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Redadas a inmigrantes: prohibir lo que "no existe"

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Metro de Madrid. Dos policías piden la documentación a un inmigrante mientras cientos de personas circulan a su alrededor de camino al trabajo. Es habitual encontrarse esta escena en lugares concurridos o nodos de transporte de la capital y de otras grandes ciudades españolas. También en locutorios, en plena calle e, incluso,  en la entrada de los comedores sociales a los que acuden extranjeros sin recursos.

Las denuncias de organizaciones sociales, del Defensor del Pueblo y del propio Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre la ilegalidad de estas actuaciones han sido constantes en los últimos años. Unas reclamaciones para las que siempre han encontrado una respuesta por parte del Ministerio de Interior: las redadas a inmigrantes "no existen". Solo hace unos meses, se dio un leve atisbo de cambio cuando la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró que había dado la orden de que cesaran las identificaciones masivas de inmigrantes en España tras la última denuncia del sindicato policial.

Hoy, ese atisbo se hace oficial a través de una circular. La Policía ha hecho público, en su página web, que enviará un documento a todas las comisarías que prohíbe las redadas indiscriminadas. Se pretende así "eliminar cualquier ambigüedad en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos y libertades", dice la circular.

Hasta ahora, el procedimiento siempre era el mismo. Los agentes paran a un inmigrante, le solicitan la documentación, comprueban si tiene orden de expulsión, lo trasladan a dependencias policiales y, o bien lo liberan después de unas cuantas horas en el calabozo, o lo llevan directamente a un centro de internamiento, donde puede vivir hasta un máximo de 60 días antes de ser deportado a su país.

La nueva circular indica que, a partir de ahora, los extranjeros no serán trasladados a dependencias policiales si se ha comprobado su documentación (aunque no tenga permiso de residencia) y queda justificado dónde vive. Además, el documento recoge otra de las denuncias del sindicato policial, que aseguraba tener cupos de detención de inmigrantes que tienen que detener. Estos, como las redadas, también están prohibidos.

Prohibir lo invisible

A pesar de haber sido desmentidos durante años, los controles a inmigrantes por su raza o color de piel han sido constantes. Así lo demuestran ejemplos como  Fronteras Invisibles, un proyecto fotoperiodísico de Olmo Calvo y Edu León, que documenta con imágenes las redadas desde hace dos años. León ha sido detenido en varias ocasiones mientras realizaba este trabajo. Otra muestra es la recopilación de imágenes y testimonios de ciudadanos que a diario denuncian los controles a través de las redes sociales, por los que en más de una ocasiónhan sido   denunciados y multados. Hace unos días, a Romina Peñate, periodista, le fue impuesta una multa de 180 euros por hacer una foto a los agentes que pedían documentación a un inmigrante en la parada madrileña de Embajadores.

Precisamente en Madrid, uno de los principales focos de las denuncias, se crearon las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (@BrigadasDDHH), un grupo de ciudadanos y colectivos organizados para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en sus barrios. Su principal objetivo, en el tiempo que llevan trabajando, ha sido denunciar los controles. En noviembre del año pasado, cuatro de sus miembros fueron denunciados por la Policía mientras documentaban un control de identificación, acusados de “faltar al respeto y consideración o desobedecer a la autoridad”. En marzo, se celebró el juicio en el que  fueron absueltos.

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