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HRW duda que Australia cierre el centro de detención de inmigrantes en Papúa

HRW duda que Australia cierre el centro de detención de inmigrantes en Papúa

EFE

Sídney (Australia) —

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La organización garante de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió hoy de sus dudas sobre el anuncio de Australia de cerrar el centro para inmigrantes que mantiene en la isla papuana de Manus.

Australia y Papúa Nueva Guinea anunciaron ayer la clausura de las instalaciones para el procesamiento de inmigrantes indocumentados en territorio papuano abierto a instancias de Camberra en 2012.

No obstante, los países no facilitaron una fecha para el cese de las actividades del recinto, ni anunciaron qué pasará con las 800 personas que están internas actualmente en el lugar.

El ministro australiano de Inmigración, Peter Dutton, sí señaló que los buscadores de asilo en ningún caso serán “realojados en territorio australiano”, en un comunicado emitido la víspera y tras reunirse en Port Moresby con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O'Neill.

“Tristemente, la falta de sustancia detrás del anuncio hace que parezca un truco político barato para evitar tomar responsabilidades por el centro de detención”, señaló HRW en un comunicado.

El pasado abril el Tribunal Supremo de Papúa ordenó el cierre de los centros de detención al considerar que viola las libertades personales de los solicitantes de asilo en el marco de la Constitución del país.

Ante el posible limbo de la situación de los refugiados, la ONG recuerda que muchos trataron de asentarse en Papúa Nueva Guinea, pero que debido a numerosos episodios de violencia, estafa y robos la mayoría decidió regresar a la isla de Manus, situada en el norte de Papúa Nueva Guinea, en el mar de Bismark.

“Papúa Nueva Guinea es un lugar difícil para que los extranjeros se integren y se sientan seguros. No importa cuantos millones de dólares Australia bombee hacia el país para planes de reasentamiento, no podrá comprar la seguridad de las personas”, remarca el escrito.

Australia reactivó en 2012 su política para la tramitación en países terceros de las solicitudes de inmigrantes que viajan a Australia en busca de asilo y acordó la apertura de centros de detención en Papúa Nueva Guinea y Nauru.

La ONU y grupos de defensa de los derechos humanos han criticado estos centros de detención al catalogar como “inhumanas” las precarias condiciones de vida con las que viven los internos.

El anuncio del cierre viene precedido por la filtración de unos 2.000 informes de incidencias, escritos entre 2013 y 2015, donde trabajadores del centro en Nauru, similar al de Papúa, detallan todo tipo de abusos cometidos contra inmigrantes internos, incluidas violaciones a niños y mujeres.

Tanto las autoridades australianas como las de la vecina Nauru han rechazado las acusaciones y califican los informes de “falsos” y “fabricados”.

Muchos de los inmigrantes retenidos en Nauru y Papúa Nueva Guinea han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros que han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas como las minorías roginyá de Birmania, o Bidún, de la región del Golfo.

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