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Prostitutas de Europa del Este desafían la política de inmigración de Reino Unido

Dos de cada diez hombres pagaron servicios de prostitución el pasado año

The Guardian

Owen Bowcott —

Una política enfocada a deportar a criminales de “alto riesgo” procedentes de la Unión Europea y a aquellos que no tienen derecho a permanecer en Gran Bretaña será recurrida por trabajadoras sexuales que sostienen que son trabajadoras autónomas legales.

Aunque la libertad de circulación está garantizada en la Unión Europea, el derecho a permanecer en otro país –después de los tres primeros meses– depende de los recién llegados “que ejercen sus derechos previstos en los tratados”, por ejemplo, trabajando o estudiando.

La Operación Nexus, una iniciativa de la policía combinada con los servicios de inmigración, ha puesto en el punto de mira a delincuentes extranjeros y a aquellos sospechosos de violar la ley desde el año 2012. Entre los detenidos y los que han recibido papeles de deportación ha incrementado el número de mujeres de Europa del Este que han trabajado en la calle y el los locales de alterne de Londres y Manchester. Muchas de ellas sin antecedentes.

La prostitución es legal en Reino Unido, aunque algunas de las actividades que se le asocian como el kerb-crawling (conducir lentamente en busca de prostitutas), el proxenetismo o poseer un burdel sí que son crímenes. Algunas de las mujeres detenidas por los agentes fueron sorprendidas durante operaciones contra las redes de trata.

Las mujeres, sobre todo procedentes de Rumanía, han recibido cartas de deportación de los oficiales de la Operación Nexus avisando de que durante un mes son susceptibles de ser detenidas o deportadas de vuelta a Bucarest.

Para conseguir impugnar esta sanción administrativa sobre el incumplimiento de los derechos de ciudadanía de la Unión Europea, pueden alegar que están estudiando, trabajando, buscando trabajo, decir que son autónomas o que son autosuficientes económicamente para permanecer en Reino Unido. Si son deportados, los ciudadanos de la Unión Europea no pueden volver a entrar en Reino Unido en 12 meses.

Varias mujeres luchan ahora contra la deportación y lo están haciendo junto al Colectivo Inglés de Prostitutas (ECP): “Hubo una redada en la que se suponía que se iban a liberar a víctimas de trata”, explica una mujer joven que prefiere permanecer en el anonimato.

“La policía se llevó dinero y documentación. Les pedí algún tipo de comprobante y me dijeron que estaba siendo impertinente. Querían saber si había sido víctima de trata y le preguntaron a un cliente si yo estaba tomando drogas. Él contestó que no”, explica. “No me detuvieron pero dijeron que debería ser deportada y me pidieron que fuera a la comisaría. Fui con un abogado y presenté un certificado que muestra que estaba estudiando inglés”. El riesgo de ser deportada ha desaparecido.

A María (no es su nombre real) la detuvieron en la calle y la llevaron a una comisaría de policía. “Me retuvieron durante 24 horas”, explica esta chica de 25 años. “Una semana después recibí la carta diciendo que podía ser deportada”. Victoria (es también un seudónimo) fue detenida en su apartamento e interrogada sobre el funcionamiento de un burdel. “Nunca fui acusada –asegura la chica de 24 años– pero me enviaron una carta. Se llevaron mi pasaporte y me dijeron que si mi apelación salía mal sería deportada”. “Aquí puedes ganar dinero más fácil que en Rumanía. Puedes tener un futuro. Yo no he podido encontrar un trabajo normal”, confiesa.

Algunas de las mujeres a las que enviaron la carta de deportación están planeado recurrirlas alegando que están ejerciendo los derechos previstos en los tratados como autónomas en la industria del sexo. En la Unión Europea existen precedentes de derecho en los que se ha establecido que la prostitución se considera empleo por cuenta propia.

“Esta política deliberada de deportaciones y miseria se dirige a las mujeres migrantes, las que por culpa de la criminalización y del estigma asociado al trabajo sexual, se encontrarán con muchas dificultados a la hora de defenderse”, lamenta Niki Adams, portavoz de ECP. “Todas las mujeres que son madres terminaron en la prostitución porque los salarios en otros trabajos era demasiado bajos para alimentar y vestir a sus hijos o porque se tuvieron que enfrentar al racismo de los empresarios”, sostiene Adams.

Emma Louhg, abogada especialista en derecho europeo en el Centro Aire de Londres, explica que “a menudo, la gente recibe las actas de deportación del Ministerio de Interior después de las informaciones elaboradas por los agentes de policía de la Operación Nexus que, según se ha demostrado, tienen un un impacto desproporcionado sobre ciertos grupos y las trabajadoras sexuales es uno de ellos”.

También dice que “la legislación de la Unión Europea reconoce a los trabajadores sexuales como 'trabajadores' pero es muy difícil tener una evidencia de ello para demostrar que estás ejerciendo tus derechos. Es difícil mostrar registros de empleo”.

“El proceso de esta ordenanza administrativa muestra que no se están ejerciendo los derechos del tratado. Vemos a muchas chicas de 19 o 20 años que han vivido en Reino Unido la mayor parte de sus vidas, que quedan atrapadas en el mundo de las drogas y de los delitos menores, y ahora tienen que hacer frente a una deportación a un país en el que no hablan siquiera el idioma”, explica la especialista.

Según Louhg, “el Ministerio de Interior tiene que demostrar que algunas personas pueden suponer un riesgo para la sociedad para justificar la deportación”. “Sin embargo, hemos visto decisiones basadas que se basan en muy bajos niveles de riesgo y que no consideran adecuadamente los posibles daños”, apunta.

El Centro Aire también está preparando un recurso separado sobre la legitimidad de la Operación Nexus basada en otros casos, no relacionados con la prostitución. La Operación Nexus se articula con la incorporación de oficiales de inmigración dentro de las comisarías. Sus objetivos son tanto los delincuentes extranjeros como aquellos que incumplen las leyes de inmigración.

Miles de personas –muchas de ellas con antecedentes penales– han sido deportadas de Reino Unido en el marco de la Operación Nexus desde 2012 aunque el Ministerio de Interior se ha negado a dar un número concreto. La cooperación entre la policía y los servicios de inteligencia de inmigración se ha expendido a fuerzas de seguridad más allá de Londres.

Traducido por Cristina Armunia Berges

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