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¿Por qué se recorta el subsidio del paro y no las pensiones?

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Hace unos días, Victor Lapuente argumentaba en este blog que la política económica del gobierno ha protegido los intereses de una minoría silenciosa beneficiada por la burbuja inmobiliaria, a costa de hacer recortes sociales. No obstante, no todo el gasto social se ha ajustado de la misma manera. En la marea de recortes que España está sufriendo existe un ámbito en el que el PP se ha mostrado tímido: las pensiones. Durante este curso político, Rajoy ha repetido su voluntad de subir las pensiones (si bien por debajo del IPC) para el año próximo. En la entrevista que mantuvo en Antena 3 el pasado 10 de septiembre, Rajoy declaró que en los próximos Presupuestos Generales del Estado habría “dos partidas que suben: el pago de intereses de deuda y las pensiones”, añadiendo que “no tengo ningún interés en modificar las pensiones y no las tocaré, porque es el sector más indefenso".


Es decir, mientras que para Rajoy recortar en la educación de los niños, en la atención sanitaria o en el subsidio de desempleo, no supone afectar a los más indefensos, sí lo sería una bajada en las pensiones. Sobra decir que muchos jubilados y pensionistas viven en condiciones muy difíciles a las que, además, se suman las cargas familiares. Pero tal y como está configurado el sistema en España, dentro de los jubilados existe un grupo considerablemente grande que goza de pensiones relativamente altas en condiciones personales más ventajosas (como una vivienda en propiedad ya pagada).Como no es lo mismo una pensión no contributiva que una pensión de 1600 euros a un jubilado que vive en su piso, el gobierno podría perfectamente recortar las pensiones más altas y subir las más bajas. Recortar en educación, desempleo, sanidad, mientras se mantienen las pensiones, independientemente de su nivel adquisitivo, es una fuente de desigualdad.


La pregunta que surge es por qué el gobierno está dispuesto a recortar en todo antes que hacerlo en pensiones. La respuesta, me temo, no es económica, sino puramente política. Por un lado, las pensiones son un gasto muy visible. Se trata de una transferencia que se realiza periódica y directamente a un grupo de ciudadanos. Es más fácil para un votante percibir el impacto de este recorte que, por ejemplo, el de quitar un profesor en un instituto. Pero más allá de la visibilidad, existe una causa electoral por la que el gobierno de Rajoy es reacio a recortar las pensiones altas. En primer lugar, los jubilados son uno de los sectores sociodemográficos que mejor puede amenazar electoralmente al PP. Cualquier estudio de voto y participación suele arrojar un resultado muy reiterado: los votantes más mayores participan más en las elecciones. Utilizando el barómetro de julio pasado del CIS, el siguiente gráfico muestra el porcentaje en cada una de las categorías socioeconómicas que declaraba que, si hubiera elecciones mañana, no votaría o no sabe si lo haría. A día de hoy los grupos menos abstencionistas son los jubilados y pensionistas, junto con los ciudadanos que realizan trabajo doméstico (en muchos aspectos asimilables a los jubilados, pues está compuesto principalmente de mujeres de edad avanzada que dependen, o dependerán en un plazo corto de las pensiones de sus maridos).

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El giro centralista

En la opinión pública española la máxima aprobación del estado autonómico  se produjo en el año 2007, culminando una tendencia de paulatino crecimiento de su apoyo que el CIS ha medido, con algunas omisiones, desde 1984. En octubre de aquel año el 57% de los entrevistados defendían el statu quo  y solo el 8,6% defendían un estado centralista, su valor más bajo de la historia. Todavía eran menos quienes preferían un estado con derecho  a la independencia, el 6%, aunque un notable pero minoritario 18% favorecían una mayor autonomía.

A partir de 2007 el centralismo ha recuperado terreno; primero lo ha hecho despacio  y, últimamente, con mucha fuerza. El autonomismo, tal y como lo conocemos, dejó de ser un asunto de consenso para la mayoría de los españoles en algún momento entre 2008 y 2009 (difícil de precisar por coincidir con cierto cambio en la formulación de la pregunta por el CIS).  A finales de 2011 cedió otro soporte del equilibrio y  los partidarios de suprimir las autonomías rebasaron en número, por primera vez, a los partidarios de un cambio hacia fórmulas de mayor autogobierno que en la actualidad. El giro se precipita en 2012 y, por fin, desde mediados de este año los partidarios de fórmulas más centralistas que la actual (es decir, quienes querrían ver limitadas o anuladas las autonomías) son más numerosos que los partidarios del estado autonómico vigente. 

En septiembre se acaba de registrar el mayor  apoyo al centralismo observado desde 1984: un 24,5% preferirían un estado  sin autonomías; además,  un 14,5% reduciría el nivel de autogobierno de las comunidades (una opción de respuesta que, con buen criterio, el CIS introdujo en 2009). También se registra el mínimo histórico en cuanto al apoyo al estado autonómico actual, quedándose en el 29,5%, lejos de la mayoría. Aunque con esto último hay que tener cierto cuidado, pues antes de 2009, entre las opciones de respuesta, solo se podía elegir entre mantener o eliminar la autonomía,  además de aumentarla, por lo que la cifra de centralistas puros desciende al introducirse la opción intermedia en ese año.  Una  parte de los que hoy se clasifican como centralistas ma non troppo podrían contarse como partidarios del estado autonómico existente si se les forzara a elegir: puede que entre el 5% y el 10% de la población se sumara a la defensa de ese estado si no hubiera otras alternativas que suprimirlo o ampliarlo.

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¿Se van los españoles? Sí. Y deberíamos preocuparnos

Un 48% de los españoles decían estar dispuestos a trasladarse a vivir a otro país en el Barómetro del CIS de febrero de este año, frente a un 30% de los suecos o el 35% de los alemanes en encuestas similares. Pero del dicho al hecho, hay un trecho, y sólo un 17% confesaba haber pensado realmente en esa posibilidad en los últimos doce meses.

Las intenciones de movilidad son siempre mucho más altas que la movilidad efectiva. Y esto ha sido especialmente cierto en países como España, donde la escasa movilidad geográfica interna de la fuerza de trabajo ha sido sistemáticamente baja. Con respecto a la migración internacional, nuestros datos son imperfectos, aunque no más que los de muchos otros países desarrollados. El problema fundamental en este caso reside en que sólo nos consta que un español se ha trasladado al extranjero si la persona en cuestión se inscribe en alguno de los Consulados de España en su nuevo país de residencia. Y como los perjuicios derivados de no inscribirse son escasos, salvo en lo que respecta a la posibilidad de ejercer el voto por correo o las dificultades para renovar el pasaporte, muchos no se inscriben nunca porque su estancia es relativamente breve, o tardan meses, incluso años en hacerlo.

De hecho, las cifras de emigración española al extranjero que proceden de tales inscripciones consulares cubrieron entre 2009 y 2011 sólo el 50 ó 55% de las cifras de inmigración española de larga duración (con intención de residir un año o más) publicadas en países como Reino Unido o Suiza. Parece evidente por tanto que el sub-registro es importante. O dicho de otro modo, la tasa de emigración de españoles al exterior que fue inferior al 1‰ hasta 2010, del 1,2‰ en 2011 y, de acuerdo a las estimaciones del primer semestre de 2012, podría sobrepasar el 2‰ a final de año, es muy probable que sea en realidad del doble o más. Es decir, una tasa en torno al 4 ó 5‰, que nos pondría en niveles cercanos a los que tenían a finales de 2010 países como Grecia (3,8‰) o Irlanda (6,8‰), países que padecían ya por entonces la crisis con una intensidad similar a la que podemos estar sufriendo nosotros ahora (Gráfico 1).

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Fuera de foco: sobre la reforma educativa

Es inevitable. Reforma educativa y polémica coinciden en el tiempo. La intensidad del descontento depende, entre otras cosas, de la carga ideológica del cambio propuesto. Cuando una reforma educativa ataca la igualdad de género permitiendo la separación de niños y niñas, adultera la educación cívica o recentraliza parte del contenido del currículo, se dan las condiciones para la tormenta perfecta. Por su visión fuertemente normativa de la organización social, el anteproyecto de reforma educativa que se presentó en septiembre entra en estos ámbitos como un elefante en una cacharrería. En nada ayuda todo esto a mejorar la calidad de la educación y crispa a los ciudadanos más alejados de ciertos credos.

Sin embargo, la irritación no debe impedir la reflexión pausada sobre las medidas que propone la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para conseguir el fin que promete en su nombre. El conocimiento científico sobre la calidad de la educación y la equidad con la que se distribuyen títulos y competencias en las sociedades avanzadas puede asistirnos. Las expansiones educativas que democratizaron el acceso a la educación secundaria no desvincularon los logros educativos de la influencia del contexto familiar. Así se comprendió que hay dos bloques de procesos que determinan las trayectorias de los individuos. El primero genera el tipo de desventaja que complica el aprendizaje. El segundo hace depender la decisión de abandonar el sistema educativo del entorno socioeconómico de las familias. Por ejemplo, a igualdad de rendimiento, la posibilidad de fracasar en la universidad es un reto mayor para las clases menos favorecidas por el coste de oportunidad que supone retrasar la incorporación al mercado laboral y, en un país como España, por la carencia de capital social que complica el acceso a las ocupaciones más atractivas.

Los problemas de aprendizaje parecen ser más determinantes. Las causas del fracaso escolar son tempranas (lo aprendido antes de la educación secundaria), aunque su manifestación sea tardía. La receta óptima para conciliar los principios de calidad y equidad aconseja concentrar esfuerzos e inversión pública en la educación preescolar y primaria (algo no abordado en la LOMCE). Hacerlo en tramos posteriores es una opción proporcionalmente menos redistributiva. Es razonable pensar que esto garantizaría el éxito de los estudiantes más capaces en condiciones justas, es decir, neutralizando tanto el efecto desigualador de las desventajas que imponen tanto los contextos menos favorecidos como las enormes ventajas de que disfrutan los hijos de las clases altas. El talento está en todas partes, y hay que seleccionar a los mejores en todos los segmentos de la estructura social.

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Chile: el regreso del debate constituyente

Por más de tres décadas, Chile se ha regido por las instituciones diseñadas durante la dictadura del general Pinochet. La transición democrática fue resultado de un pacto que implicó mantener, en lo sustantivo, el orden jurídico consagrado en la Constitución de 1980. Desde entonces, la discusión sobre el ordenamiento jurídico ha permanecido latente dentro de la sociedad chilena y hoy ha recobrado un nuevo ímpetu. En los últimos meses, el debate por cambios estructurales ha sido particularmente acentuado dentro de la Concertación, coalición de centro-izquierda que administró el poder hasta la llegada de Piñera, y que tiene en la ex presidenta Michelle Bachelet la primera opción para volver al gobierno el año 2014.

¿Por qué el debate constituyente aún persiste en Chile?

El marco jurídico chileno es uno de los mejores ejemplos en el mundo de un deliberado y controlado diseño institucional. Su propósito fue, por una parte, proteger el legado económico del gobierno militar, y por otra, prevenir el resurgimiento de la polarización e inestabilidad política. En el primer ámbito, la Constitución chilena no es neutral en una serie de materias económicas sino que, por el contrario, privilegia la economía de libre mercado y da preeminencia a lo privado por sobre lo público. El Estado es relegado a un rol subsidiario, es decir, sólo actúa en materias donde los privados no pueden o no quieren intervenir. En el terreno político, las leyes chilenas limitan los mecanismos de democracia directa, imponen altos quórum de reforma legal y consagran un sistema electoral con severos problemas de competencia y representatividad.  

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Españoles, las cajas han muerto

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Después de la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, el sistema financiero de España experimentó un proceso de transformación sin precedentes. El agujero provocado por el subprime español –el crédito escondido en el ladrillo – desencadenó una radical reestructuración del mercado de las cajas que, en poco tiempo, terminó por provocar su total desaparición. Paradójicamente, la estocada final llegará de la mano del rescate bancario. Las condiciones del memorándum de entendimiento (MOU) exigen el cese de la actividad financiera de las cajas de ahorros, obligadas a convertirse en bancos bajo el impedimento de poseer una cuota accionarial mayoritaria que les permita controlarlos. C’est fini.

¿Cómo se llegó a esta situación?

El contexto que propició el imprudente comportamiento de las cajas ha sido explicado hasta la saciedad. El auge del sector inmobiliario y la liquidez en los mercados internacionales –gracias a unos tipos bajos y a la seguridad que aportaba la moneda común a los inversores – alimentaron la burbuja especulativa sobre el precio de la vivienda que, junto a una competencia feroz en los mercados de crédito, hizo que los criterios básicos de prudencia y solvencia propios del negocio financiero volasen por los aires.

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La (gran) minoría silenciosa

En su interesante entrada, Marta Romero recordaba que casi todos los indicadores señalan un preocupante aumento de la pobreza en España durante los últimos meses y se preguntaba cómo es posible que la pobreza, que se ha convertido “casi en una situación de emergencia social”, no sea una prioridad para los políticos españoles. Por ejemplo, mientras los parlamentarios han creado dos subcomisiones para analizar los problemas del sector financiero, no han creado ninguna para idear planes de acción contra la pobreza.

Una respuesta sencilla sería la usual estos días: acusar a la clase política española de estar desconectada de los problemas reales de los españoles. Sin embargo, creo que los políticos españoles sí están respondiendo a los intereses de los votantes. Como mínimo, a los intereses de unos votantes que, si bien no alcanzan a formar la “mayoría silenciosa” de la que habla Rajoy, sí que representan una minoría cuantitativamente bastante grande y cualitativamente muy interesante para los políticos, pues no sólo votan con asiduidad, sino que pueden ejercer cierta influencia sobre círculos familiares y de amigos, donde suelen ocupar posiciones de centralidad. Son, además, la “clase social” (y lo entrecomillo consciente de los problemas de usar este término) o el estrato del que directamente proceden un gran número de nuestros diputados, si echamos un vistazo rápido a sus declaraciones de bienes.

¿Quiénes forman esa “(gran) minoría silenciosa”? Por una parte, son los propietarios que, gracias al boom inmobiliario, han adquirido una segunda (o tercera o cuarta...) residencia, cuyo alquiler ha sido y sigue siendo una fuente no desdeñable de ingresos; y son también los “no tan pequeños” ahorradores que se han convertido en los miles de accionistas de nuestras entidades bancarias en apuros. En otras palabras, los ganadores en la lotería de la burbuja y que, a grandes rasgos, siguen conservando la mayor parte del dinero (si no todo) ganado en los años de la exuberancia inmobiliaria. Como el Gordo de Navidad, el premio de esta lotería inmobiliaria ha sido muy repartido en nuestro país, enriqueciendo a unos pocos muchísimo, pero a muchos bastante. En cierto sentido, grandes franjas de la población española, con cualificaciones educativas e ingresos medios (y que en otros países de nuestro entorno vivirían de alquiler o con una única propiedad), dieron un salto cualitativo en su nivel de vida gracias a la inversión inmobiliaria y derivados.  

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La “no prioridad” de la pobreza en España

Una de las palabras que, desde el inicio de la crisis, más se ha repetido en España en el debate público es prioridad. En un contexto marcado por una espiral creciente de recortes sociales, la clase política ha llamado la atención sobre lo que es y no es prioritario. En el sector público, en una primera etapa, se trataba de ser más eficientes para producir más, con menos. Una vez eliminado lo superfluo había que reducir los gastos corrientes y de personal, frente a gastos de inversión. Posteriormente y cuando tocó reducir las partidas en las que se sustenta el Estado de bienestar, el objetivo era hacerlo con el menor impacto social posible, especialmente para no perjudicar a los colectivos más vulnerables. El mismo esquema discursivo podría aplicarse a las medidas adoptadas para aumentar los ingresos de las arcas públicas.

Obviamente, la consideración de lo que es y no es prioritario en un momento de estrecheces, varía en función de si se está en el gobierno o en la oposición. Por definición, el partido que está en el gobierno se centra en lo prioritario y a lo hora de tomar medidas impopulares lo hace con criterios de equidad, mientras que, para la oposición, el partido en el gobierno equivoca sus prioridades y actúa sin criterios de justicia social. Si bien todos -ya estén en el gobierno o en la oposición, se ubiquen en la derecha o en la izquierda- insisten en que las personas (y, en particular, las que peor lo pasan) son siempre lo primero.

Sin embargo, llama la atención la poca repercusión política que ha tenido el último informe (VII) del Observatorio de la Realidad Social presentado por Cáritas en el que se alerta sobre las consecuencias que está teniendo la crisis en el aumento de la pobreza, la desigualdad y la injusticia social. Entre 2007 y 2011 las personas que han acudido a Cáritas para poder hacer frente a sus necesidades más básicas (como es comer) han pasado de ser 370.251 a más de 1.000.000. El “proceso sostenido de destrucción de empleo”, junto a la “consolidación de la reducción y agotamiento de las ayudas de protección social”, explican por qué en cuatro años casi se ha triplicado el número de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

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La menguante "C" del PSc

Desde hace algún tiempo que los observadores del firmamento político catalán pueden contemplar cómo la “C” de la constelación PSC se va apagando poco a poco. No es un fenómeno nuevo, pero éste se ha hecho más visible que nunca tras la multitudinaria manifestación del pasado 11S. Las últimas dos semanas han sido particularmente duras para el PSC, pues han puesto de relieve la gran desorientación en la que se encuentran los socialistas en el debate territorial. Mientras su principal rival, CiU, ha sabido tomar el pulso a la sociedad y actuar en consecuencia, los ciudadanos ven ya con mucho escepticismo los intentos del PSC de marear la perdiz con viejos conceptos como federalismo.

No es de extrañar que muchos dirigentes del PSC se encuentren particularmente incómodos con la situación actual. Y es que perder posiciones en campo del catalanismo es también ceder (aún más) terreno en la batalla electoral. Debates de esta índole permite a sus rivales políticos acusar a los socialistas catalanes de ser una “sucursal” de Madrid y de no tener un ideario propio, claramente diferenciado. La percepción de un PSC sumiso y dócil a los dictados del PSOE irrita a una gran parte de los votantes catalanistas, un electorado que el partido necesita recuperar de forma urgente.

Es por este motivo que muchos dirigentes socialistas demandan posiciones claras para evitar quedar rezagados con el PP en las cuestiones identitarias. Algunos, a la desesperada, incluso intentan atajar cualquier duda de catalanismo proponiendo el derecho a decidir de Cataluña.

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La popularidad de Rajoy: Una luna de miel "Low Cost"

Ayer Ignacio Urquizu nos narraba con “meridiana claridad” el excepcional desgaste sufrido por el Partido Popular en su primer año en el Gobierno.  Una caída de 13 puntos en intención de voto en apenas nueve meses es, efectivamente, todo un record en la historia electoral de nuestro país.  En esta breve anotación me gustaría aportar algunos datos más sobre la precaria situación en la que se encuentra la popularidad del Gobierno de Mariano Rajoy.

Para ello, he estimado con un sencillo modelo estadístico cuál debería haber sido la nota del Presidente (del 0 al 10) si sólo tuviéramos en cuenta la situación económica del país *. En el gráfico 1 comparo mis estimaciones con las notas reales que ha cosechado Rajoy según las encuestas del CIS. De este ejercicio podemos extraer al menos tres conclusiones:

Gráfico 1. Nota de Mariano Rajoy (según las encuestas del CIS) vs nota esperada según mis estimaciones

Gráfico 1. Nota de Mariano Rajoy (según las encuestas del CIS) vs nota esperada según mis estimaciones

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