los resultados, es imprescindible hacer unas breves precisiones metodológicas: la definición de pobreza que usa el INE, y que es la convencional en todos los estudios sobre distribución de la renta en las economías desarrolladas, es una definición de pobreza relativa: es “pobre” quien vive en un hogar cuyos ingresos no superan un determinado umbral definido por los ingresos del resto de los miembros de la sociedad. Siguiendo la convención internacional, este umbral es el 60% de la renta mediana. Es decir, si los ingresos del hogar situado justo en el medio de la distribución de la renta (aquel para quien la mitad de los hogares son más ricos y la mitad son más pobres) es de 20000 euros anuales, se consideran pobres todos los hogares cuyos ingresos sean menores a 12000 euros al año (en realidad el cálculo es algo más complejo, porque hay que tener en cuenta el número de miembros del hogar a la hora de calcular los ingresos “equivalentes” de cada individuo).

El gráfico 1 nos muestra qué proporción de la población de cada grupo de edad puede ser clasificada como pobre de acuerdo a esta definición, para España y para la media de la Unión Europea.

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La salud de las naciones

Parece que la salud es lo primero para todos, excepto para los científicos sociales, que han dedicado infinidad de estudios a analizar la riqueza de las naciones, pero muy pocos a la salud de las naciones. Una excepción – que no deja de ser una aproximación superficial y que "sugiere" más que "demuestra" – es el estudio de Sören Holmberg y Bo Rothstein ( link) en el que exploran los efectos que distintas macro-variables tienen sobre una serie de indicadores estándar de salud en una muestra de más de 120 países (con datos procedentes de la Organización Mundial de la Salud y disponibles aquí). Son indicadores variados: algunos objetivos – como la esperanza de vida y los niveles de mortalidad infantil o durante el parto – y otros de naturaleza subjetiva – como las expectativas y las percepciones subjetivas sobre su salud que tienen los ciudadanos del país. Sin embargo, y como era de esperar, los países suelen comportarse de forma bastante similar en los distintos indicadores. Además, las diferencias entre países son sustanciales. Nacer dentro de unas determinadas fronteras u otras resulta clave para saber qué salud tendrá un individuo. Por ejemplo, mientras la esperanza de vida al nacer supera los 70 años en países desarrollados, en otros no llega a los 40.

La gran pregunta es obviamente qué explica estas enormes diferencias. Holmberg y Rothstein no ofrecen una teoría cerrada con una confirmación empírica exhaustiva, pero sí unas interesantes reflexiones junto con algunas correlaciones estadísticas que, como mínimo, deberían impulsar una agenda investigadora al respecto. El resultado más interesante es que la corrupción parece ejercer un efecto negativo muy significativo sobre el estado de salud de los ciudadanos de un país. Los autores apuntan diversos mecanismos que ellos mismos y otros autores han destacado en otros estudios. Ceteris paribus, la corrupción reduce el acceso a agua potable, permite mayores niveles de contaminación o reduce drásticamente la eficiencia del sistema sanitario – por ejemplo, menoscabando la atención de aquellos que no pueden pagar un soborno.

Como consecuencia, Holmberg y Rothstein defienden que la característica más importante para entender la salud de las naciones no es tanto el "tamaño" de su sistema sanitario público – por ejemplo, cuantos recursos económicos destina un país a la sanidad – como la "calidad" del mismo. Es esencial que la sanidad se preste de una forma imparcial, sin ofrecer un acceso privilegiado a algunos ciudadanos en función de su dinero o sus conexiones personales.

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El 2012 en 12 gráficos

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1. Paro de larga duración

Sin duda 2012 fue un año dramático una vez más para el empleo en España. Uno de los problemas que recibe demasiado poca atención es la cronificación del desempleo que supone que una parte cada vez mayor de la fuerza de trabajo pase largos periodos de tiempo sin trabajar. Los trabajadores que pasan largos perdidos desempleados son mucho más difíciles de reincorporar al empleo, por lo que las altas tasas “coyunturales” de desempleo actuales probablemente anuncien altas tasas “estructurales” de desempleo en el futuro. 2012 fue un año en el que España ha batido unos récords particularmente preocupantes a este respecto. La EPA del tercer trimestre certificó que hay más de 3 millones de parados de larga duración, más de un 13% de la población activa. Y como muestra la parte derecha del gráfico, este colectivo ha sido por primera vez en 2012 mayoritario en el conjunto de los desempleados. En la actualidad más de la mitad de los parados llevan buscando trabajo más de un año, y casi un tercio más de dos años.

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Milonga bancaria: el precio de tu hipoteca

El euríbor cerrará 2012 en su mínimo histórico (EFE)

Una milonga, además de ser un género musical que se revuelve en la nostalgia, denota engaño. Palabrerías. Y según se ha ido constatando en el transcurso de este año, con palabras interesadas –acuerdos entre operadores de distintos bancos – y no con datos objetivos provenientes del mercado, se han estado fijando los principales índices de referencia como el Libor, Sibor, Tibor o Euribor.

Los índices de referencia reflejan el precio al que los bancos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario y sirven para establecer el precio de diversos préstamos y productos financieros en todo el mundo. Entre ellos, el de muchas de nuestras hipotecas.

En este sentido, y aunque todavía no haya desencadenado un revuelo mediático proporcional a la gravedad de los hechos, el escándalo del Libor es mayúsculo.

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