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EUPV-ERPV denuncia ante la Fiscalía 17 años de irregularidades en el contrato de residuos de Crevillent

La coalición de izquierdas acusa al alcalde del municipio alicantino de delitos urbanísticos y medioambientales al conceder un contrato sin prescripciones técnicas

El grupo municipal también considera ilegal la "prórroga" anual del contrato a la adjudicataria, que no tiene autorización ambiental

El nuevo contrato se ha adjudicado a la misma empresa, que era la única que podía concurrir debido a las condiciones de licitación, según los denunciantes

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Planta de residuos de Arbonasa en Crevillent / Foto: Ayuntamiento de Crevillent

Planta de residuos de Arbonasa en Crevillent. / Foto: Ayuntamiento de Crevillent

La Fiscalía Anticorrupción ha recibido una nueva denuncia por presuntas irregularidades en la concesión de un contrato en la Comunidad Valenciana. En este caso, se trata del contrato de tratamiento y eliminación de residuos que el Ayuntamiento de Crevillent (Alicante) adjudicó en 1997 a la empresa Arbonasa. El grupo municipal l'Esquerra: EUPV-ERPV ha denunciado al alcalde y vicepresidente de la Diputación, César Augusto Asencio, por presuntos delitos urbanísticos y contra el medioambiente.

Los hechos se remontan a hace 17 años, cuando el Ayuntamiento concedió a Arbonasa el contrato para el tratamiento y la eliminación de residuos por 12 millones de pesetas (unos 76.000 euros). Según los denunciantes, el concierto nació "viciado de nulidad", ya que no contaba con el "pliego de prescripciones técnicas ni memoria económica y financiera" que exigía ya en ese momento la ley.

Otro de los aspectos ilegales, según la denuncia a la que ha tenido acceso eldiario.es, es la "indeterminación de la duración con prórrogas anuales automáticas", dado que estaba también "prohibida" por la legislación vigente.

"El contrato originario se ha ido ampliando y modificando, siempre sin la preceptiva tramitación administrativa, de tal manera que, en un primer momento, el contrato solamente se refería a los residuos urbanos residenciales, pero en 2004 fue ampliado a los residuos industriales, recogida de enseres, poda y jardinería", expresa la denuncia.

Además, indica que el "volumen económico del contrato ha pasado a significar un importe anual de 250.000 euros", es decir, más del triple de lo establecido en el contrato inicial.

Otras anomalías señaladas por los denunciantes son la falta de "autorización ambiental" de la planta de tratamiento de residuos de Crevillent y de "evaluación positiva de impacto ambiental", pese a que se encuentra dentro de un parque natural. Además, se hacen eco de las presiones y "campaña de descrédito" que el alcalde ha lanzado contra el interventor municipal, Fernando Urruticoechea, que denunció todas las presuntas irregularidades del contrato.

Redacción de un contrato 'ad hoc'

Ante las "notas de objeción" presentadas por el interventor, la coalición de izquierdas solicitó la nulidad del contrato, pero el Consistorio se negó. No obstante, ante las "presiones" de la oposición, el Ayuntamiento finalmente redactó una nueva adjudicación. Para los denunciantes, la nueva licitación "no ha sido ajustada a derecho" y se ha limitado a "favorecer a la antigua adjudicataria", que se ha hecho también con el nuevo contrato.

En ese sentido, señalan que el Ayuntamiento ha intentado "legalizar" la cuestión del tratamiento de residuos a través de una modificación del "plan especial que la propia Arbonasa presenta al Ayuntamiento de Crevillent, para su aprobación". Es decir, es la propia adjudicataria la que "presenta las medidas de protección del paisaje y el medio natural donde se asientan sus instalaciones y actividad". "El Ayuntamiento de Crevillent ignora el mandato legal según el cual la redacción del plan especial debe ser de iniciativa pública", reza el texto presentado en Anticorrupción.

Además, los denunciantes señalan que la nueva contratación se plantea de manera que "sólo puede concurrir a la licitación" la empresa que gestionó los residuos desde 1997. "En cuanto a los criterios de adjudicación, se prevé que la distancia entre el emplazamiento previsto para el tratamiento de residuos y el núcleo urbano no podrá ser inferior a tres kilómetros ni superior a diez.

No hay ninguna otra empresa de tratamiento de residuos en el referido ámbito espacial y, por tanto, ninguna otra puede concurrir", expresa la denuncia. La competencia de Arbonasa ha recurrido los pliegos de la contratación ante lo Contencioso Administrativo.

Los residuos, clave del caso Brugal

Uno de los mayores casos de corrupción que investiga la justicia valenciana está relacionado con la gestión de los residuos. La investigación sobre la gestión de residuos y el urbanismo en la provincia de Alicante se reparte en 18 piezas del caso Brugal. Entre las principales investigaciones se encuentra la gestión de residuos en la comarca de la Vega Baja.

En el caso Brugal hay más de 100 imputados. Entre ellos, la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo; su antecesor en el cargo y actual diputado Luis Díaz Alperi; el expresidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial José Joaquín Ripoll; la diputada provincial y concejal de Orihuela, Mónica Lorente; el exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós; la exdirectora general de RTVV Genoveva Reig; y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

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