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INTERNACIONAL

EEUU admite que la DEA mintió sobre un ataque en Honduras que mató a cuatro personas inocentes

Una investigación bipartita concluye que los agentes de la agencia antidroga engañaron al Congreso tras un ataque a un barco de pasajeros que mató a cuatro personas, entre ellas dos mujeres embarazadas y un menor de 14 años

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Protesta contra la impunidad y los asesinatos de campesinos en Honduras

Protesta contra la impunidad y los asesinatos de campesinos en Honduras.

La agencia antidroga de EEUU, DEA —Drug Enforcement Administration—, mintió sobre su papel en una operación antinarcóticos fallida en Honduras que dejó cuatro aldeanos inocentes muertos. Posteriormente engañó al Congreso, al Departamento de Justicia y a la población intentando borrar su rastro en la operación, según ha revelado una investigación bipartita.

Autoridades hondureñas bajo el mando de agentes de la DEA  dispararon a pasajeros no armados que viajaban en un barco taxi en mayo de 2012. Los disparos mataron a cuatro personas, incluidas dos mujeres embarazadas y un estudiante, e hirieron gravemente a otras tres.

La operación, que ha dejado varios menores huérfanos, fue parte de un programa de la DEA que provocó graves enfrentamientos mortales y que actualmente ha sido abandonado.

Previamente, la DEA se había desligado a sí misma de cualquier error, pero el informe publicado este miércoles por el inspector general del Departamento de Justicia ha destapado importantes incoherencias en la descripción de lo ocurrido por parte de la agencia.

El tiroteo tuvo lugar sobre las dos de la mañana el 11 de mayo de 2012 en el río Patuca, cerca del pueblo de Ahuas, al noreste de Honduras. Un barco de pasajeros con 16 personas a bordo chocó contra un barco encallado que llevaba agentes estadounidenses y hondureños y grandes cantidades de cocaína que habían sido incautadas. Las tropas sobre el terreno estaban escoltadas por cuatro helicópteros del Departamento de Estado equipados con armas.

La DEA sostuvo que dos agentes hondureños en el barco dispararon al taxi de río en defensa propia tras recibir disparos. Sin embargo, los agentes, entre los que había un miembro de la DEA, dispararon primero e incluso apuntaron a los pasajeros, que habían saltado o que se habían caído al río. Posteriormente, al menos un agente de la DEA en uno de los helicópteros ordenó a otro agente hondureño armado que disparase la ametralladora desde el aire.

No hay pruebas que indiquen que se produjeran disparos desde el barco taxi o que los pasajeros estuviesen involucrados en el tráfico de drogas, señala el informe.

El argumento de la autodefensa sostenido por la DEA estaba basado, al menos en parte, en un testimonio inventado de una informante confidencial de la DEA que posteriormente admitió que había mentido.

El papel de agentes estadounidenses en suelo extranjero es uno de los aspectos más polémicos de la larga guerra contra las drogas. La DEA repite sistemáticamente que era una operación dirigida por Honduras en la que sus agentes solo actuaron como mentores y consejeros.

Sin embargo, de acuerdo con el nuevo informe, la agencia planeó y controló la operación. Agentes hondureños no tuvieron acceso directo a la información de inteligencia o al equipo necesario para dirigir dicha operación. Ellos no dieron órdenes, sino que las recibieron de la DEA, ha revelado el informe.

La investigación también ha concluido que miembros del Departamento de Estado dieron al Congreso y al público información incompleta y similar a la de la DEA.

La cocaína se rescata; los heridos, no

Tras el incidente, la misión liderada por Estados Unidos no mostró interés en asistir a los fallecidos y a los heridos. No participó en los esfuerzos de búsqueda y rescate. En su lugar, el equipo aéreo recuperó la cocaína, rescató a los agentes estadounidenses del barco encallado y regresó a su base. A los miembros de la comunidad local les costó dos días sacar a las cuatro víctimas del río.

Los fallecidos fueron Candelaria Trapp Nelson, una mujer de 48 años, madre de seis hijos y embarazada; Juana Jackson Ambrosia, de 28 años, embarazada y madre de dos; Hasked Brooks Wood, de 14 años; y Emerson Martínez, antiguo soldado de 21 años y padre de un hijo.

Los supervivientes han luchado por tener acceso al apoyo y al cuidado médico adecuado. Lucio Nelson, de 25 años, volvía a casa en el barco taxi tras visitar a su madre y recibió un tiro en el brazo derecho y otro en la zona lumbar. Es un campesino a pequeña escala que cultiva arroz y legumbres, pero apenas ha trabajado desde el incidente. A pesar de cuatro operaciones, continúa sufriendo una fuerte debilidad en su brazo y dolor crónico de espalda. “Nos llamaron narcos, pero es mentira. Fue una masacre de gente inocente”, afirma en una entrevista telefónica. “Necesito que alguien me ayude, no puedo sostener a mi familia”, añade.

Los dueños del barco, Hilda Lezama y su marido Melaño Eulopio Nixon, también resultaron heridos. Una bala desgarró el tejido muscular de los dos muslos de Lezama, de 56 años. Sus piernas siguen hinchadas y le duelen y las cicatrices nunca se curaron adecuadamente.

Wilmer Morgan Lucas, de 14 años, amigo del colegio del fallecido Hasked Brooks, recibió un disparo en la mano derecha. Solo pudo salvar la mano herida después de que una ONG local interviniese para pagar la asistencia médica urgente.

La investigación no hace ninguna recomendación en relación a la compensación o ayuda a las víctimas. El informe se basa en una investigación de activistas que ha hecho que el Congreso se cuestione la versión de la DEA.

De hecho, describe la investigación interna de la DEA como “poco más que un mero ejercicio sobre el papel” que no tuvo en cuenta “el testimonio de los supervivientes del barco de pasajeros o residentes locales”.

Además, la agencia intentó bloquear cualquier supervisión externa, negándose a cooperar con la embajada, los departamentos de Estado y de Justicia y el Gobierno hondureño. Las conclusiones son críticas con prácticamente todas las acciones de la DEA durante y después del incidente.

El informe menciona otro incidente mortal ocurrido unas semanas después del choque de los barcos. En este caso, miembros de alto rango de la DEA no lograron reaccionar a informaciones que aseguraban que una autoridad hondureña había introducido una pistola en el lugar del crimen como prueba falsa.

En un comunicado, la DEA afirma que ha realizado importantes cambios en los últimos cinco años y ha aceptado todas las recomendaciones del inspector general. Pero las víctimas de la operación fallida afirman que no es suficiente.

Los dos hijos de Juana Jackson están siendo cuidados por su hermana mayor, Marlene Jackson, que lucha por darles sustento. “Queremos la verdad, pero también justicia y compensación, ¿o no les importa lo que les pase a estos niños?”, se lamenta.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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