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PP y PSOE cambiarán la ley para fomentar las especies invasoras en cotos de caza y pesca

El Supremo había impedido la caza y pesca para evitar la suelta en cotos, y ahora ambos partidos quieren cambiar la norma para sortear esa sentencia

Planean cambiar los artículos sobre la cabra arruí o la trucha arcoiris. Ahora, ninguna especie invasora puede aprovecharse para hacer negocio

La ONU considera a las especies invasoras como la segunda amenaza más importante para la diversidad natural

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La caza mayor, recurso vital para la Sierra Morena cordobesa

Lance de caza mayor. EFE

El PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para modificar la ley y sortear así la prohibición de alimentar cotos de caza y pesca comerciales con algunas especies invasoras vedadas por una sentencia del Tribunal Supremo.

Ambos grupos, junto a Ciudadanos, han votado a favor de cambiar parte de la ley de Patrimonio Natural y Diversidad para hacer compatibles variedades animales exóticas con "las actividades cinegética y piscícola". Ahora, ninguna especie invasora –consideradas por la ONU como la segunda amenaza más importante para la diversidad natural, debido a que se propagan muy rápido y sin control– puede aprovecharse para hacer negocio. 

La postura del Partido Popular viene de lejos: "Siempre hemos mantenido que las actividades cinegética y piscícola practicadas de forma racional y sostenible aportan considerables beneficios no solo sociales y económicos sino también medioambientales y culturales", ha dicho la portavoz parlamentaria del PP en materia medioambiental Teresa de Lara. Su planteamiento es "compatibilizar la protección del medio ambiente con la protección de la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola". 

De hecho, De Lara, al presentar su propuesta en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, contaba cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy, nada más llegar al poder, derogó el primer catálogo de especies invasoras, redactado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Había supuesto "la restricción de ciertas actividades en el caso de la caza y la pesca y planteó dificultades", ha argumentado la diputada. El catálogo entró en vigor el 13 de diciembre de 2011 y fue anulado en febrero del año siguiente. 

Cobro por las cacerías y las capturas

La inclusión en el catálogo impide el aprovechamiento comercial de estas especies. En el caso de la caza y la pesca, por ejemplo, prohíbe las cacerías de cabra salvaje del Atlas (el arruí) o la pesca de la trucha arcoiris en los cotos. Por las cacerías se cobra, por el derecho a pescar truchas también. Este pez ha protagonizado incluso planes de repoblación intensiva pagados con dinero público en Galicia y Madrid con la ley ya en vigor. En otras ocasiones, miles de ejemplares estériles son lanzados por tubos al agua en tramos de río en la temporada de pesca.

Así que el Partido Popular rehízo el listado "con el objetivo de dar seguridad jurídica a actividades que tienen que ver con especies exóticas invasoras como la caza y la pesca deportiva", ha argumentado en el Congreso el Grupo Popular. Ese nuevo decreto fue el que revocó parcialmente el Tribunal Supremo en 2016. Para la diputada Teresa de Lara, la sentencia creó "una gran preocupación por los efectos económicos y sociales que puede producir".

Los magistrados del Supremo vinieron a decir que el decreto que había diseñado el Gobierno incumplía la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que debía desarrollar y que prohíbe la suelta de especies alóctonas (exóticas) para la actividad cinegética o acuícola. Es decir, para alimentar los cotos. Y en caso de introducción accidental, impide que se haga comercio con las medidas para erradicarlas: no se puede aducir que se han escapado unos cuantos ejemplares para montar una cacería comercial.

Así que la ley imposibilita hacer lo que pretendía el Ejecutivo de Mariano Rajoy: permitir que algunas especies consideradas científicamente como exóticas e invasoras –eso no se discutía– tuvieran bula. Tanto que el Ministerio de Medio Ambiente solicitó que no se aplicara la sentencia mediante un "incidente excepcional de nulidad". Fue rechazado por el Supremo.

En esta situación, el PP quiere, entre otras medidas, la "modificación de la ley". El PSOE ha apoyado esta idea y ha votado a favor. Su portavoz en la comisión, el diputado por Albacete Manuel Gabriel González Ramos, argumentó que en su provincia hay "16 cotos de pesca". "Tenemos ejemplos de que, cuando las cosas se hacen bien, no pasa nada". Y luego repetía que los "primeros interesados en que las cosas se hagan bien" son los pescadores que gestionan esos cotos.

Piscifactorías y cangrejo rojo

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Juantxo López de Uralde, analiza que este paso es "uno más en la contrarreforma ambiental del Gobierno del PP". Se refiere a que "abrir así la ley de biodiversidad es despiezarla como ya se ha hecho con la ley de Costas, de Montes  o la de Evaluación Ambiental para dar cabida a la desregulación". Para Uralde, lo más llamativo es "que el PSOE acceda a hacer esto con una ley que impulsaron ellos", en referencia al voto favorable de los socialistas.

Aunque el Partido Popular encabezó su proposición bajo el epígrafe cinegético y pescador, la diputada Teresa de Lara aprovechó su intervención para añadir que también tratan de solventar la incertidumbre de explotaciones industriales. Se refería a piscifactorías de truchas arcoiris y la pesca de cangrejo rojo para el consumo. En España hay 95 de las primeras y cinco de las segundas. López de Uralde replica que "se puede ver cómo solucionar esos problemas puntuales pero eso dista mucho de diseccionar la ley".

Así, la iniciativa aprobada se resume en "compatibilizar la protección del medio ambiente con la protección de la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola", según De Lara. El socialista González Ramos no se aleja mucho de ese pensamiento al afirmar que "es posible consensuar el equilibrio entre el respeto, el desarrollo sostenible y la responsabilidad en lo social, en lo económico y, en este caso, en lo ambiental".

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